Contraloría pide sumarios a Sernapesca por deficiente fiscalización acuícola

Definitivamente septiembre no fue un buen mes para los organismos estatales ligados al sector acuícola-pesquero. Es que luego que se conociera el informe de la Contraloría que acusó una serie de irregularidades en la Subpesca, ahora el mismo organismo fiscalizador denunció faltas en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), también entre los años 2011 y 2015.

Bajo las preguntas “¿se ha cumplido con la obligación legal de fiscalizar las concesiones acuícolas?” y “¿se está aplicando la caducidad a aquellas concesiones que no se ajustan a la normativa?”, la entidad remitió al ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, y al director nacional del Sernapesca, José Miguel Burgos, el documento donde el contralor general de la república, Jorge Bermúdez Soto, subraya que corresponde que el servicio “adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad este organismo de control (Contraloría)”.

Las faltas a las que hace mención Bermúdez tienen que ver con que el Sernapesca no ha ejercido la correcta vigilancia y fiscalización de la operación de las concesiones acuícolas, pues pese a haber centros operando fuera del área concedida y autorizada por resolución y estar en conocimiento de tales incumplimientos, no los ha denunciado a las autoridades competentes para la adopción de las decisiones que corresponden.

Por ende, puntualiza el reporte de la auditoría, el “servicio deberá instruir un proceso sumarial para establecer eventuales responsabilidades administrativas, remitiendo la resolución exenta que inicie dicho proceso y designe al fiscal, a este organismo de control, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe”.

El documento ahonda que, sin perjuicio del procedimiento sumarial que debe instruir, el Sernapesca deberá reforzar los controles e implementar los mecanismos necesarios a fin de asegurar que las concesiones operen en el área autorizada conforme con la respectiva resolución, fiscalizando la localización de las que actualmente se encuentran operando en las regiones de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena, y denunciando a la autoridad competente, según corresponda, aquellos centros que transgredan el área concesionada, y además, antes de aprobar la información ambiental de un centro, deberá corroborar los datos respecto de la localización de la concesión, arbitrando los mecanismos de control tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en la normativa, informando sobre las medidas adoptadas al efecto en el término de 60 días hábiles contado desde la recepción de este documento.

“Asimismo, deberá acreditar el estado de avance de las medidas que informó en su respuesta, e informar documentadamente el estado de las 39 concesiones sobre las que no se pronunció, en el plazo ya anotado”, enfatiza la auditoría que ejecutó el equipo integrado por Bárbara Miralles Llao y Benjamín Reyes Riesco.

Eutrofización

Al igual que en el informe de la Subpesca, la Contraloría destaca que entre los años 2009 y 2014, las tres regiones del sur-austral concentraron el 95% de la producción acuícola a nivel nacional, según el Informe Ambiental de la Acuicultura para el citado período. Por su parte, los proyectos acuícolas aprobados a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, representan el 20% del total aprobado, lo que demuestra la alta tasa de inversión que el sector aporta.

Teniendo como base ese antecedente, la Contraloría argumentó que desde el punto de vista de la calidad ambiental de las zonas donde se desarrollan actividades acuícolas, en el sitio web del Sernapesca se disponen antecedentes que muestran la aparición de áreas anaeróbicas, que eventualmente podrían generar el detrimento de la calidad ambiental para los lugares concesionados. “Esta situación se traduce en la disminución del oxígeno disponible para la sustentación de los recursos hidrobiológicos presentes de manera natural en el área, así como para el sustento de las producciones acuícolas”, puntualizó el órgano fiscalizador.

Mientras que durante el lapso comprendido entre los años 2013 al 2015, el 8% de las INFAs presentadas en Los Lagos, 32% de las presentadas en Aysén y 53% de las correspondientes a Magallanes, fueron declaradas en condiciones anaeróbicas por el Sernapesca lo que, según lo concluido por la Contraloría, “da cuenta que en los casos señalados la capacidad de carga de los cuerpos de agua afectos a actividades acuícolas se estaría viendo superada”.

Por ejemplo -reseña la auditoría al Sernapesca-, la actividad acuícola eventualmente puede generar enriquecimiento orgánico de la columna de agua y del fondo marino, como consecuencia de altas tasas de biodeposición o fecas, y por el frecuente desprendimiento de organismos de los sistemas de cultivo, lo cual alteraría considerablemente la composición química del sedimento, además de reducir la cantidad de oxígeno disponible.

“Dicho proceso físico-químico comúnmente se denomina eutrofización, el cual se caracteriza por la incorporación de nutrientes que promueven la generación de materia orgánica en el medio, aumentando la demanda biológica de oxígeno en el mismo, y consecuentemente, deteriorando la calidad ambiental del sector afectado”, argumenta la Contraloría, añadiendo que se debe señalar que esta variable no es evaluada en un Informe Ambiental (INFA), ya que no se miden nutrientes. No obstante, la ausencia de dichas mediciones no descarta su ocurrencia.

Adicionalmente, el Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt solicitó a la Contraloría General que se investigue sobre eventuales infracciones ambientales en centros acuícolas de la Región de Los Lagos, los cuales no estarían operando conforme a la ubicación estipulada en las resoluciones que las autorizan, específicamente, en materias relacionadas con la localización de las balsas-jaula.

INFAs

La auditoría analizó aquellos Informes Ambientales (INFAs) que presentaban irregularidades en la localización de los centros, determinándose una muestra de 35, correspondiente al 71,4% del universo.

En ese contexto, y de los antecedentes proporcionados, la Contraloría detectó que desde 2012 han aumentado la cantidad de INFAs presentadas por los centros en condiciones anaeróbicas en las tres regiones del sur-austral, observándose que en Los Lagos y Magallanes el máximo de INFAs que evidenciaban los centros en esa condición se registró el año 2012, alcanzando un 15% y 75% del total de la respectiva región.

En cuanto a Aysén, el máximo de INFAs que reveló concesiones acuícolas en condiciones anaeróbicas se catastró en 2013, representando un 39% del total. “Cabe mencionar que durante los años que siguen, el promedio de registro de condiciones anaeróbicas bordea el 50%, lo cual muestra que las condiciones naturales de las áreas afectas a actividades acuícolas han superado su capacidad de carga”, sostiene la Contraloría.

Paralelamente, se revisaron también los 15 centros acuícolas de la Región de Los Lagos denunciados por el Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt.

Pero para conocer íntegramente cada una de las conclusiones, descargue aquí el informe de la auditoría >Reporte-final-210-16-Sernapesca_Cumplimiento-de-las-funciones-que-encomienda-la-normativa