Gobierno recibe informe de la FAO para cambiar la Ley de Pesca mientras gremio está acéfalo

El jueves 29 de septiembre, un grueso y esperado documento llegó a la oficina de Raúl Súnico, en la Subsecretaría de Pesca. El informe de más de cien páginas, contiene un análisis exhaustivo del régimen de administración pesquera que existe en Chile y comparaciones con la experiencia de otros países, como Australia y Nueva Zelandia.

Este texto encargado a la FAO es la base de la evaluación que hará el Gobierno de la polémica ley que rige al sector desde 2013, que tuvo una compleja discusión parlamentaria y técnica, y una aún más polémica aplicación, dado que en plena fase de implementación estalló el caso Corpesca -los pagos del ex gerente general de esta compañía, Francisco Mujica, al senador Jaime Orpis (UDI) y a la diputada Marta Isasi (Ind)-, en una investigación que también ha salpicado a otros gremios pesqueros. Todo este cuadro abrió la discusión sobre la legitimidad de la legislación, lo que obligó al Gobierno a abrirse a un cambio en la ley.

El informe internacional, que se dará a conocer en los próximos días, es un insumo clave en este proceso, que partiría a fines de año. El Gobierno también ha pedido la opinión técnica al economista Ronald Fischer, de la U. de Chile, sobre aspectos ligados a los niveles de competencia que existen en el sector. También solicitó al abogado constitucionalista Patricio Zapata, presidente del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente, un informe en derecho sobre la duración y renovabilidad de las licencias temporales de pesca (cuotas) y el derecho de propiedad que se desprende de ellas, dicen profesionales que trabajan en el Ministerio de Economía.

Y es que el Gobierno propuso que a fines de 2016 se zanjarían los “perfeccionamientos” a la ley, para lo cual ha trabajado con un grupo de parlamentarios de la Nueva Mayoría.

En medio de este complejo panorama, renunció Francisco Orrego Bauzá a la presidencia del mayor gremio pesquero, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca). El abogado y ex subsecretario de Minería asumió en marzo de 2015 con la misión expresa de modernizar la institución, con un foco claro en la sustentabilidad y la transparencia, pero el estallido del caso Corpesca alteró la agenda.

Y por si fuera poco, el rubro pesquero tiene que lidiar con su propia beligerancia. Las luchas entre los distintos gremios empresariales (Asipnor, Asipes, Fipes, etc) son pan de cada día, lo mismo que las diferencias entre las organizaciones de trabajadores pesqueros y los pescadores artesanales. También hay visiones diversas según donde operen las distintas empresas (hay una histórica división entre el Norte Grande y el centro-sur, es decir, el Biobío) o entre la flota industrial, los semiindustriales y los artesanales. Incluso hay miradas dependiendo de cómo se pesque, ya que existen distintas “artes de pesca”: espinel, palagre, cerco, arrastre, recolector de orillas, buzos mariscadores. Y un aspecto clave en la discusión es que existe una flota semiindustrial, de unas tres mil naves, en la zona centro-sur, que tiene la capacidad de pescar como un gran industrial, pero que cuenta con beneficios propios de los pescadores artesanales sin serlo, reclaman las compañías más grandes.

Las empresas pesqueras se quejan de que hay una serie de leyendas en torno a la actividad. “Hay mucha mitología en torno a este sector y se busca desinformar para dañarlo”, asevera Francisco Orrego.

Uno de estos mitos es sobre la supuesta alta rentabilidad del negocio. Pero según un estudio realizado para Sonapesca por los académicos de la UC y directores de empresa, Nicolás Majluf y Marcos Lima, esta es una actividad de retornos más bien acotados y decrecientes para el sector industrial. Hoy el 55% de las cuotas de pesca y el 58,5% de los desembarques son hechos por pescadores artesanales.

Tampoco es cierto, sostiene Sonapesca, que este sea un rubro con pocos actores y muy concentrado. Hay más de mil empresas vinculadas al sector, de las cuales poco más de 30 son grandes industriales. Otro mito es que es un sector marginal en cuanto a empleos y que paga sueldos bajos. Según Sonapesca, este rubro da trabajo directo a más de 127 mil personas y genera 170 mil empleos indirectos. El promedio de remuneraciones en abril de 2016 en el campo industrial fue de $1.265.000, destacan las empresas que operan en el norte.

Cinco cambios que abren varios flancos de batalla

El Gobierno, los parlamentarios, el sector artesanal y las empresas pesqueras ya tienen claro qué cambios vienen en la ley. La autoridad ha intentado acotar, en la medida de lo posible, las modificaciones. Pero son cinco los aspectos en revisión.

Uno: duración de las cuotas de pesca y su renovación. Hoy estas licencias se prolongan por 20 años y se renuevan automáticamente. La autoridad ha dicho que quiere evitar la renovación automática. Las empresas están en pie de guerra por ello.

Dos: las licitaciones. Hoy el 15% de la cuota industrial global de todas las pesquerías se adjudica mediante concurso público, pero hay presiones para que en el futuro sea un porcentaje mayor. En su momento, el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, planteó que al menos el 50% de la cuota se licitara. La investigación del Ministerio Público reveló una serie de correos electrónicos entre el sucesor de Fontaine, Pablo Longueira, con varios gremios pesqueros donde se fijaba la cuota del 15%, lo que abrió el debate de que ese guarismo fue fruto de una negociación con las empresas. Según ligados al proceso, el gobierno aún no zanja cuál es el porcentaje a licitar.

Tres: royalty e impuestos. La industria plantea que la carga impositiva del sector es muy alta y subirá aún más en 2017. El royalty se paga sobre las cuotas asignadas y sus traspasos (compra y venta de cuotas), independiente de la pesca efectiva que logren y, por tanto, no está vinculada a los ingresos que se generan con ella. Las patentes se cancelan en función de los barcos operativos, aunque no extraigan nada. Este año y el próximo, anticipan en el sector, la pesca industrial pagará proporcionalmente más impuestos que la minería, pese a que la totalidad de las compañías registrarán pérdidas. Por ello, desde la industria hay un planteamiento de revisar estos pagos; que los impuestos y regalías se cuantifiquen sobre ingresos, ventas o utilidades, pero no sobre la cuota, dado que entre el 60% y 80% de los resultados de un año pesquero dependen de condiciones oceanográficas que el empresario no tiene cómo controlar.

Cuatro: prohibir las llamadas “perforaciones”. En simple, como el sector artesanal tiene una zona exclusiva de pesca de cinco millas desde la costa -equivalente a una distancia entre la Plaza de Armas de Santiago y el Apumanque, en Las Condes-, pero dado que en el norte del país hay vastas áreas de la costa donde no hay caletas y los artesanales no operan, la autoridad permite que los industriales puedan operar en ciertas zonas, pero con la venia de los pescadores artesanales. La flota semiindustrial del centro-sur, donde hay sobre dotación, es partidaria de eliminar esta potestad para así ellos poder pescar en la zona norte, a lo que se oponen tanto los artesanales del norte como los industriales que operan allí, como Corpesca y Camanchaca.

“Habría un desaprovechamiento de recursos (para los industriales del Norte Grande) por hasta US$ 100 millones al año en generación de valor y de US$ 400 millones en activos inutilizados”, dice una compañía pesquera de la zona.

Cinco: también se analiza revisar el límite de exclusividad de pesca artesanal en las cinco millas en la zona sur-austral, desde Puerto Montt al sur. En dicha región y dada su sinuosa geografía, la flota artesanal pide que las cinco millas de exclusividad se defina desde el punto más alejado de la línea de costa, lo que amplía considerablemente su área de operación. Estos cambios regulatorios son muy resistidos en la industria, tanto por el momento de desaceleración económica, como por lo complejo de legislar en medio de elecciones (ver nota relacionada).

Grandes empresas: mantienen inversión o salen al exterior

Hoy, señalan en el sector, las grandes empresas pesqueras invierten solo en mantención y no expansión de capacidad productiva, sostienen en el gremio.

Incluso hay otras empresas que están mirando el exterior. Ese es el caso de la familia Sarquis, de Pesquera Itata, que es accionista en pesquera Exalmar en Perú, donde Rodrigo Sarquis es director desde 2011.

Corpesca, del grupo Angelini, apostó a Brasil y a ser un proveedor de proteína, más que una empresa totalmente pesquera. En 2015, la firma compró una parte de Fasa en Brasil -cuyo nombre viene de la unión de dos grupos, Faros de Brasil y Sapi de Italia-, dedicada a la venta de concentrados proteicos, en US$ 44 millones. Y hace tres años había comprado, también en el país de la samba, la firma Selecta, dedicada a industrializar proteína de soya.

Otro factor que influye en la parálisis del sector en Chile son las investigaciones judiciales, que partieron con el caso Corpesca, pero se extienden ahora a los gremios pesqueros. De ahí que estas organizaciones estén preocupadas tanto en mejorar su imagen como en cambiar ciertas prácticas .

EL GOBIERNO solicitó al abogado constitucionalista Patricio Zapata un informe sobre la duración y renovabilidad de las licencias temporales de pesca (cuotas) y el derecho de propiedad que se desprende de ellas.