Chile con energía de sobra pero lo asfixia su modelo

Chile tiene enormes recursos y no los ha desarrollado por las características del modelo económico imperante. Fuente: Le Monde Diplomatique, 1 de julio de 2016.

En Chile se produce electricidad onerosa a la par con el resto de los combustibles. Los insumos utilizados para la generación, el transporte y otra maquinaria son sucios y contaminantes en cuencas con un alto grado de saturación de gases y partículas.

Dado que el grueso de los combustibles es importado el país vive en un permanente estado de dependencia y, por lo mismo, de inseguridad energética.

Chile es uno de los países más expuestos en América Latina. Un par de datos al canto: la casi totalidad del transporte es carretero, y esto pese a que el país importa el 98 por ciento del petróleo que consume. En el conjunto de la matriz energética el cuadro es igualmente precario: más de dos tercios del consumo proviene del petróleo, el gas o el carbón importado en su mayor parte.
Este estado de cosas tiene varias causas. Es insólito que un país con la extensión de Chile no cuente con yacimientos de gas o petróleo. Junto con Uruguay es el único territorio sudamericano desprovisto de estos hidrocarburos. Pero ello no justifica el fatalismo de quienes se lamentan diciendo: “La naturaleza no nos dio petróleo”. No hay crudo ni gas pero, en cambio, Chile tiene enormes recursos y no los ha desarrollado por las características del modelo económico imperante. Puede parecer una paradoja, pero Chile es uno de los países con algunas de las mayores reservas de energías renovables no convencionales (ERNC). Es el caso de la energía geotérmica y la solar. Y no las explota porque el Estado no puede hacerlo y a las empresas no les apetecen los márgenes de rentabilidad o prefieren amortizar sus inversiones.

El caso de la geotermia es revelador. En el país, como en el resto del Cinturón de Fuego del Pacífico, abundan los volcanes y con ellos aguas calientes que pueden aprovecharse para la producción eléctrica. Es una fuente de energía relativamente limpia, autóctona, que no tiene variaciones estacionales o durante el día, que posee menores emisiones que otras fuentes, que ocupa una escasa superficie, que tiene un muy alto factor de planta y que no depende del clima. ¿Por qué Chile no ha sacado mejor partido de esta fuente?.

Otros países de la región explotan con gran éxito este recurso: México produce 960 MW, y lo hace desde 1973; El Salvador lo hace desde 1976 y en la actualidad produce 204 MW lo que representa 14 por ciento de su demanda eléctrica; Costa Rica produce 160 MW y Nicaragua 87 MW. Chile, por su parte, no produce nada. Entre los motivos de la ausencia geotérmica están los costos de los proyectos. Encontrar los reservorios de agua para generar electricidad o calor es una operación compleja, cara y conlleva, al igual que con la prospección petrolera, el riesgo de horadar sin dar con el “oro blanco”, como algunos han llamado al vapor. Pero una vez desarrollado un sitio, se cuenta con energía económica por muchas décadas. La producción eléctrica geotérmica no siempre es la más económica, pero cuando suben los precios del diesel y el gas se aprecian sus méritos. Por ello es necesaria una visión estratégica y no una mirada de mercado cortoplacista. De allí que han sido los Estados, en la gran mayoría de los países, los que han impulsado el desarrollo geotérmico.

En Chile, el Estado se reservó los derechos de explotación pero, pese a algunas exploraciones, no llegó a desarrollar el sector. Luego del golpe militar el rol subsidiario asignado al Estado congeló todas las iniciativas. Así se tuvo el peor de los mundos: el Estado es acusado de jugar el papel del perro del hortelano. La ausencia de energía geotérmica es un dedo acusador frente a las limitaciones del modelo energético chileno. Se ha privilegiado una serie de fuentes más contaminantes pero con mayor rentabilidad inmediata. La seguridad energética ha sido sacrificada en aras de los beneficios de las empresas del sector.

El sol brilla para todos pero…

El caso de la energía solar es aún más inquietante. Chile cuenta con uno de los más altos índices de radiación solar del mundo. El desierto de Atacama es posible captar una inmensa energía para convertirla en cientos de miles de gigavatios (GW) de potencia. Al punto que algunos dicen que la mayor mina del norte será la energética. El conjunto de la demanda eléctrica nacional podría ser satisfecho mediante placas fotovoltaicas que cubrirían una porción discreta del desierto. Es un potencial que el Ministerio de Economía ha cifrado en 228 mil (GW). En la actualidad el país dispone de una capacidad del orden de 17 mil (GW).

La autoridad ha brillado por su ausencia a la hora de estimular el uso de esta tecnología que tiene ventajas tanto para el Estado como para el usuario. El país ahorra divisas y reduce su dependencia de combustibles importados. Se disminuye, asimismo, la emisión de CO 2. Cada hogar chileno destina un promedio de 26 por ciento de la energía a calentar agua. Este porcentaje podría reducirse a niveles ínfimos, en el grueso del país, con el empleo de económicos calentadores de agua solares. Cada nueva casa social debería contar con estos dispositivos. Incentivos tributarios deberían estar a disposición de todos los que instalen sus respectivos calentadores.

Así ocurre en Estados Unidos. Chile camina en la dirección contraria. Lo ocurrido con la medición neta, que es la capacidad de los consumidores de generar energía eléctrica e ingresarla a la red, es un triste ejemplo. En inglés este proceso es conocido como Net Metering y, para hacerlo operativo, es necesario contar con redes inteligentes, así llamadas porque miden la generación en los dos sentidos: consumidores-generadores. La modalidad más frecuente es que un productor doméstico emplee placas fotovoltaicas, un pequeño aerogenerador o un biodigestor para alimentar la red. Por su parte, compra a la distribuidora la energía que requiere. Al final del mes se establece un balance entre la energía entregada y la recibida. En 2012 fue aprobada la Ley 20.751, llamada de medición neta o net metering, que permitía, en teoría, la conexión a la red eléctrica de sistemas generadores de electricidad a partir de ERNC. Así, los que produzcan hasta100 KW, o sea los productores domésticos, pueden inyectar su energía a la red para ser comprada por la empresa distribuidora al mismo precio que cobra la compañía al resto de los consumidores. Cumplido el mes, si aportó más energía que la que consumió, recibirá un pago por el saldo favorable.

Hubiese sido un gran paso adelante. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Faltaba la letra chica. En vez de medición neta lo que ocurre es un pago inferior del orden del 40 por ciento de lo que las empresas cobran por la misma electricidad. La diferencia se debe a que las distribuidoras pagarán a los pequeños productores lo mismo que a las grandes generadoras. Este mecanismo lo llaman facturación neta o net billing (que algunos la han llamado net bullying, matonaje neto). Esto pone un freno al desarrollo de las ERNC domésticas o, lo que es lo mismo, a la energía distribuida, pues no hay nada más próximo al consumidor que los paneles fotovoltaicos caseros.

Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política, estima que: “Las energías renovables como la solar y eólica producidas a escala doméstica permiten democratizar el sistema energético para beneficiar a todos los chilenos”.

Si se aplicara la medición neta a los precios actuales de la electricidad, y no la facturación neta, la instalación de paneles fotovoltaicos en Santiago se amortizaría en seis años y en Calama, en cuatro. Según los cálculos, con una inversión de alrededor de un millón de pesos una casa puede asegurar su autonomía energética por las próximas dos décadas.

Los Negavatios

Chile tiene un potencial de ahorro y eficiencia energética (EE) que podría reducir en un inicio entre 15 y 20 por ciento la demanda de nuevas fuentes de generación eléctrica. Ello equivaldría, aproximadamente, a la producción de una central como la fallida HidroAysén. La EE es un eje clave de las políticas de la mayoría de los países desarrollados, que buscan disminuir su dependencia petrolera. En Chile, en cambio, las empresas generadoras eléctricas, interesadas en ampliar sus negocios y vender el máximo de energía, proclamaron que el país, en vías de desarrollo, requeriría cada vez más insumos. Este enfoque contradice los esfuerzos que muchos países hacen por desacoplar el crecimiento económico del consumo energético. En el país se proyectan tasas de expansión económica y a ellas se le suman uno o dos puntos para estimar la demanda.

La EE es la ruta lógica para frenar la demanda descontrolada de energía. Además, es una forma práctica de disminuir las emisiones atmosféricas. En materia de contaminación Chile decepcionó al mundo en la reunión de Naciones Unidas en París en diciembre del 2015. Allí cada país presentó un plan voluntario fijando metas de reducción de emisiones. El gobierno prometió un aporte por bajo de las posibilidades del país. Con anterioridad al encuentro se consideraba que la meta optimista era una reducción de 45 por ciento en tanto que la más conservadora era de 35 por ciento. Al final, ni una ni otra, tan solo una merma de 30 por ciento. Ello porque, entre otros factores, no hay un esfuerzo sostenido y metódico en la EE y el conjunto de las energías renovables.

El objetivo es producir lo mismo reduciendo la intensidad energética; algo que puede lograrse aplicando principios de eficiencia. Separar la curva del crecimiento económico de la del consumo energético, asegurando que la última se mantenga estable o baje, es señalada como un proceso de desacople.

El estadounidense Amory Lovins, puso en boga el concepto de negavatios. Estos son los vatios que se ahorran o se hacen rendir más gracias a la eficiencia. A condiciones iguales, en la era de la conciencia del calentamiento global, los últimos se tornan más importantes que los primeros.

En el gobierno de Piñera se postuló: “El primer pilar que tenemos que incorporar con toda la fuerza del mundo es el pilar de la eficiencia energética… No hay energía más limpia, más segura y más económica que la energía que dejamos de despilfarrar o derrochar”. La eficiencia y el ahorro son considerados por numerosos analistas como parte de las energías renovables. En rigor, no son una fuente generadora, pero para todos los efectos prácticos actúan como tales. El ahorro de megavatios posterga o hace innecesaria la construcción de nuevas plantas. Sí, porque ahorrar un centenar de MW equivale a no tener que producirlos con una central termoeléctrica.

Más allá de las palabras el gobierno pasado y el actual están lejos de los avances necesarios que beneficien al conjunto de la población. Los sucesivos presupuestos fiscales no reflejan las intenciones o lo que debería constituir una agenda objetiva; la legislación más bien refleja las presiones ejercidas por poderes fácticos.

Un gobierno tras otro repite el mantra de lograr mayor eficiencia y ahorro. Se propone abaratar la energía y bajar las emisiones contaminantes. En la práctica, más allá de declaraciones intenciones, el progreso es modesto como lo demuestra el fiasco del net metering que encapsula mucha de las metas proclamadas. La exclusión de la participación ciudadana es una constante disimulada através de ejercicios de consulta cosméticos no vinculantes.

El rol del Estado y la ciudadanía. Están los que exaltan el rol del Estado y quienes lo consideran un obstáculo para el buen desempeño de los mercados. La historia de los países más desarrollados y estables muestra que la clave del éxito está en el equilibrio. La justa combinación entre la vitalidad del mercado y las regulaciones inspiradas en una visión estratégica del Estado. La ciudadanía es la que debería determinar el balance entre ambos. La política en esta materia es pendular: hay períodos en que en algunos países predominan ciertas tendencias y luego se inclinan por las contrarias. En las últimas décadas, en Occidente, ha predominado la desregulación y la postergación relativa del rol del Estado. Pese a esto, en la mayoría de los países europeos se ha mantenido la centralidad del Estado, sobre todo en lo que respecta alas cuestiones sociales como la educación, la salud, el sistema de pensiones y las redes de ayuda social.

En Chile el Estado destina cerca de cinco mil millones de dólares anuales a la defensa nacional que protege la soberanía nacional. En cambio desembolsa cantidades irrisorias para garantizar la seguridad energética. El gasto bélico desmedido es parte de la inercia del período dictatorial. En los hechos la vulnerabilidad energética representa una amenaza mucho mayor para Chile que los retos de países vecinos.

La mayoría de los Estados que cuentan con una estrategia de desarrollo y seguridad no descuidan el campo energético. Un caso relevante es el del etanol en Brasil. La dictadura brasileña apostó por el azúcar, a partir de 1973, con miras a la independencia del petróleo importado. El país logró que la mitad del parque carretero utilizase etanol. El programa, además de sus méritos como combustible, se convirtió en una gran fuente de empleo: 400 mil personas contra 75 mil del sector petrolero. En Alemania hay seis mil biodigestores subsidiados no por su producción eléctrica sino que para sustentar a los agricultores. En Francia la seguridad energética fue asegurada a través del monopolio nuclear del Estado que provee tres cuartas partes de la electricidad.

Es el Estado el que debe impulsar un ordenamiento territorial con miras a una administración espacial del país, de las regiones y las ciudades con el fin de crear un todo coherente entre diversas actividades productivas y de ocio en un marco de sustentabilidad, tomando en consideración las necesidades humanas, económicas y las características históricas de los lugares. La expansión de las ciudades, la instalación de las industrias, las vías de transporte, la disponibilidad de recursos naturales y los requerimientos humanos de espacio son algunos de los aspectos centrales que deben ocupar tanto a las autoridades como a las comunidades en una perspectiva de largo plazo.

En Chile es un tema tabú el de las estructuras de poder y los intereses que gravitan en torno a la matriz energética. Pueden fijarse metas pero éstas no serán alcanzadas, por buenas que sean, si son bloqueadas por sectores que estimen que ellas les son perjudiciales. En consecuencia una propuesta programática de cambios debe, necesariamente, ir acompañada por una estrategia política para no solo colmar brechas sino que superar obstáculos.

La variable del cambio climático es determinante. El clima determina los volúmenes de agua de los que se dispondrá. De ello depende que regiones contarán con qué tipo de agricultura. Es un factor decisivo para el ordenamiento territorial y qué tipo de combustible habrán de emplearse y su consecuente impacto.

Un factor no solo ineludible sino que decisivo es la participación ciudadana y la legitimidad de las iniciativas. Una visión de largo plazo no puede quedar en consultas sino que desarrollar formas establecidas de incorporación de la ciudadanía organizadas Un buen primer paso es estructurar una comunidad energética representativa.
¡Es un problema político antes que técnico o natural!

Raúl Sohr