Agricultores insisten en que reforma al Código de Aguas atenta contra patrimonio productivo del país

Proyecto de ley impulsado por el Gobierno que se encuentra en plena tramitación en el Senado, luego de ser aprobado en la Cámara. Una de las mayores inquietudes es retomar un clima de ‘certeza jurídica’. Fuente: El Mercurio, 13 de junio de 2017.


Como es tradicional, ayer se realizó la XI versión del seminario “¿Cómo se viene la temporada 2017/18?”, en CasaPiedra, evento que fue organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en conjunto con Economía y Negocios de “El Mercurio”.

En la oportunidad, el presidente de la asociación, ex timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y ex director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Ricardo Ariztía, entregó su visión sobre los temas que más preocupan al sector agrícola. La principal inquietud del gremio es la reforma al Código de Aguas, proyecto de ley impulsado por el Gobierno y que se encuentra en plena tramitación en el Senado, luego de ser aprobado en la Cámara.

Respecto de la iniciativa legal, el dirigente gremial -quien lidera la SNA por un segundo período- insistió en que “atenta contra el patrimonio más significativo del agricultor”. Agregó que “pretender modificar la naturaleza jurídica de los derechos de agua -cambiándolos de perpetuos a simples derechos de uso y goce temporal- tiene vicios de inconstitucionalidad”. Afirmó que “aprobar una reforma de esa índole significaría comprometer seriamente los derechos de propiedad de los agricultores que la Constitución garantiza”.

Pese al rechazo que le genera la propuesta de modificación, Ariztía está de acuerdo con los principales objetivos que persigue el proyecto de ley, como priorizar el uso del agua para bebida y proteger el patrimonio medioambiental. Sin embargo, pidió “no poner en riesgo la inversión y las confianzas que son tan necesarias”.

Impulsar el diálogo

La violencia en La Araucanía fue uno de los tópicos obligados para el líder del agro. En su alocución, Ariztía afirmó que “hay un pequeño grupo de extremistas que ha sometido a algunas regiones al miedo y a la destrucción. Relató también su experiencia en Pidima, donde tuvo que ingresar al sector en una tanqueta. “Esto no es vida. No es mi país. No es Chile”, lamentó.

En relación al pueblo mapuche, recordó que se ha reunido con sus representantes en distintas oportunidades y que varios lo reconocen por su labor en Indap en la administración anterior. “La inmensa mayoría solo aspira a una mejor calidad de vida, a partir de un diálogo honesto y concreto”, aseguró. En términos generales, indicó que calificar los actos de terrorismo no es relevante. “Lo importante es tener tranquilidad de todo tipo para reactivar la zona”, destacó.

Estatuto del temporero

Respecto del estatuto del trabajador agrícola, el líder gremial acusó que “empresarios y trabajadores del rubro concordamos en las características de una nueva legislación beneficiosa para ambas partes, pero el Gobierno la desechó y ha prometido una nueva”. En cuanto al envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley sobre esta materia, Ariztía pidió que, “dado que estamos en pleno debate electoral, preferimos que ello no ocurra para lograr un buen estatuto que responda a la realidad de sus agricultores y trabajadores”.

Certeza jurídica

El evento concluyó con un panel -moderado por el editor de Economía y Negocios de “El Mercurio”, Manuel Fernández- en el que participaron actores de diversos sectores del agro. En la ocasión, intervinieron el director ejecutivo de GLS International y gerente general de la exportadora Green Valley, Marcelo Jeanneret; el presidente de Viña Montes y director de la SNA, Aurelio Montes; el gerente general de Comercial Futurolac, Luis Alarcón; el gerente general de Coagra y consejero del gremio, Max Donoso, y el empresario agrícola y consejero de la asociación, Juan Pablo Silva.

Junto con adelantar las proyecciones para la próxima temporada en sus respectivos sectores (frutas, vinos, leche, granos y carnes), los empresarios hicieron un diagnóstico similar sobre lo que más les inquieta en el sector agrícola: más certeza jurídica.

Jeanneret precisó, por ejemplo, que es necesario hacer cumplir las leyes. Montes, en tanto, pidió tener “tremendamente claras las reglas de la agricultura para poder invertir y trabajar tranquilo”. Alarcón se sumó a los otros participantes y sostuvo que es necesario “velar por el Estado de Derecho”. Donoso exigió contar con menos incertidumbre para invertir. Mientras que Silva solicitó tener condiciones propicias para trabajar.

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