Cuestionan validez de estudio realizado por IFOP sobre derrame de petróleo en Quintero

Por el incidente ocurrido el 24 de Septiembre de 2014 en la Bahía de Quintero se invirtieron 350 millones de pesos en análisis. Fuente: Elmartutino.cl, 20 de mayo de 2017.


Hasta la Contraloría Regional en Valparaíso concurrieron ambientalistas para requerir que el órgano fiscalizador revise en el ámbito técnico y administrativo el estudio “Determinación de Impactos en los Recursos Hidrobiológicos y Ecosistemas Marinos del Área de Influencia del Derrame de Hidrocarburo de Bahía Quintero”; investigación financiada por el Gobierno y ejecutado por el Instituto de Fomento Pesquero IFOP tras el derrame de petróleo ocurrido el 24 de septiembre de 2014 en la bahía de Quintero en el que se debían medir los impactos del incidente en los recursos hidrobiológicos y ecosistemas marinos.

Respecto del mismo advierten graves irregularidades respecto de la calidad, aporte científico de la información y pertinencia en que se realizó este estudio, que se comenzó a ejecutar a casi un años de ocurrido el incidente y luego de 4 fenómenos de marejadas que habrían removido gran cantidad de arena y contaminantes cambiando las características químicas hecho no fue reportado en esta investigación.

Al respecto Hernán Ramírez uno de los recurrentes, explicó, que se está solicitando que se valide la oportunidad de la ejecución del proyecto; que se justifique técnica y administrativamente las sub-contrataciones realizadas e idoneidad del equipo que participó en la ejecución el estudio.

Entre las dudas que caben respecto de este punto se cuenta que se subcontrató aplicación de tecnología de análisis satelital con un costo cercano a los 40 millones de pesos para analizar el desplazamiento espacial de la mancha de petróleo, pese a que una simple observación de terreno llegó a la misma conclusión de estas indagaciones y a costo cero.

Se pidió, igualmente que se valide la calidad de la información científica obtenida en las áreas consideradas, y en especial sobre los análisis realizados midiendo contenido de arsénico total en organismos marinos; que se revise si el análisis de la información, la integración de ésta en un cuerpo coherente y su presentación formal, es decir Informe Final, es la esperada por las normas científicas básicas aplicadas por la institucionalidad.

Al mismo tiempo se solicitó que se revise la ejecución del control de todos los gastos en los que se incurrió en el estudio, considerando los recursos destinados al análisis de metales pesados y al empleo final de la información obtenida.

Como último punto y quizás el más importante se pidió que se solicite a la Autoridad Sanitaria y SERNAPESCA, quienes  participaron  de la Comisión Multidisciplinaria del proyecto, informen respecto de las medidas y acciones que han realizado tras conocer los resultados del estudio, con el fin de evitar daños a la población por consumo de productos del mar, así  como por  la exportación de estos.

Este requerimiento basado en que este estudio nace de la necesidad que tenían los pescadores artesanales de conocer la condición sanitaria de los recursos pesqueros (loco, lapa, erizo y jaiba) para su comercialización y donde según el estudio se verificaron altos niveles por sobre lo establecido en el reglamento sanitario para cobre y Cadmio.

En el caso de la jaiba las muestras evidenciaron presencia de estos elementos con índices que superaron el 90% y en locos por sobre un 50%, para lo cual no fueron tomadas medidas sanitarias a fin de evitar un posible daño a la salud por su consumo.

En el caso del muestreo de arsénico, en tanto, el  “Reglamento Sanitario de los Alimentos”, D.S. 977/1997 en su artículo 160,  establece  un máximo de  2 mg/kg de arsénico en alimentos, el que debe ser medido como arsénico inorgánico, no obstante en el estudio de IFOP fue analizado como arsénico total, el cual no tiene norma, por lo que esta parte del estudio es inutilizable.

Al respecto, Andrés León de la Agrupación dunas de Ritoque, otro de los solicitantes junto a Hugo Rojas del sindicato de Pescadores S24 de Quintero, calificó este estudio de además de deficiente e irresponsable porque pese entregar datos que podrían cautelar la salud de las personas nada se hizo al respecto.

Finalmente, entre otras falencias, advirtieron una excepción grave en este estudio, donde NO se tomó muestra del petróleo derramado en primera instancia a fin de realizar la caracterización físico-química  del crudo o “huella digital” que es lo que corresponde para este tipo de investigaciones; paso fundamental para seguir el comportamiento ambiental del crudo y asignar la fuente de origen del contaminante.

La institución ejecutora tampoco, para estos fines, recurrió a otras instituciones del Estado para obtener esta información básica, especialmente DIRECTEMAR que por ley debió levantar esa información para efectos de aplicación de multas.

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