Los fundamentales artículos en que Máximo Pacheco debió ceder para aprobar su resistida Ley de Transmisión

De los seis puntos rechazados en la sala de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo debió retroceder en cuatro. Fuente: Coalición Aysén Reserva de Vida, elecowebtivista.wordpress.com, 9 de julio de 2016.


Aunque el ministro de Energía Máximo Pacheco ha promocionado como un éxito rotundo la aprobación de la Ley de Transmisión, lo cierto es que para alcanzar este logro debió sortear profundos cuestionamentos y ceder en temas muy defendidos por el Ejecutivo. Esto, luego que el pleno de la Cámara de Diputados rechazara los cambios que el Senado hiciera a la iniciativa por ellos zanjada el 21 de junio. El visto bueno definitivo a la iniciativa se concretó al límite del tiempo para no entorpecer una ya postergada licitación de suministro eléctrico, hoy convocada para el 27 de julio.

Lo cierto es que el lobby del ministerio de Energía fue dirigido a acotar al máximo la participación ciudadana en las definiciones energéticas, intervenir los ecosistemas e imponer desde Santiago polos de desarrollo eléctrico a las regiones. En el fondo, fomentar un sector energético a través de un modelo extractivista y privatizador. En esto fue respaldado por parte de la derecha en la Cámara de Diputados, y por casi todos los senadores, incluida la totalidad de los integrantes de la Comisión de Minería y Energía: su presidenta PS Isabel Allende, el independiente Alejandro Guillier y los RN Manuel José Ossandón, DC Jorge Pizarro y UDI Alejandro García-Huidobro.

Con el respaldo de la oposición

Es así que de los seis puntos rechazados por la Cámara de Diputados, que obligaron a constituir un Comisión Mixta integrada por cinco diputados y cinco senadores de las Comisiones de Minería y Energía respectivas, Pacheco debió retroceder en varios aspectos centrales y que venían planteando quienes estaban a favor de una mayor participación de las regiones, de promover las energías renovables no convencionales (ERNC) y de asegurar que tanto los derechos del inversionista eléctrico como de los ciudadanos en el territorio fueran respetados.

Los principales detractores de las propuestas del Ejecutivo fueron los diputados de la Nueva Mayoría Miguel Angel Alvarado (PPD), Luis Lemus (PS) y Yasna Provoste (DC), quienes hicieron diversos alcances a lo propuesto por el ministerio.

Con relación a la evaluación ambiental estratégica (EAE) de los polos de desarrollo, el Ejecutivo debió recular en su intención de que esta solo fuera una, de nivel nacional, aceptando que se realice la EAE en la o las provincias donde estén los polos identificados por el ministerio. Esta posibilidad permitirá a la ciudadanía participar en la definición de estos instrumentos, donde incluso podrá plantear sus opiniones sobre la necesidad de fomentar las energías renovables no convencionales (ERNC) y evaluar alternativas de localización.

Asimismo, el gobierno retrocedió en la posibilidad de que el Consejo de Ministros sea el que decida la intervención la afectación de especies protegidas, amenazadas o en peligro de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Bosque Nativo, más aún cuando el propio Ministerio Secretaría General de la Presidencia señaló que esta propuesta no procedía. Esta atribución seguirá radicada en la Corporación Nacional Forestal, que no verá sus atribuciones cercenadas como lo establecía el texto aprobado en el Senado y fomentado originalmente por Pacheco.

Además, se acordó respaldar lo propuesto por la Cámara de Diputados en el sentido de aplicar la consulta o participación indígena según lo estipulado por el Convenio 169 de la OIT y no solo por un reglamento como aprobó el Senado a instancias del gobierno.

Sobre el uso de la fuerza pública en la etapa de estudios para las franjas de transmisión, se estableció que el Estado sólo podrá solicitar su auxilio si los propietarios niegan el permiso para realizar los informes o el predio carece de habitantes. En este punto, y si bien sigue abierta esta posibilidad, se exige informar a los afectados sobre los estudios y actividades que involucran, y el ministerio de Energía deberá actuar como responsable y ministro de fe. Además, se establece explícitamente que el uso de la fuerza pública será solo en situaciones excepcionales.

Donde sí logró Pacheco un triunfo fue en la propiedad de la franja de transmisión, al mantenerse el texto del Senado que eliminaba la obligación de obtener una concesión eléctrica definitiva para la franja, ya que esta se supone ya definida y obtenida en el proceso de establecimiento de franja y EAE.

Y también en el caso de establecer una cuota de un 30 % de ERNC en los polos de desarrollo energético, bajo el argumento de que tal figura, a la postre, perjudicaría a las propias ERNC. En el fondo, se omitió esta referencia que era promovida por la sociedad civil y por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, que aprobó incluso una cuota piso de 70 %, la cual fue rebajada a un 20 % en la Comisión de Hacienda y el pleno, y eliminada en la Cámara Alta.

“En el país tenemos 96 subcuencas, con un potencial hidroeléctrico de 14.700 megawatts, y si le ponemos el porcentaje a los polos de desarrollo ese potencial hidroeléctrico cae de 14.700 a 5.900 el porcentaje del 20 por ciento y a 5.500 si el porcentaje es del 30 por ciento”, señaló el titular de Energía en la discusión. Agregó que en la práctica ponerle un porcentaje a los polos de desarrollo significaría rebajar sustantivamente “el potencial hidroeléctrico del pais, pero más grave aún, hemos demostrado que la transmisión eléctrica va a terminar siendo la gran barrera de entrada para que entren la minihidros”, indicó Pacheco, desentendiéndose de su propio compromiso ante el pleno de la Cámara para lograr la aprobación del proyecto, en el sentido de aumentarlo a un 30 % de ERNC en el Senado.

Este planteamiento fue rebatido por la diputada Provoste, quien señaló que “claramente la intención nuestra, de poder establecer niveles porcentuales, tiene que ver con una profunda convicción de que es necesario que tengamos una voluntad clara de apoyo a las energías renovables no convencionales en el desarrollo de iniciativas tan importantes como la que el ministerio de Energía nos propone”.

Por su parte, Lemus puso énfasis en la alta concentración de derechos de agua no consuntivos (para hidroelectricidad), “por lo cual el mapeo ya está definido y el temor que tenemos nosotros es que hayan polos que se vayan a convertir en verdaderas zonas de sacrificio”, considerando que las posibles futuras centrales hidroeléctricas estarían asociadas a los dueños del agua, por lo cual los estudios del ministerio de Energía no debieran incidir en las cuencas que las empresas ya han decidido intervenir.

En tanto Alvarado señaló que “dejarlo en cero nos puede complicar en el sentido del desarrollo tecnológico que debemos desarrollar y en pro del país que estamos dejando a las futuras generaciones”.

Sus palabras fueron respaldadas por el senador Alfonso de Urresti (PS), quien concurrió a la comisión como observador del debate, y argumentó que el dejar un porcentaje base para ERNC no significa ser contrario a las minihidros, sino para dar una señal importante dado que gran parte de los derechos de agua ya se encuentran otorgados.

Durante la discusión legislativa, una de las principales impulsoras de la limitación de la participación ciudadana e indígena, dejar en cero la cuota de ERNC e intervenir el bosque nativo fue la senadora Isabel Allende, quien al votar en el pleno celebró los cambios pero fue en la comisión una de sus opositoras. Alejandro Guillier, en tanto, no entregó argumentos para defender los puntos más sensibles para la sociedad civil. En el caso de ambos parlamentarios, no recibieron en audiencia a las ONGs críticas al proyecto, a pesar de la solicitud expresa.

Molestia ministerial

Aunque Pacheco relevó en sesiones anteriores una oposición ambientalista a la generación hidroeléctrica, lo cierto es que el cuestionamiento de ciudadanos y parlamentarios a los polos de desarrollo se dirigió principalmente al respaldo ministerial de las represas de mayor tamaño (más de 100 MW) y por ende a su impacto, al ser las que quedan fuera de la definicion de ERNC (que incluye solo las de menos de 20 MW).

En Chile, las represas en general, independiente de su tamaño, son todavía consideradas renovables (aunque convencionales) y es este el ámbito al cual se circunscriben los polos de desarrollo eléctrico.

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