Por reglamento de impuestos verdes, agroindustria estudia recurrir a Contraloría y al TC

Fue concebida para aplicarle el impuesto solamente a las generadoras eléctricas, pero habría cambiado el criterio a último minuto. Fuente: Pulso, 8 de julio de 2016.


Finalmente, fue aprobado este lunes por el Consejo de Ministros el reglamento que estructurará la aplicación del impuesto a la emisión de contaminantes de fuentes fijas. Esta norma tiene como objeto estructurar la aplicación de este nuevo gravamen que fue aprobado en la Reforma Tributaria.

Si bien el reglamento aún no es público, desde la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile -mejor conocida como Chilealimentos- advierten que sus aprehensiones no fueron tomadas en cuenta.

Sus críticas surgen porque la ley que en un principio fue concebida para aplicarle el impuesto solamente a las generadoras eléctricas, se le cambió el criterio a último minuto para aplicarle el gravamen a todo tipo de establecimientos con una potencia instalada de más de 50 MW, sin considerar que para la actividad agroindustrial esto representaría niveles de tributación de entre un 25% a 30% del total de ingresos de las empresas.

Así lo explica Juan Manuel Mira, director de Chilealimentos, quien señala que seguirán dando la pelea para que la normativa haga una distinción entre las distintas industrias, considerando su naturaleza y tamaño.

Desde Chilealimentos aseguran que en un principio el Gobierno mostró interés por solucionar este problema, coincidiendo en que el impacto de la ley era muy fuerte para la agroindustria. Por eso se sorprendieron al enterarse que esto no era así.

‘Informalmente nos dijeron que el reglamento no había sido modificado y que lo aprobaron tal cual como estaba el borrador’, enfatiza Carlos Descourviéres, gerente de Desarrollo de Chilealimentos.

‘Pensamos que iba a haber mucha más cordura y racionalidad frente a algo que todos comentan que es evidente’, recalcó Mira, quien añadió: ‘No nos queda otra que pasar de los abogados ambientalistas a los abogados tributarios y constitucionalistas para ver cómo abordamos esto de otra manera, porque si no nos escucharon por un lado tendremos que gastar más tiempo por el otro’.

A raíz de esto, actualmente se encuentran explorando todas las herramientas legales. ‘Lo único que nos queda es conocer un poco más el detalle del reglamento, porque pensamos que vamos a ir hasta instancias judiciales, apelando que se está aplicando un tributo que puede considerarse desproporcional dada la naturaleza del negocio’, dice Mira.

La principal diferencia, aclaran, es que las grandes generadoras eléctricas, AES Gener, Endesa, Colbún y Engie, tienen ventas entre US$1.156 y US$2.165 millones, mientras la agroindustria sólo vende entre US$41 y US$98 millones anuales.

Uno de los caminos que están barajando es impugnar en Contraloría y como última opción, recurrir al Tribunal Constitucional, argumentando que de acuerdo a la Constitución ‘en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos’

Por el momento, el Gobierno se ha negado a mostrarles el reglamento hasta que la Contraloría tome razón. ‘Aún no conocemos el contenido, lógicamente que mientras no lo veamos será difícil determinar cuáles serán las vías a seguir’, recalca Descourviéres.

Inversión estancada. En este ambiente de incertidumbre, muchas fábricas están frenando sus inversiones de crecimiento, incentivadas por un dólar que promueve las exportaciones.

‘Dadas las condiciones muchas empresas estaban pensando hacer ampliaciones de sus capacidades, luego que tuvieron que aguantar varios años con un tipo de cambio súper bajo -que rondó los $550 durante mucho tiempo- y con una rentabilidad negativa’, explica Mira.

Las fábricas también estaban analizando ampliar su capacidad productiva, aumentando la cantidad de superficie de cultivo anual, como una solución económicamente atractiva para los agricultores de maíz.

‘Agricultores de cultivos anuales, como de maíz y trigo, están muy deprimidos porque los precios internacionales están muy bajos, por lo que la producción de maíz ha caído mucho en Chile. En este escenario, las industrias de pulpas de frutas o concentrados de tomates se presentan como una opción para los agricultores de maíz que ya no tienen contratos porque los precios no les dan’, asegura Mira.

La industria está optando posponer toda inversión, esperando que pronto puedan conocer los detalles del reglamento. ‘La industria comienza a procesar en diciembre, o sea, nos quedan cinco meses para poner en marcha nuestros planes de inversión, pero no sabemos cómo nos tenemos que adaptar’, recalca Mira.

Las empresas agroindustriales venden entre US$41 y US$98 millones anuales, a diferencia de las generadoras que tienen ventas por US$1.156 y US$2.165 millones.

Juan Manuel Mira. Director de Chilealimentos “No nos queda otra que pasar de los abogados ambientalistas a los abogados tributarios y constitucionalistas”

Sofía Errázuriz

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