Diputados cuestionan opiniones de la Corte Suprema por proyecto de glaciares

El Pleno determinó que se debe considerar a los glaciares como área protegida y que no debieran ser un bien explotable. Fuente: Pulso.cl, 13 de septiembre de 2016.


El pronunciamiento de la Corte Suprema en relación al proyecto de ley de protección y preservación de glaciares, no pasó inadvertido entre los parlamentarios relacionados a la iniciativa, y las críticas no tardaron en hacerse presentes.

Esto específicamente porque la Constitución de la República establece en su artículo 77 que se debe consultar al Poder Judicial cuando se esté legislando en temas que involucren a los tribunales, y en el caso de esta iniciativa, que nace desde el Ejecutivo y que regula el uso de los glaciares, están involucrados los tribunales y las posibilidades de reclamar ante ellos.

La respuesta de la Corte Suprema va más allá de lo procedimental y habla del fondo de la iniciativa. Se establece que “el contenido del proyecto cuyo informe se solicita llama la atención de este tribunal por su trascendencia e importancia, advirtiendo de sus disposiciones que su consagración en la manera propuesta podría debilitar la situación de los glaciares, al regular un procedimiento que posibilitará su explotación” añadiendo que “los glaciares no son un bien explotable, bajo ningún respecto”, entre otras cosas.

Por lo mismo, el diputado Marcelo Chávez (DC), quien preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales expresó que “cuando leí este informe me llamo mucho la atención porque claramente excede ampliamente las atribuciones por la cual se les consulta a la Corte Suprema respecto a este proyecto”.

Incluso el parlamentario expresó que en la opinión que emitió la Corte se revela “un desconocimiento” sobre el tema en que se está legislando, y apela al peligro de estas opiniones, puesto que no se estarían respetando la separación de poderes del Estado.

Quién estuvo por no darle tanta importancia al oficio de la Suprema fue el diputado DC Fuad Chahín (integrante de la Comisión de Hacienda). Desestimó la gravedad del hecho, expresando que “cuando se les pide informes, ellos pueden informar de la forma que estimen pertinente, no veo ningún inconveniente en que la Corte Suprema emita opinión, lo importante es poder saber que tenemos total independencia para ponderar esa opinión”, dijo al recalcar que estos informes no son vinculantes al proceso legislativo.

Por su parte, el diputado UDI Ernesto Silva señaló que “no corresponde que la Corte Suprema emita opiniones de mérito sobre temas asociados a proyectos de ley cuando lo que se requiere es su pronunciamiento sobre la organización de los tribunales”.

Incluso advirtió que con opiniones como éstas se corre el riesgo de caer en una especie de activismo judicial, que es cuando “jueces toman posiciones que les interesan que prevalezcan y a través de su actuar más que estar administrando justicia, lo que les preocupa es promover ciertas ideas en la sociedad que consideran que son de su gusto”.

Por el otro lado, hubo voces que encontraron correcto el actuar de la Corte Suprema, como el diputado socialista Leonardo Soto (PS), ex presidente de la Comisión de Constitución quien aseguró que “la verdad es que la Corte Suprema está dando una verdadera lección de futuro a todas las demás instituciones y al Poder Ejecutivo que tiene la iniciativa exclusiva en esta materia y también al Poder Legislativo en torno a cuál debieran ser los lineamientos de una legislación que proteja a nuestro patrimonio de glaciares”.

En relación a las críticas de sus colegas, el parlamentario prefirió dar libertad a a la Suprema para opinar de todo: “si esa es la visión que tienen, en buena hora hay que recibirla, no me parece que se les debiera dar lecciones de cuál debiera ser el contenido de sus opiniones”.

Privados en alerta ante opinión del Pleno

Sin duda el sector que se vería más afectado con la idea de la Corte de no explotar los glaciares , es el minero, ya que condiciona directamente la explotación de minerales en estas reservas.

Por lo mismo los privados no han quedado ausentes del pronunciamiento de la Corte Suprema, rechazando su declaración y evidenciando su preocupación ante el futuro panorama del sector.

Diego Hernández, actual presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), expresó a Pulso que “una prohibición genérica y sin una discusión técnica particular, acerca de ejecutar cualquier acción que pueda afectar directa o indirectamente el entorno de un glaciar, podría significar la esterilización innecesaria de la actividad minera en la alta cordillera desde la Región de Coquimbo al sur, donde se encuentran más de la mitad de los recursos mineros de cobre y oro del país”.

También recordó la “relevante contribución” que la minería ha realizado al desarrollo del país y el impacto que podría tener la desaparición de varios de los más grandes proyectos mineros nacionales.

Por su parte, quien también se manifestó a pesar de estar fuera de Chile, fue el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien expresó que “la solicitud de informe que hace el Congreso Nacional a la Corte Suprema, como señala la Constitución, es sólo para que ésta se pronuncie sobre los posibles efectos que el proyecto de ley pudiera tener sobre la organización y atribuciones de los tribunales de justicia”.

Por lo mismo recalcó que el pronunciarse sobre el grado de protección legal que tienen o deberían tener los glaciares “excede en sus atribuciones”, expresó Villarino.

Al igual como expresaron algunos parlamentarios, el presidente del Consejo Minero advirtió que “Si bien este informe de la Corte Suprema no tiene efecto vinculante para la tramitación del proyecto, es perjudicial para el Estado de Derecho cuando un poder sobrepasa sus atribuciones. Por la relevancia de este asunto, estamos recabando mayores antecedentes jurídicos para ser presentados en el marco de la tramitación del proyecto de ley de glaciares”.

Otras opiniones controvertidas del máximo tribunal
A pesar del revuelo que ha causado este caso, esta no es la primera vez que la Corte Suprema habría emitido opiniones que van más allá de sus atribuciones.

Según el diputado Ernesto Silva (UDI), hubo otras ocasiones de activismo judicial.

Mencionó que en el marco de la discusión de la Reforma Laboral, la Corte Suprema emitió un fallo en favor de unos empleados de un call center, que estableció que podían realizar huelgas fuera de la negociación colectiva. Esto se sustentaba en que la huelga es un “derecho fundamental” por lo que no podría ser ilícita o contraria al derecho.

Otro caso reciente y que se relaciona al actual debate de pensiones, es que en agosto de este año la Corte Suprema acogió la demanda de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y ordenó su traspaso desde el actual sistema de AFP al sistema de reparto a través de la Caja de Previsión de Defensa Nacional (Capredena). En total, 1.331 funcionarios se verían beneficiados con la medida.

Ver Minuta Terram de 2015 en este link 

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