Denuncian que el Gobierno autorizó pescar por diez años un recurso sobreexplotado

Una grave denuncia contra la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, dio a conocer el presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, quien señaló que en el Decreto Supremo (D.S.) Nº37 del 21 de marzo de 2016, la máxima autoridad nacional autorizó por una década a la empresa Globalpesca SpA capturar bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), conocido también como mero chileno, Chilean seabass o Patagonian toothfish en los mercados internacionales, un recurso que en la actualidad está catalogado como sobreexplotado y en estado de agotamiento.

Descargue aquí el decreto >> D.S. 37 autoriza a Globalpesca

“Estas son las contradicciones de la Presidenta Bachelet. No sabemos si no sabe lo que firma o sigue entregando al mejor postor los recursos pesqueros de todos los chilenos, como lo ha hecho hasta ahora negándose a anular una ley que permite estas aberraciones”, enfatizó Montenegro.

El dirigente explicó que el citado Decreto Supremo autorizó a la compañía para operar el buque factoría palangrero “Globalpesca II”, al interior de la pesquería licitada de bacalao de profundidad situada al sur del Paralelo 47º L.S., por estar en régimen de “desarrollo incipiente”.

No obstante, argumentan en la Fetrapes, existe una contradicción con los informes técnicos, debido a que según consta en la Cuenta Pública 2015 sobre el estado de los recursos pesqueros de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), “el status del recurso se encuentra sobreexplotado y en estado de agotamiento”.

“Por lo tanto, el Decreto Supremo firmado por la Presidenta, el ministro de Economía y por el subsecretario de Pesca, a lo menos es irregular”, planteó el dirigente.

Así queda ratificado -añadió Montenegro- en el informe técnico CCT – RDAP N°3 de 2015 que fija el rango de captura biológicamente aceptable para el recurso bacalao de profundidad, año 2016, que en su punto número 5, conclusiones y recomendaciones, estipuló que: “Con los antecedentes disponibles a la fecha de realización de la tercera sesión del Comité Científico Técnico Pesquero de los Recursos Demersales de Aguas Profundas (28 y 29 de octubre de 2015), el Comité alcanzó las siguientes conclusiones y consecuentes recomendaciones (…) que el stock está sobreexplotado y en estado de agotamiento”.

Descargue aquí el documento >> Cuenta Pública Estado Pesquerías 2015 – pags. 40-41

En esta línea, el timonel de la Fetrapes subrayó que “es impresentable que un Comité Científico Técnico establezca un recurso que está por desaparecer y la autoridad política, en forma ilegal, beneficie a una empresa, privilegiando extraños intereses económicos”.

Recurso de protección

En la Fetrapes recordaron que en 2013, Globalpesca recibió una millonaria multa de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas (Región de Magallanes) por pescar en zona de veda. Sin embargo, puntualizó Juan Montenegro, la Subpesca a través de la Resolución Exenta Nº2.254 (9 de agosto de 2013), le asignó cuotas de investigación de 30 toneladas para la captura de bacalao de profundidad.

La resolución de la Subpesca detallaba que se autorizaba al Centro de Estudios Pesqueros S.A (CEPES S.A) para labores de “Monitoreo pesquería-dependiente y marcaje del bacalao de profundidad de Chile”, y que esta labor se realizaría con la participación de “Globalpesca II”, barco de propiedad de la empresa cuestionada.

Ese mismo año, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) determinó una cuota de captura del bacalao de profundidad de 500 toneladas -especie que ya era catalogada como sobreexplotada en la época-. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones técnicas de la entidad, la Subpesca la aumentó a 3.000 toneladas. Esto detonó que la Asociación de Bacaladeros de Valdivia (Ademarval) presentara un recurso de protección que terminó su camino judicial en la Corte Suprema, recordó Montenegro.

A pesar que se perdió el recurso, destacó en el fallo el voto de minoría del ministro Sergio Muñoz, que reconoció que “la autoridad ha procedido con desapego a lo que los fundamentos y razones científicos, técnicos y ambientales pertinentes al caso le aconsejaban, y bajo esta óptica dichas actuaciones solo pueden ser catalogadas como arbitrarias e ilegales, con el innegable perjuicio que conlleva a los necesarios esfuerzos que demanda la conservación de los recursos hidrobiológicos”.