Gremios empresariales del Biobío critican impuesto verde a fuentes fijas

Los gremios empresariales de la Región del Biobío se unieron para criticar duramente la implementación, a partir de este año, del reglamento que establece los gravámenes a las fuentes fijas que emiten contaminantes, conocido como el impuesto “verde” a la industria.

La Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción (CPCC), la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y los industriales metalúrgicos y metalmecánicos (Agmet) afirman que 31 de las 85 fuentes fijas que deben pagar la nueva carga en el país están en el Biobío. Cuestionan que para el cálculo del impuesto se incluya a calderas de respaldo, aunque estas operen 10 días al año o solo en casos de emergencia.

También critican que, si bien este gravamen deriva de la reforma tributaria de 2014, solo a fines de 2016 conocieron “información dura” en esta materia. Igualmente, califican como arbitrario el umbral de potencia térmica definido para calificar el tributo. El impuesto grava las emisiones de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono producidos por establecimientos cuyas calderas o turbinas sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios térmicos (MWt).

Los gremios señalan que ese guarismo debe ser corregido, pues podría derivar en una sobreestimación del número de fuentes afectadas “con lo que el ingreso fiscal sería superior al que corresponde, insinuándose la figura de enriquecimiento ilícito”, señala una carta de las agrupaciones empresariales enviada al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, para pedirle que intervenga.

La misiva fue firmada con fecha 29 de diciembre de 2016 y el reglamento del impuesto verde se publicó en el Diario Oficial el 30 de diciembre, por lo que ahora les queda esperar solo que Contraloría -que ya tomó razón- actúe de forma “proactiva, considere la racionalidad y, si encuentra un error, lo enmiende”, señaló el gerente de Asuntos Ambientales y Sustentabilidad de la CPCC, Pedro Navarrete.

Además de la gestión ante el ente contralor, las asociaciones empresariales piden a los ministerios de Hacienda y Medio Ambiente que se corrija esta medida.

La presidenta de la CPCC, Elizabeth Gómez, sostuvo que, si a este impuesto se suman las “exigencias económicas del Plan de Descontaminación Ambiental, que regirá a partir de este año, estamos frente a un escenario francamente adverso para la industria de la región, que podría impactar negativamente en sus operaciones y proyectos futuros”. Añadió que esto podría frenar decisiones de nuevas inversiones.

Gómez indicó que pretenden que la autoridad analice los aspectos técnicos de esta medida y la aplique de forma gradual.

La presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, afirmó que “el impuesto verde en el caso pesquero es desproporcionado porque no se ajusta a la realidad operacional basada en la estacionalidad”. Aseguró que las plantas del rubro tienen “bajas horas efectivas de operación al año y no son relevantes en emisiones”.

Cepeda dijo que “nos parece muy importante avanzar en un trabajo participativo con el Ministerio de Hacienda y del Medio Ambiente”.

El gerente de Mejoramiento Continuo de Papeles Biobío, Juan Carlos Silva, comentó que las dos calderas que poseen -línea normal y de repuesto- nunca operan juntas, solo trabaja una de ellas y ninguna supera los 50 megavatios térmicos.

Badenier defiende el plan que recaudará US$ 142 millones

El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, defendió la implementación del reglamento que aplica el impuesto verde y refutó los cuestionamientos de los gremios del Biobío. Respecto del desconocimiento de las medidas y el poco tiempo para ajustarse a estas -según los empresarios-, la autoridad afirmó que “la ley fue de público conocimiento de todas las empresas y la Reforma Tributaria, un tema de discusión nacional. Además, durante 2015 y 2016 se entregó información específica de que los impuestos serían efectivamente aplicados. A lo largo de 2016 hubo múltiples reuniones con todos los sectores”.

Badenier calificó como “un error conceptual” la afirmación de los gremios respecto de que las calderas de respaldo se gravan. Aseguró que si estas no operan “no pagarán impuesto”. El ministro comentó que “el principal problema ambiental de Chile es la contaminación atmosférica. Se estima que más de 10 millones de personas se ven afectadas por niveles de contaminación superior a la norma, y estimamos el daño ambiental en US$ 8 mil millones al año. En particular, la industria en la Región del Biobío es responsable de casi 40% de la concentración de material particulado en el Gran Concepción, y casi un tercio de las emisiones de todo el país afectas al impuesto. El daño ambiental estimado de la industria en la región es significativo”.

Sobre la recaudación de este impuesto a nivel nacional, Badenier indicó que el informe financiero del Ministerio de Hacienda estima que será del orden de US$ 142 millones al año, aunque bajaría en el futuro en la medida que se introduzcan nuevas tecnologías que no generen contaminación.

Marco Gutiérrez V.