Instalación de torres de línea Cardones Polpaico deriva en conflictos judiciales

Sendas denuncias contra la titular de la concesión, InterChile, y su contratista Felval, surgen en la comuna de Coquimbo, a medida que se van levantando las torres eléctricas de más de 70 metros. Fuente: Semanario Tiempo, 6 de mayo de 2017.


Ya no es sólo la oposición del Comité de Defensa de los Pueblos de Elqui (Codepue), que desde el año 2014 exige un cambio de trazado, ante posibles daños contra la salud de los habitantes y el valor paisajístico de la zona.

Ahora, desde la comuna de Coquimbo surgen acusaciones de presuntas actuaciones irregulares por parte de la empresa InterChile, en la construcción de uno de los mayores proyectos de infraestructura eléctrica actualmente en ejecución en el país: el Plan de Expansión Chile LT 2×500 Cardones – Polpaico.

El proyecto cuenta con resolución de calificación ambiental favorable otorgada el 10 de diciembre de 2015 (aunque se mantienen abiertos recursos de reclamación ante el Comité de Ministros), tras lo cual vino la tramitación de las concesiones eléctricas y las servidumbres de paso necesarias para instalar las más de 1.600 torres en 753 kilómetros de trazado. Sin embargo, hay propietarios que se oponen.

Uno de ellos es la Comunidad Agrícola de Quitallaco, en cuyos terrenos (5.500 hectáreas) se levantan unas 40 casas, en donde residen permanentemente del orden de 200 personas. El predio posee un único acceso desde la Ruta D-43, a la altura del kilómetro 56, cruzando una propiedad de terceros. Los comuneros acusan que la empresa ha actuado usando la fuerza y violando sus propios permisos legales para ingresar a la propiedad y construir las 19 torres que quedarán dentro de sus tierras. ‘Desde la primer vez llegaron con prepotencia, hace unos tres años, exigiendo la servidumbre de paso.

Un señor de una empresa Felval, que es contratista (de InterChile), nos amenazó si no aceptábamos en el momento, que la compensación sería la mínima’, cuenta Lila Muñoz, secretaria de la comunidad.

Cuenta que formularon observaciones al estudio de impacto ambiental, dentro de los plazos legales para la participación ciudadana, y que incluso llegaron a un acuerdo con la empresa para un cambio de ruta, que alejara más las torres de las casas y las áreas en donde pastorea su ganado.

Sin embargo, dice, ese compromiso no se cumplió. ‘Hasta ahora está pendiente una reclamación, justamente sobre ese tema, ante el Comité de Ministros’, agrega. A fines del año pasado las obras comenzaron. Las máquinas ingresaron abriéndose paso desde el kilómetro 54 de dicha ruta, y no por el acceso habitual, como –según los comuneros– debió hacerse de acuerdo con el permiso respectivo. ‘Hemos traído notario para que constate los daños, con la fuerza que destruyen los cercos, simplemente los agarran a patadas, martillazos o pasan con las máquinas por sobre los cercos.

Tampoco tienen un plan de manejo forestal, porque acá hay plantas autóctonas’, acusa. Según consta en los registros de la causa rol V-65- 2016, del 2º Juzgado de Letras de Coquimbo, el 8 de noviembre pasado se constituyeron representantes de InterChile, acompañados por la perito judicial María Isabel del Valle, para tomar posesión de las porciones de terreno en donde se levantarían las torres, así como de la vía de acceso a las mismas.

Pero, de acuerdo con el informe de perito, la diligencia ‘no se efectuó de acuerdo a lo ordenado (…) por haberse opuesto mujer adulta del lugar, quien dijo ser secretaria de la Comunidad Agrícola Quitallaco (y) llamarse Lila Muñoz Cortés’. Otros documentos posteriores señalan textualmente que el ingreso se ha hecho con auxilio de la fuerza pública, descerrajando alambradas y portones de madera.

POSIBLE ERROR DE INFORMACIÓN

Otro conflicto tiene lugar en el sector Pan de Azúcar. El conocido abogado serenense Sebastián Covarrubias –quien ha asesorado a empresas eléctricas justo en materia de concesiones y servidumbres de paso– representa ahí a uno de los propietarios, cuyo nombre prefiere mantener en reserva. ‘Logramos detectar un error en los supuestos deslindes de nuestro cliente.

Ellos (InterChile, a través de su contratista Felval) tenían un predio de menor tamaño que la realidad; esa porción menor pensaban que era de otro propietario, colindante’. O sea, un simple error de información cartográfica estaría causando todo el desbarajuste. ‘La prolijidad en la confección de los planos es muy baja.

Ocupan bases de datos, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, en vez del informe del Conservador de Bienes Raíces y de terreno. Ese tipo de defecto complica la relación como afectado; cómo se puede alegar una servidumbre si te reconocen un terreno más chico’. El letrado agrega que ‘bloqueamos el acceso, ellos no tienen ninguna facultad para entrar a este predio en esa área’. Producto de este diferendo se mantienen abiertos dos juicios, ‘uno reclamando el monto de indemnización y, además, las hectáreas no reconocidas. Y otro que busca bloquear las faenas en esas hectáreas no reconocidas’.

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