Ministerio del Medio Ambiente regula exportación de residuos de acuerdo a la nueva ley de reciclaje

Cuando el reloj marcaba las 16.30 horas del jueves 15, representantes de grandes empresas se reunieron en el auditórium del piso 8 del Ministerio del Medio Ambiente, en calle San Martín.

La autoridad los había convocado para informarles que la redacción del nuevo decreto que regula el movimiento transfronterizo de residuos había concluido. Ello, en cumplimiento de lo dictaminado por la Ley N° 20.920, que establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje.

Atentos, los gerentes y asesores de compañías como Codelco, Dell, Enap, Goodyear, Derco, Gildemeister, EcoValor, Recimat, Hidronor y Etna se enteraron de los estrictos requisitos para la importación y exportación de residuos peligrosos y no peligrosos, enmarcados bajo el nuevo concepto de “manejo ambientalmente racional” de los residuos.

No obstante, los industriales tenían los ojos puestos en un punto específico: qué sucedería con las baterías de plomo, cuya exportación con fines de reciclaje fue prohibida en 2010 por el Ministerio de Salud mediante el Decreto Supremo 2, tomando en cuenta que en esa fecha el país podía reciclar todas las baterías que importaba.

Dicha realidad, sin embargo, se modificó con el cierre de una fundición en San Antonio en 2014. Así, la empresa RAM (ex Recimat), que opera en Calama, quedó como la única empresa que recicla baterías en el país.

En la cita del jueves, los representantes de esta compañía defendieron la prohibición de exportación de las baterías usadas decretada por el Minsal. En esta labor fueron acompañados por los ejecutivos de la consultora ambiental Gescam, de propiedad de Hernán Durán de la Fuente, y de su hija, la abogada Valentina Durán Medina, cuñado y sobrina del ex presidente Ricardo Lagos, respectivamente.

Ambos expusieron a viva voz los argumentos para defender su postura y que la norma no fuese modificada. La participación activa de la abogada llamó la atención de algunos de los presentes, pues actualmente se desempeña como asesora a honorarios del subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. De acuerdo al portal Gobierno Transparente, su remuneración bruta mensual es de 2 millones 602 mil pesos.

Los pasos que vienen para la implementación del nuevo reglamento, explican en el Ejecutivo, no debieran tener mayores complicaciones. Hace unos días, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, ya le solicitó a su par de Salud, Carmen Castillo, que dejara sin efecto el mencionado decreto que prohíbe la exportación de baterías fuera de uso, por estar obsoleto y carente de competencia desde que comenzó a regir la nueva ley de reciclaje que lidera su cartera.