Conflicto por hotel en Ritoque se agudiza tras oficio de Contraloría

Se abre incógnita sobre el destino que sufrirá el proyecto, que prosigue su trámite para obtener su resolución de calificación ambiental. Fuente: El Mercurio, 6 de mayo de 2017.


El oficio que envió Contraloría al municipio de Quintero anunciando sumarios para determinar responsabilidades ante la imposibilidad de anular por la vía administrativa permisos “ilegales y contrarios a derecho” para construir un hotel de lujo en Ritoque abre una incógnita sobre el destino que sufrirá el proyecto, que prosigue su trámite para obtener su resolución de calificación ambiental.

El abogado Arturo Fermandois, que defiende a la constructora que impulsa el hotel, asegura que los servicios públicos que deben pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto “deben atenerse a esta realidad. Los permisos están perfectamente vigentes, pues no hay zonas grises en el derecho administrativo”.

Una postura opuesta vaticina Andrés León, presidente de la ONG “Dunas de Ritoque”, que interpuso la demanda original ante el órgano contralor. “Ningún funcionario público en sus cabales podría validar algo refutado tan claramente por Contraloría”, señala. Sobre todo, teniendo en cuenta -enfatiza- que “hay dos sumarios por la rebeldía y eventual falta de probidad del director de Obras” de Quintero, Luis Bernal, quien es acusado por el contralor regional Víctor Merino de negarse “sistemáticamente a adoptar las medidas necesarias para ajustar su proceder a derecho”, lo que hizo que se agotaran los dos años que la ley otorga para anular administrativamente los permisos.

El complejo turístico, que requiere una inversión de US$ 44,5 millones, se pretende construir sobre suelo que el actual Plan Intercomunal Metropolitano (Premval) define como Área Verde. Pero los permisos se basan en un loteo aprobado en 2008, cuando regía un plan intercomunal que sí admitía una inversión de ese tipo. Para Contraloría, ese permiso original caducó al pasar tres años sin que se concretasen obras.

Paradójicamente, las partes en conflicto citan a la Corte Suprema para apoyar sus posturas. El máximo tribunal rechazó recursos de protección interpuestos por la constructora contra Contraloría y la Seremi de Vivienda, que también cuestionó la validez de los permisos. Pero Fermandois destaca que los ministros arribaron a esos fallos al estimar que esos organismos solo requerían información, sin poner en riesgo los derechos de su parte. “Los fallos fueron triunfos para el titular precisamente porque resolvieron que los permisos, ratificados por el DOM, estaban vigentes, y no caducos”, destacó.

Para León, la Suprema validó a la Contraloría y su dictamen 73.004, que hace dos años envió a la municipalidad haciéndole ver las anomalías. A su juicio, ello es clave para obtener una nulidad de derecho público, si el Consejo de Defensa del Estado acoge la solicitud del órgano contralor de activar una acción judicial para anular por esa vía los permisos.

“Quedó claro que jamás el órgano contralor podría suplantar al DOM como autoridad técnica que emite o invalida permisos de construcción”.
ARTURO FERMANDOIS, ABOGADO

“Los permisos fueron una mera expectativa, una apuesta errada al no entender los planes reguladores”.
ARTURO LEÓN, ECOLOGISTA

Mauricio Silva

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