Piden castigar con cárcel a responsables de delitos ambientales

En julio de este año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó a Chile penar con cárcel los crímenes ambientales.

A través de un informe denominado “Evaluaciones del Desempeño Ambiental de Chile 2016” el organismo se pronunció sobre la necesidad de “establecer diferencias claras entre las infracciones sujetas a sanciones administrativas y aquellas punibles mediante sanciones penales”.

Hoy en Chile la normativa medio ambiental contempla distintos tipos de infracciones. Según la Ley 19.300 estas se clasifican en leves, graves y gravísimas. De acuerdo a cada uno de estos criterios, las penas pueden ser una amonestación por escrito, una multa, la clausura temporal o definitiva de la empresa, o la Revocación de la Resolución de Calificación Ambiental. Fuera de ello, la normativa no establece un castigo más alto, como si lo hacen otros países.

Hace casi dos semanas la comisión investigadora del relleno Santa Marta ratificó la importancia de endurecer los castigos contra las firmas. Entonces, la diputada independiente, Karla Rubilar señaló que hoy “no existe un incentivo de parte de las empresas a cumplir. Realmente no pasa nada si se les multa solamente”.

Según el diputado miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Rodrigo González (PPD), existen empresas que han caído hasta tres veces en el mismo delito, por lo cual los castigos deben fortalecerse. “Debiera haber sanciones muy duras, sobre todo cuando hay situaciones dolosas y recurrentes y cuando las empresas se niegan a hacer las inversiones que se requieren y continúan en forma reiterada manteniendo una conducta que daña los sistemas ecológicos y el medio ambiente y, por lo tanto, afecta a las personas”, dijo.

“Esta es una forma indirecta de atentar contra la salud, los Derechos Humanos y los derechos personales de la población”, agregó el parlamentario.

Por otro lado, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, manifestó que la ley medio ambiental en Chile es débil. Más aún cuando la legislación establece que los delitos deben ser comprobados por los afectados. “En el caso de que una empresa dañe gravemente el medio ambiente, la sanción debería ser automática, o sea, si tú contaminas, la comunidad no tendría por qué salir a probar y a perseguir. Ese es un deber del Estado y en ese sentido ahí falta bastante en materia ambiental. Además, este vacío hace que el proceso judicial y las reparaciones se retrasen”, dijo Liberona.

Liberona también indicó que el tema no sólo tiene que ver con la tipificación del delito ambiental. “Esto tiene que ver con que las empresas en Chile prefieren pagar las multas, porque son bajas. Es cierto que desde que entró en vigencia la Superintendencia de Medio Ambiente, las penas subieron, pero todavía es insuficiente para que las empresas rectifiquen”, manifestó.

A su vez, Héctor Hernández, abogado penalista de la Universidad Diego Portales, explicó que a nivel internacional, los países desarrollados cuentan con una pena de cárcel para las empresas responsables de afectar el medio ambiente. En esta línea, el especialista recalcó que una normativa de este tipo debe “ser muy cuidadosa”.

“Esto lleva a la conclusión de que suele ser más eficaz tener un organismo administrativo, porque este es relativamente más flexible, tiene exigencias probatorias menores, pero tampoco se trata de lo uno o lo otro, uno perfectamente puede tener, y así ocurre en la mayoría de los países, un sistema integrado, donde el grueso de la fiscalización es Estatal, dejando para algunos casos una salida penal”, subrayó.

Los desastres ambientales

Durante los últimos años el país se ha enfrentado a distintos casos de delitos ambientales.

En el año 2004 la Celulosa Arauco y Constitución (Celco), propiedad del grupo Angelini contaminó el agua de la cuenca del río Cruces de Valdivia, lo que se tradujo en la muerte de miles de cisnes de cuello negro. Finalmente, en 2014 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) multó con 5 mil 200 millones de pesos a la compañía por su responsabilidad en el daño al ecosistema del lugar.

En 2007 la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) fue responsable de un derrame de combustible en la bahía de San Vicente en Talcahuano. Entonces, el CDE demandó a la compañía por 4 mil millones de pesos.  Además, el organismo ordenó a Enap realizar un aporte al Fondo de Protección Ambiental (FPA).

Durante 2010 la Región del Maule también se vio afectada por un desastre ambiental producido por una compañía. En aquella ocasión, la celulosa Arauco fue responsable de la muerte masiva de peces del Río Mataquito. Producto del grave daño que efectuó la compañía, el CDE impuso una multa de 600 millones de pesos.

En 2011 la Región de Valparaíso enfrentó una dura batalla contra Codelco por su división en Ventanas. En dicha ocasión, la industria generó una nube de dióxido de azufre que afectó a la escuela de La Greda, lo que provocó la intoxicación de cerca de 150 personas.

En la misma región, entre septiembre de 2014 y mayo de 2016, se produjeron cuatro derrames significativos de petróleo.

Sin embargo, estos casos no son los únicos.

De acuerdo a la información presente en la Superintendencia del Medio Ambiente, entre 2014 y 2016 se efectuaron 408 procesos sancionatorios. Según los datos, ocho de estas investigaciones fueron archivadas, mientras otras 94 continúan en curso.

Del total de estas indagatorias, el 24 por ciento corresponde a la Región Metropolitana, el 18 por ciento a La Araucanía y el 33 por ciento al Bío Bío.

Asimismo, las industrias que más incurren en delitos medio ambientales son: agroindustrias, pesca, acuicultura, minería y energía.

Una discusión pendiente

El debate respecto de la posibilidad de penar con cárcel los delitos ambientales no es nuevo. Sin embargo, hoy en el Congreso el tema aún no cobra la fuerza que requiere.

Frente a ello, Judith Schönsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, sostuvo que una de las claves está en fortalecer el trabajo de la Superintendencia del Medio Ambiente. “El cierre de las empresas es una herramienta administrativa muy importante para que las compañías cumplan, sin embargo, también está la fiscalización de los organismos del Estado, que en el fondo son débiles, porque no poseen el presupuesto que necesitan”, explicó.

Según la especialista, la labor de la Superintendecia es deficiente porque funciona en torno a temáticas prioritarias, es decir, define cuáles son los plazos para supervisar ciertas áreas. De esta manera, las experta indicó que las industrias saben cuándo serán fiscalizadas.

“Este problema tiene que ver con una voluntad política de instalar a la Superintencia como un mecanismo fuerte. El sistema ambiental en Chile es reciente, los tribunales también, pero esto depende qué normativa ambiental queremos para el país”, concluyó.