Gobierno en recta final para autorizar exportación de baterías usadas a países OCDE

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la medida como parte de la ley de reciclaje. Fuente: Diario Financiero, 31 de marzo de 2017


Tras la extensa disputa entre permitir o no la exportación de baterías usadas, ante el monopolio que hay en el mercado local y que incluso motivó a que la Fiscalía Nacional Económica investigara en algún minuto el tema, dado que solo una empresa tiene capacidad de hacerlo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el reglamento que permite la exportación de estos y otros residuos.

A través del reglamento que Regula el Movimiento Transfronterizo de Residuos, se busca establecer obligaciones de importadores y exportadores de estos desechos, que pueden ser peligrosos y no peligrosos, remitiendo a un decreto supremo la reglamentación de los requisitos, exigencias y procedimientos para su autorización, informó el Ministerio de Medio Ambiente.

El documento establece que estos residuos solo pueden ser llevados a países OCDE, bajo la lógica de que tienen estándares medioambientales mayores al resto, buscando mostrar que no pueden ser trasladados a cualquier sitio.

El tratamiento de baterías en desuso, en su producto final que es principalmente plomo, mueve en el país alrededor de US$ 50 millones al año. Una de las novedades del reglamento es que, para quienes deseen exportar o importar estos elementos, deben establecer garantías -pólizas de seguro, boletas bancarias u otros- para cubrir gastos si el movimiento no se lleva a cabo o se incumple la normativa.

Mercado de baterías

Sólo una empresa realiza el tratamiento de estos desechos, Recimat, esto luego que en 2014 otra planta que procesaba estos dispositivos fue clausurada. Sin embargo, a fines del 2018 la capacidad local de tratamiento podría aumentar a partir de la apertura de una nueva planta proyectada en la Región del Biobío, la que involucra una inversión de US$ 10 millones.

El reglamento fue aprobado como parte de la nueva ley de reciclaje, pero todavía queda algo de tiempo para que comience a operar, porque debe ser visado por La Moneda y, tras la firma de la presidenta Michelle Bachelet, pasará a toma de razón en Contraloría, trámite que podría tomar unos tres meses.

US$ 50 millones mueve el mercado de baterías usadas.

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