Nueva ley de reciclaje desata polémica: firma se enfrenta al Gobierno por exportación de baterías

Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) deja uno de los primeros damnificados. Fuente: El Mercurio, 28 de mayo de 2017.


Lejos de los idílicos paisajes de su reserva biológica Huilo Huilo, ubicada en la Región de Los Ríos, un negocio asentado en el norte de Chile, en Calama, es el que hoy inquieta al empresario Víctor Petermann.

Involucra a las baterías de autos o, mejor dicho, al reciclaje de estas baterías, cuando ya cumplieron su vida útil. Es que la nueva ley de reciclaje -más conocida como Responsabilidad Extendida del Producto (REP)- conllevará una transformación relevante para esta industria, lo que está desatando un enfrentamiento entre actores del negocio.

Uno de los reglamentos diseñados por el Ministerio del Medio Ambiente -y que está en proceso de firma de los distintos ministerios involucrados, para su posterior ingreso a Contraloría- viabilizará que estas Baterías Fuera de Uso (BFU) puedan ser exportadas a países miembros de la OCDE, lo que hoy no es posible, pues un decreto del Ministerio de Salud lo impide (ver recuadro).

Esta apertura al mercado externo -a ojos Víctor Petermann y sus socios- es ilegal, pues no cumple tratados internacionales. Estiman que va en contra de la industria nacional de reciclaje de baterías, en el que hasta ahora la firma de este empresario es el actor dominante, un virtual monopsonio, con cerca del 80% del tratamiento de baterías que se generan en el país (el resto corresponde a mercado informal).

“La autoridad tiene que ser consecuente con lo que transmite al mercado y no cambiar las reglas del juego según los intereses del momento, después de que se han hecho las inversiones”, reclama Víctor Petermann.

En la vereda opuesta están automotrices e importadores de baterías, quienes señalan que liberalizar la exportación de residuos beneficiará a los clientes finales. La normativa establece que quien compre una batería deberá pagar un impuesto o “ecotasa”, bajo el concepto “el que contamina paga”. Según cálculos de la industria, esto hará subir entre 3 y 5% los precios, pero, dicen estos actores, esta ecotasa será más baja en la medida en que se puedan vender a mejor precio los residuos, o sea, si es que hay más competencia.

Para el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, el tema es eliminar un trato “preferencial”: “Actualmente, la industria automotriz puede exportar sin limitación todo tipo de residuos peligrosos que están contenidos en los autos, como aceites lubricantes y aparatos eléctricos y electrónicos. Solo existe una prohibición para las baterías. Con la entrada en vigencia del reglamento, ningún residuo tendrá un trato preferencial”, afirma.

RAM apela al Convenio de Basilea

Para dar la pelea legal, la firma de la que Petermann es socio, RAM (ver recuadro), está trabajando con la asesoría del abogado constitucionalista Arturo Fermandois, con quien ya diseñan lo que será su estrategia legal para frenar el reglamento: recurrir a la propia Contraloría cuando sea la toma de razón de la normativa, e incluso no descartan recurrir a los tribunales ambientales. Otra alternativa que barajan es ir al Tribunal Constitucional, aunque para esto requieren del apoyo parlamentario (solo congresistas podrían accionar un recurso en esa instancia).

¿Pero por qué se oponen? El argumento legal es que con este nuevo reglamento, Chile incumplirá el Convenio de Basilea, un tratado firmado por el país a inicios de los 90, que regula el movimiento transfronterizo de este tipo de residuos peligrosos.

Según Fermandois, hay varios incumplimientos en el reglamento chileno respecto de dicha normativa a la que Chile adhiere. Uno, mientras Basilea permite enviar estos desechos cuando son necesarios como materia prima para industrias del reciclado en el Estado que los importa, el reglamento chileno da por acreditado que estos requisitos se cumplen en todos los estados de la OCDE, sin mediar un análisis casuístico, Estado por Estado, que pruebe que existe esa necesidad.

Dos, porque estos envíos, según Basilea, solo deben permitirse en la medida en que el Estado de origen (el que exporta) no disponga de la capacidad técnica para tratarlos internamente. Es decir, el convenio internacional privilegia el criterio de proximidad si hay capacidad de tratar los residuos. Tres, porque el reglamento chileno introduce un consentimiento tácito de las autoridades del otro Estado si es que en 30 días no se han pronunciado. Según el abogado, esto no es parte del convenio de Basilea, que exige respuesta por escrito. En suma, dice Fermandois, “los objetivos del Convenio de Basilea apuntan a reducir al mínimo la exportación, y el reglamento (chileno) tiende a colocar en un plano general la exportación”.

Víctor Petermann estima que al firmar aquel tratado de Basilea, las autoridades dieron un claro mensaje para que se desarrollara tecnología nacional, y al no considerar el convenio, “es como borrar con el codo lo que se firma con la mano (…) Se habla mucho de producir productos más elaborados de cobre y plomo, y no existe el incentivo y se actúa en sentido contrario a la industria nacional”, plantea.

Patricio Andrades, otro actor que quiere comenzar un proyecto en la Octava Región, es más categórico: “Este reglamento mata a toda la industria del reciclaje en Chile, toda. Toda la industria en torno al reciclaje queda en la incógnita total, porque no va a tener materia prima suficiente y probablemente no va a haber acceso a financiamiento”, estima. El proyecto de Andrades, Comercial Recimet, consiste en gestionar y reciclar residuos plomados cerca de Los Ángeles, una iniciativa que planea reingresar al sistema de evaluación ambiental en los próximos días, y que contempla unos US$ 12 millones en inversión. Su idea es ojalá formar un clúster en la zona, aunque -recalca- dependerá de estas normas.

El ministro Mena retruca que el objetivo es crear una industria del reciclaje en el país competitiva a nivel local e internacional, y que para ello es necesario que se abran los mercados, en línea con una recomendación que ya hizo la Fiscalía Nacional Económica. Descarta que el reglamento no cumpla con los convenios externos. “Cumple el Convenio de Basilea irrestrictamente”, dice, quien destaca que este tema ha sido trabajado con la Cancillería.

En materia económica, agrega que exportar residuos tiene un costo alto -pues requiere contratar transportistas y entregar una garantía al ministerio-, por lo que seguirá siendo más conveniente tratarlos en el país. “Teniendo en consideración, además, que solo se podrá exportar a países miembros de la OCDE o que se encuentren en Europa, y que no tenemos vecinos en dicha posición (el más cercano es México), resultaría muy extraño que siga siendo más conveniente -en términos económicos- exportarlos que tratarlos en Chile”, señala Mena.

Consultado RAM sobre por qué no pueden competir bajo libre mercado como otras industrias, responden. “Esto es un residuo peligroso, que tiene su legislación especial a la cual Chile se ha atenido, en el marco de acuerdos internacionales”, explica Federico Fanta, socio de Víctor Petermann, quien no esconde que están defendiendo su negocio a través de vías proteccionistas, “que fueron la base de nuestra certeza jurídica para invertir en este negocio, y proteccionismo que no lo buscamos nosotros, sino que lo busca un acuerdo internacional del cual Chile es parte. Este no es cualquier producto, es un residuo peligroso y se atiene a otro conjunto de leyes. Chile adscribió a esos convenios y por tanto debe cumplirlos. Estamos tratando de hacer sobrevivir nuestro negocio contra una medida que claramente viola un acuerdo internacional, sin tener beneficio para el país, porque perjudica a la industria existente y la por existir”, responde Fanta.

ETNA quiere exportar baterías trituradas

Pero en la otra vereda, hay otros actores que se beneficiarían con la exportación. Felipe Konno, gerente general de ETNA Chile, firma de la empresa peruana ETNA, fabricante de baterías, señala que la aprobación del reglamento es una oportunidad para ellos, para exportar baterías trituradas.

ETNA se instaló en el país en 2008 y en 2012 terminó de construir una planta trituradora de baterías en San Antonio, con una inversión cercana a los US$ 6 millones. La idea original, dice Konno, era hacer una planta de reciclaje, pero el proyecto no se concretó. “En esos años había la capacidad instalada en el país y por eso no llegamos a construir la fundición”, señala, en alusión a las operaciones de RAM y la que en ese entonces tenía Tecnorec, una planta clausurada por temas ambientales. “Nosotros estábamos a un kilómetro de ellos. Entonces, hacer una fundición ahí era suicidarse”, señala.

Como ETNA Chile se quedó solo con la planta trituradora, le vendía sus residuos triturados a RAM y esta se encargaba de fundirlos y de exportar el plomo. Según Konno, en un momento RAM ya no les aceptó más sus residuos triturados, aduciendo distintos pretextos, pero “en realidad es que no tienen capacidad instalada”, afirma. Así, a inicios de enero de 2016, ETNA detuvo la trituración, puesto que RAM ya no los podía atender, indica Konno.

Y pone números: dice que si Chile exportaba 15.647 toneladas de plomo en 2013, en 2016 se redujeron a 7.271 toneladas, por efectos del cierre de la planta de Tecnorec, y también por el cierre de la trituradora de ETNA Chile, y porque RAM no ha incrementado su capacidad.

RAM desestima no tener capacidad. En una reunión en el Ministerio del Medio Ambiente -que quedó registrada en acta-, explican que mientras hoy se generan 2.400 toneladas de BFU, ellos tienen una capacidad para procesar 4.123 toneladas al mes.

Konno dice que siguen buscando terrenos en el norte del país, “lejos de todo y en medio de la nada”, para construir su planta de reciclaje. “Estamos dispuestos a competir en cualquier escenario. Finalmente, siempre será más sano eliminarlos (los residuos) en Chile que afuera”, señala.

Empresa de Derco y Gildemeister dice que al exportar, el cobro al cliente final será menor

Otro actor de este mercado que está a favor de estas exportaciones es Ecovalor, creada por Derco y Gildemeister.

“Hay varios informes de abogados que se han publicado donde se dice tácitamente que no hay una violación del Convenio de Basilea por este reglamento, que fue aprobado por el consejo de ministros”, dice Pedro Álamos, gerente general de Ecovalor.

Esta empresa se convertirá en un sistema de gestión de residuos, como lo pide la ley REP. Estos sistemas serán los encargados de recolectar los residuos de los importadores, no podrán tener fines de lucro y recibirán recursos solo para asegurar sus operaciones, a través de dos vías: la ecotasa y el valor de venta del residuo.

En los hechos, dice Álamos, hoy Ecovalor ya está operando como si fuera un sistema de gestión: recolecta las baterías en desuso de Derco y Gildemeister, también recibe baterías de otros clientes, las compra por kilo y todo esto se lo vende a RAM.

Por ello, ven con buenos ojos el reglamento, porque si logran vender a mejor precio los residuos que los sistemas de gestión recolecten, les permitirá que la ecotasa que cobren al cliente final sea menor. Agrega que en Chile se pagan $200 a $220 por kilo de batería, y en México, un país OCDE, se paga 0,8 dólares por kilo, unos $540 de hoy.

FNE ya emitió dictamen que valida que Chile se abra a esta exportación

Otro ingrediente en la discusión se sumó a fines del año pasado, cuando en el marco de una denuncia presentada ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), esta inició una investigación en contra de la firma de Víctor Petermann y Antonio Carracedo. Aunque en diciembre la FNE dijo que no era posible concluir que Recimat (hoy RAM) había incurrido en abuso de poder de compra ni en conductas anticompetitivas, sí señaló que la prohibición de la exportación no ha favorecido al mercado, ni al tratamiento de las BFU; agregó que no han ingresado nuevos actores y que esto puede empeorar con la ley REP. En definitiva, planteó que debiese dictarse una nueva regulación y “permitir la exportación de la BFU” para que exista “un mercado más competitivo”, derogando el decreto del Ministerio de Salud que impide estos envíos.

En noviembre de 2016, Felipe Konno, a nombre de ETNA, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, solicitando que se declare la ilegalidad del Decreto Supremo N° 2 del Ministerio de Salud, que prohíbe la exportación de baterías usadas.

En su denuncia, Konno pide a la Contraloría que se revoque este decreto bajo el argumento de que no hay un estudio técnico que lo avale. La denuncia surgió a raíz de una consulta de ETNA al Ministerio de Salud respecto de cómo había sido elaborado dicho decreto y según Konno recibieron por escrito respuestas basadas en hechos posteriores al decreto. Por ejemplo, el Minsal cita la resolución N° 981, del 1 de abril de 2010, de la Secretaría Regional de Antofagasta, en circunstancias que el decreto fue promulgado el 15 de enero de ese año. “La Contraloría está investigando a solicitud mía la ilegalidad del Decreto Supremo, habida cuenta de que el informe técnico cita hechos futuros a la promulgación del Decreto Supremo”, resume Konno.

RAM, Ecovalor y ETNA: cómo operan tres grandes actores tras la industria

RAM, la firma que surgió produciendo insumos para la minería

El origen del negocio de Víctor Petermann con la familia Carracedo data de 1987. Bajo el nombre de Inppamet, levantaron una empresa que produce ánodos para la industria del cobre, es decir, planchas de plomo que se usan en la gran minería (se emplean en celdas electrolíticas para producir cátodos de cobre).

Fue a partir de ese desarrollo que derivaron, hacia el 2004, en el reciclado de residuos plomados, pues al estar en la industria minera en Calama, habían empezado también a tratar desechos y residuos de plomo que produce la gran minería en su faena (barros anódicos).

Como con dicha actividad los socios vieron que podían extraer plomo para exportación y usarlo también en su propio negocio de fabricación de ánodos, decidieron además incursionar en el negocio de reciclaje de baterías fuera de uso (BFU) de los automóviles, creando RAM – Recimat, en igual proporción entre los socios.

Hoy, este negocio de reciclaje le genera a RAM – Recimat del orden de US$ 35 millones al año: unos US$ 25 millones en exportaciones de plomo, US$ 2 millones en polipropileno -otro de los compuestos que se extraen de las baterías- y unos US$ 8 millones en exportación de ánodos.

¿Cuánto pagan por batería? Unos $200 por kilo de batería, considerando que una batería pesa unos 15 kilos.

Ecovalor, la firma creada por Derco y Gildemeister

En 2012, dos importantes actores del negocio automotor, el grupo Derco, el principal importador de baterías del país, y Automotores Gildemeister, el segundo en este mercado, dieron origen a Ecovalor, sociedad anónima que controlan en partes iguales.

Tanto Derco como Gildemeister, además de ser importadores de vehículos, lo son de repuestos, de neumáticos, baterías y lubricantes, tres productos que están dentro de los prioritarios de la ley REP y que deberán atenerse a metas de reciclaje.

La compañía, que opera entre la IV Región y Puerto Montt, tiene cerca de 120 puntos limpios en el país, a los que la gente puede ir a dejar su batería. En la actualidad, la empresa está cambiando sus estatutos para convertirse en un sistema de gestión sin fines de lucro, como lo estipula la ley REP. Sobre cómo se fiscalizará que los sistemas de gestión no lucren, Pedro Álamos, gerente general de Ecovalor, señala que van a tener a la Superintendencia de Medio Ambiente y la FNE “auditándonos constantemente”. “Aquí el organismo que será más auditado, cuestionado y vigilado será el sistema de gestión, porque es el único que se estipula que no tendrá fines de lucro”. En efecto, la ley -recalca el ministro Marcelo Mena- considera que los gestores, desde los recicladores de base hasta grandes empresas de reciclaje, puedan obtener beneficios económicos de su actividad. “Es más, es esperable que lo hagan y se conviertan en una industria rentable a través del reciclaje y la economía circular”, dice.

Chile es el 40% de las exportaciones de ETNA

El grupo peruano ETNA, controlado por la familia Peyón, tiene una fábrica de baterías automotrices e industriales desde hace 85 años en Perú. Sus productos son enviados a 18 países, además de Estados Unidos.

Felipe Konno, gerente general de ETNA Chile, señala que “en Chile abastece a ocho importadores, entre los que se encuentran tres de las cinco compañías principales del sector transporte”. Agrega que desde 2016 ETNA trae a Chile baterías industriales.

Dado que en Chile no se fabrican baterías, este es un destino importante para ETNA. “Del total de exportaciones de baterías del grupo ETNA, el 40% se viene a Chile”, precisa el ejecutivo.

En Perú tratan residuos internos en su planta recicladora de Ventanilla -están construyendo una nueva planta al sur de Lima-, y también tratan residuos provenientes de otros países, como El Savador. Felipe Konno asegura que dos países OCDE, España y México, exportan chatarras de baterías usadas a países no OCDE, un punto que, a su juicio, se pudo considerar en el reglamento.

AG y CR

 

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