Inversiones por US$7.550 millones con aprobación ambiental están retenidas por demandas de comunidades

Se trata de proyectos en sectores como el energético, industrial, inmobiliario e infraestructura que, de realizarse, aportarían un 0,3% anual al crecimiento del PIB en dos años. Fuente: El Mercurio, 12 de junio de 2017.


A US$ 7.550 millones asciende el monto de los proyectos de inversión que cuentan con aprobación ambiental, pero cuya ejecución está retenida por demandas interpuestas en los tribunales por las comunidades cercanas. Se trata de iniciativas en el sector energético, minero, industrial, portuario, inmobiliario y de infraestructura que, de llevarse adelante, generarían 30.631 empleos en etapa de construcción y 7.418 en operación, de acuerdo con un estudio del bufete Vergara, Galindo y Correa, que presentaron en Icare el abogado Javier Vergara y el economista Jorge Hermann.

La inversión que contemplan estos proyectos equivale a un 3% del PIB y, según cálculos de Hermann, su materialización daría un impulso adicional de 0,3% anual al crecimiento del PIB en dos años, suponiendo que la mitad se realiza el primer año y el resto al año siguiente.

En total, son 21 las demandas por reclamación en contra de las resoluciones de aprobación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que al 15 de mayo se encontraban radicadas en los tribunales ambientales y Corte Suprema. Entre ellos, el de continuidad operacional de Candelaria en la Región de Atacama (US$ 460 millones); el aumento de capacidad del terminal GNL de Quintero (US$ 300 millones); puerto Cruz Grande, en Coquimbo (US$ 250 millones); continuidad operacional de Cerro Colorado, en Tarapacá (US$ 467,2 millones); el mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria Santiago-Rancagua (US$ 277 millones); la nueva línea de tendido eléctrico Charrúa-Ancoa entre Maule y Biobío (US$ 140 millones); y el plan de expansión Cardones-Polpaico en las regiones Tercera, Cuarta, Quinta y Metropolitana (US$ 1.000 millones).

Larga tramitación

Solamente en los tribunales ambientales los recursos tienen un plazo promedio de 11 meses y medio en Santiago, y en Valdivia del orden de 6 meses y medio. En la Corte Suprema, el plazo aproximado es de seis meses más. A ello hay que sumar el largo período de aprobación administrativa del proyecto, al punto que la oportunidad de invertir ya podría haber pasado. “Hay que tener mucha preocupación por hacer más eficientes estos tiempos”, advierte Vergara. Que la gente ejerza sus derechos es algo que no se puede negar. Lo importante, puntualiza, es tratar de que las reclamaciones demoren lo menos posible. “Un año en un tribunal ambiental es un período demasiado largo”, afirma.

Hermann hace referencia a un estudio publicado por el CEP (Hernando y Razmilic, 2015) donde se plantean tres propuestas para mejorar el diseño institucional de la evaluación ambiental en Chile.

Lo primero, señala, es avanzar en una planificación estratégica en todo el país que determine dónde se van a localizar las plantas eléctricas, las redes de electricidad, los proyectos inmobiliarios y las zonas industriales en las regiones, todo con una visión global. Los autores apuntan a encauzar la aprobación de los proyectos en relación con la necesidad de desarrollar ciertas formas de infraestructura.

Una segunda propuesta es realizar un proceso de autorización específico basado en el SEIA en que se exija que el proyecto sea compatible con las definiciones del plan nacional de ordenamiento territorial, lo que genera certidumbre jurídica sobre los lugares donde se pueden localizar los proyectos específicos. Según Hermann, eso haría más fácil el proceso de autorización del SEIA en relación con las comunidades.

La tercera propuesta consiste en un sistema de compensaciones que establezca recursos monetarios para la comunidad en base a las características del proyecto, evitando las compensaciones estandarizadas. Por ejemplo, dice el economista, destinar por una vez un 1% del monto de la inversión a la comunidad, que la empresa lo pueda considerar gasto tributario y rebajarlo de su base imponible. Compensaciones para hacer mejoras en infraestructura, colegios, salud o seguridad permitirían a las empresas tener mejor relación con las comunidades para destrabar los proyectos.

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