Suprema destraba proyecto por US$ 2.100 millones, la mayor inversión forestal chilena

La decisión debe ser vista por el directorio y la gerencia, pues el mercado forestal cambió en el último tiempo. Fuente: Lignum.cl, El Mercurio, 30 de mayo de 2017.


El proyecto de Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA), que la empresa forestal del grupo Angelini elaboró para su planta de celulosa en Horcones, Arauco, Región del Biobío, ya tiene luz verde para ejecutarse.

Esto, luego de que se conociera el fallo de la Corte Suprema, el que ratifica una decisión del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, de julio del año pasado, que autorizaba la inversión del grupo Angelini en el complejo maderero y papelero.

Conocida la resolución de la Suprema, el intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, explicó que “se está dando certeza jurídica a un proyecto que atravesó todas las etapas de evaluación ambiental. Y por los efectos económicos que esto significa, se traducirá en un importante incremento de generación de demanda de servicios por parte de empresas contratistas y de empleo para la Región del Biobío”.

Se trata del proyecto más grande a ejecutar en la Octava Región, con una inversión por US$ 2.100 millones. A su vez, es la mayor iniciativa forestal en Chile en monto.

Sin embargo, el fallo de la Suprema no implica necesariamente que la firma inicie en el corto plazo la construcción de la iniciativa. La decisión debe ser vista por el directorio y la gerencia, pues el mercado forestal cambió en el último tiempo.

La principal innovación de MAPA es la instalación de una tercera línea de producción en la planta, y la modernización de la línea 2 de la misma. Con esto, el complejo podría cerrar la línea 1, dedicada a procesar eucaliptos y que se construyó a comienzos de la década del 70.

Solo la tercera línea sumará una capacidad de producción de 1,5 millones de toneladas al año. Entre esto y las mejoras a la línea 2, la planta quedará con capacidad para producir 2,1 millones de toneladas de celulosa al año, casi el triple de la capacidad actual, que es de 790 millones.

Según se informó al Servicio de Evaluación Ambiental, en el momento de mayor demanda, unas 8.300 personas trabajarán en la construcción del proyecto. Entre mil y cuatro mil serán necesarias para operarlo.
Las obras, en tanto, tomarían poco más de dos años.

A ello se agrega la renovación de otros sectores de la planta y los trabajos que requieren readecuarla a sus nuevas capacidades. Para ello, por ejemplo, se está construyendo una nueva unidad de tratamiento de efluentes, que cuesta US$ 120 millones y que da empleo a 700 personas.

La empresa informó que entre US$ 25 millones y US$ 40 millones se destinarán a obras de mitigación en la comuna de Arauco. Se trata de trabajos que van desde la instalación de luminaria pública a la habilitación de una avenida costanera, mientras que la obra más importante será una planta de tratamiento de aguas servidas para Laraquete, una localidad de esta comuna que ha crecido al ritmo de la planta y cuya población ya duplica la capacidad del actual sistema.

Consultados por el fallo de la Suprema, en la firma no hicieron comentarios.

790 mills. de toneladas de celulosa produce hoy la planta de Arauco en Horcones, Biobío.

2.100 mills. de toneladas de celulosa será su capacidad tras el proceso de ampliación y modernización.

8.300 personas trabajarán en la construcción del proyecto en el momento de mayor demanda de mano de obra.

US$ 40 mills. gastará la empresa en obras de mitigación, entre las que se cuenta una planta de tratamiento de aguas servidas.

Un largo camino que recorrió los tribunales de tres ciudades

La decisión de la Corte Suprema es el final de un largo peregrinar del caso, que partió el 5 de febrero de 2014, cuando el proyecto MAPA fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío. En ese momento, el Estudio de Impacto Ambiental y las reuniones con la comunidad llevaban casi dos años.

A la semana siguiente, sin embargo, se ingresó la primera reclamación de comunidades indígenas de la zona, una de las primeras en el marco de la nueva consulta indígena.

El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción, apelado y vuelto a rechazar por la Corte Suprema, en Santiago, en noviembre de 2014. Al mes, eso sí, se presentó una solicitud para invalidar la consulta indígena con que se había aprobado la iniciativa, y que implicó unas 15 reuniones con comunidades de la zona y otras 40 con otras organizaciones.

Esta última reclamación demoró un año más el proyecto, pero fue rechazada finalmente por la Comisión de Evaluación Ambiental en diciembre de 2015.

Poco después, se ingresó la reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Según alegó la abogada Paula Villegas, el recurso no había sido visto hasta ese momento por autoridades competentes. Este tribunal rechazó la apelación, por lo que los reclamantes acudieron, por segunda vez, a la Corte Suprema para rebatir la decisión. Hasta el momento no han anunciado nuevas acciones legales.

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