Los bosques y la agenda indígena en la II Cumbre de Cambio Climático

A partir del 29 de agosto se darán cita en Guadalajara, Jalisco, líderes indígenas de Asia, África y América Latina, con gobernadores de 29 estados y provincias de diversos países, además de ministros, representantes del sector privado, agencias multilaterales, financiadoras y especialistas en cambio climático provenientes de todo el mundo en dos reuniones conjuntas: la II Cumbre de Cambio Climático de Las Américas y la reunión del Grupo de Trabajo Gobernadores, Cambio Climático y Bosques (GCF). Abordarán temas relacionados con los retos y oportunidades que enfrentan los bosques y las comunidades ante el cambio climático en el contexto de la recientemente acordada Agenda de Desarrollo 2030 y el Acuerdo de París, así como la Declaración de Río Branco, mediante la cual los estados miembros del GCF se comprometen a reducir la deforestación en un 80 % para el 2020.

El GCF agrupa a gobiernos estatales de diversas regiones del mundo (Brasil, Perú, México, Estados Unidos, Costa de Marfil, España, Indonesia y Nigeria); y según sus propios datos, la superficie forestal que suman los estados y provincias miembros del GCF corresponde a una cuarta parte de las selvas del mundo. El objetivo del GCF es el de proteger los bosques tropicales, reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, y promover rutas realistas para un desarrollo rural que mantenga la integridad de los bosques.

Entre las organizaciones indígenas representadas ante el GCF y participantes a este evento está la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), y la Alianza de los Pueblos Indígenas de Indonesia (AMAN). Estas coordinadoras representan a cientos de miles de indígenas que han habitado y conservado ancestralmente territorios forestales que cubren millones de hectáreas estarán participando en el foro PUEBLOS INDIGENAS, COMUNIDADES TRADICIONALES Y EL GCF. La AMPB está representada en México por la Red de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF), y cuenta con la alianza del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), quienes contribuyen al logro en México de los objetivos de dicha Alianza.

El derecho de las comunidades a su territorio y a la auto determinación está consagrado en instrumentos internacionales reconocidos por la ONU y ratificados por los propios países miembro, tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, la Convención para la Diversidad Biológica, la Convención Marco para el Cambio Climático y el Acuerdo de Paris, además del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, instrumentos que en países como México son mandato constitucional (se espera que el senado anuncie la ratificación del Acuerdo de París en los próximos días).  En México el artículo segundo de la Constitución reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas para conservar, mejorar y preservar la integridad de sus territorios.

Sin embargo, integridad de esos territorios está bajo asedio principalmente por actividades mineras, comercio ilegal de madera, monocultivos, infraestructura carretera y energética, imposiciones legales y reglamentarias,  y el despojo masivo de tierra por corporaciones y gobiernos. Los líderes indígenas son perseguidos, criminalizados y asesinados por  guardias blancas y sicarios al servicio de las empresas,  y por miembros de los cuerpos policiacos y militares de los países. Uno de los casos recientes más conocidos es el de la indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de este año por resistir a compañías mineras, y que se suma al de más de trescientos dirigentes indígenas asesinados en América Latina tan sólo en los últimos dos años por defender el bosque. Por otro lado,  las medidas y acuerdos destinados a mitigar las emisiones de gases de efecto de invernadero y a reducir los efectos nocivos del cambio climático son con demasiada frecuencia acordados sin cumplir con el mandato legal de Consentimiento Libre, Previo e Informado al que tienen derecho las comunidades indígenas y al que están obligados los gobiernos. El financiamiento para el clima (que sigue siendo magro e insuficiente), se aplica sin la plena participación y sin la consideración cabal de los derechos e intereses de las comunidades indígenas.

En la pasada reunión del GCF en Brasil, el líder indígena Edwin Vásquez, Coordinador General de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), llamó la atención hacia el estado de la selva amazónica y el papel de los pueblos indígenas en la labor de preservación de los bosques existentes. Afirmó que un área importante de la cuenca del Amazonas está degradada, mientras que las áreas de la Amazonía habitadas por los pueblos indígenas se han mantenido intactas. ‘La conservación exitosa de la Amazonía es atribuible a la labor de las comunidades indígenas. Sin embargo, las prácticas destructivas desenfrenadas por parte de las empresas nacionales y multinacionales continúan amenazando a los bosques, lo que impide el desarrollo de los pueblos indígenas y sus comunidades’. Afirmó que decretos legislativos  elaborados para atraer y proteger los derechos económicos de las empresas tienen el efecto perverso de amenazar el modo de vida indígena y la estabilidad de la región de la Amazonía, el “pulmón del mundo”. Esta situación se reproduce en las selvas y bosques del mundo entero.

En el caso de México, cerca de quince mil ejidos y comunidades son legítimos dueños y poseedores de más del sesenta por ciento de la superficie forestal, pero enfrentan severas restricciones derivadas de leyes, sobreregulación y procedimientos burocráticos que obstaculizan el pleno ejercicio de su derecho al territorio. Como ejemplo destaca la ley minera, que viola flagrantemente el derecho de las comunidades a su territorio, al imponer la minería como actividad prioritaria por encima de la producción de alimentos y el manejo forestal comunitario. También resaltan las trabas y la sobreregulación impuestas por Semarnat y Profepa a los ejidos y comunidades para el aprovechamiento sustentable de sus bosques.

La Cumbre climática de Guadalajara y la reunión del Grupo de Trabajo Gobernadores, Cambio Climático y Bosques constituyen una oportunidad muy valiosa para que las comunidades indígenas sean tomadas en cuenta cabalmente en el diseño de la política climática de los estados. Para la COICA y la AMPB, las comunidades indígenas deben ser consideradas como jurisdicciones con derechos sobre el territorio, y no deben seguir siendo mantenidas al margen en el diseño y la instrumentación de programas orientados a la reducción de emisiones, al incremento de los acervos de carbono y a la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales ante el cambio climático. En particular en esta cumbre las coordinadoras indígenas demandarán la inclusión de una serie de principios básicos para ser incorporados dentro de los sistemas de salvaguardas sociales y ambientales de los diferentes programas orientados a la mitigación y adaptación ante el cambio climático. Tales salvaguardas buscan garantizar la participación y el acceso efectivo de beneficios a jóvenes, mujeres y hombres de las comunidades, salvaguardas que además deben ser incluidas en las políticas, las inversiones y los programas destinados a conservar la biodiversidad, la provisión de agua, la conservación de suelos y otros beneficios de los bosques cuyo futuro depende de las comunidades que los conocen, los habitan, los manejan, y que dependen de ellos.