Quién está detrás del financiamiento para mitigar y adaptarse

Bancos y fondos nacionales, bilaterales y multilaterales apoyan a nivel global iniciar proyectos que permitan disminuir las emisiones de gases efecto invernadero y buscar opciones para mantener la producción. Fuente: Revista del Campo, El Mercurio, 12 de junio de 2017.


En Hawái, al igual que en Chile, las energías limpias avanzaban rápido.

Pero, si bien las autoridades hawaianas querían que los usuarios cambiaran sus sistemas de energía por otros más sustentables, el costo de instalar paneles fotovoltaicos, por ejemplo, lo hacía difícil, especialmente para quienes tenían poco acceso al crédito o estaban en el grupo de menores ingresos.

Entonces, la Hawaii Green Infrastructure Authority (HGIA), de la oficina de energía estatal, creo el programa “Securitización del mercado de las energías verdes” (Gem, por sus siglas en inglés). Este emitió bonos por US$ 150 millones, respaldados por una tarifa de infraestructura verde que se cobra en las boletas de servicio público, y consiguió recursos para financiar tanto los sistemas fotovoltaicos así como otras mejoras de energía limpia de los usuarios.

De acuerdo con lo que señalan en su página web, con esa fórmula tienen la capacidad de financiar la instalación de más de 44 MW de energía, llevando energía a unos 30.000 consumidores desatendidos.

EL HGIA, igual que el Green Investment Bank del Reino Unido; la Clean Energy Finance Corporation (CEFC), en Australia; el Banco Verde de Nueva York o el de Conneticut y la Organización de Financiamiento Verde de Japón, son bancos verdes.

Es decir, instituciones financieras no tradicionales, que actúan como coordinadores entre recursos públicos, inversionistas privados e iniciativas que requieren recursos a bajo costo orientados a financiar la ejecución de proyectos de energías limpias de distintos tipos y tamaños.

Los bancos verdes, junto con los bonos verdes, son dos opciones que se consolidan a nivel global para conseguir que el mundo se vuelva más sustentable; es decir, que mantenga el nivel de vida actual, pero al mismo tiempo protegiendo los recursos naturales en el tiempo.

Porque los desastres naturales y los cambios en los sistemas productivos que ya se asocian al cambio climático dejan claro que el mundo requiere invertir para detener el calentamiento global; o sea, emitir menos gases de efecto invernadero y adaptarse a las nuevas condiciones.

Y no se trata solo de alimentarse con orgánicos, usar ampolletas led o circular en bicicleta y usar menos el auto. Se refiere a transformar los sistemas productivos para que produzcan en condiciones de menos agua y más calor, instalar tecnologías que ahorren un agua cada vez menos disponible; producir con menos químicos, liberando menos emisiones. Y parte importante de las medidas de mitigación es utilizar energía limpia; es decir, que se genere a partir de recursos renovables no fósiles, y que, por lo mismo, liberan menos gases de efecto invernadero, especialmente CO2.

Son medidas que permitirían que los países, incluido Chile, cumplan con los compromisos adquiridos al firmar y ratificar el Acuerdo de París, en diciembre de 2015.

A nivel global las tecnologías existen. Y también las intenciones (al menos las de los 194 países que quedarán en el Acuerdo de París, después del anuncio del Presidente Trump de que retiraría a EE.UU.)

Pero lo que escasea, o más bien es difícil de conseguir, son los recursos económicos a un costo accesible para hacer el cambio. Es que los sistemas tradicionales de financiamiento todavía miran con desconfianza esas nuevas tecnologías verdes y, por lo mismo, el costo es alto o se enfrenta una gran competencia por los recursos.

“Este tipo de inversiones todavía son vistas como de riesgo, especialmente en el sector agroalimentario. Si bien los bancos están incorporando poco a poco criterios para evaluar esos créditos, no son específicos para hacerles frente a las nuevas situaciones que nacen de esto. Más bien se miran desde el riesgo que desde las oportunidades que pueden surgir”, plantea Marina Hermosilla, directora ejecutivade Líderes Empresariales contra el Cambio Climático, CLG-Chile.

Invertir para evitar el alza de la temperatura

La necesidad de evitar que la temperatura suba por sobre los 2 °C respecto de los niveles preindustriales fue lo que llevó a que en la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático de París (COP21), en 2015, los países acordaran las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDC, por sus siglas en inglés). En ellas cada uno de los países se compromete a una reducción determinada de sus emisiones de gases de efecto invernadero, como una contribución voluntaria al esfuerzo global.

Cumplir con esos compromisos implica invertir tanto en que el país realice o impulse cambios mayores -como específicar qué porcentaje de la energía provendrá de energías renovables no convencionales, por ejemplo-, pero también implica que las personas y las empresas incorporen nuevas tecnologías o sistemas para producir de manera eficiente en las nuevas condiciones. Y el costo de eso es importante.

De acuerdo con el informe anual realizado por Heloisa Schneider, especialista de la Cepal, autora junto con José Luis Samaniego del estudio “Financiamiento para el Cambio Climático en América Latina y el Caribe”, cumplir con esas contribuciones acordadas, podría implicar más de 4 trillones de dólares.

Precisame por lo complejo del tema es que a nivel global existen distintas alternativas para que gobiernos, organizaciones y privados accedan a recursos económicos para financiar estas inversiones. No solo están los bancos y bonos verdes, sino que también hay bancos de desarrollo nacionales y multilaterales, y también fondos para el cambio climático, como el Fondo Verde, explica Heloisa Schneider.

De acuerdo con el estudio de la Cepal, en el año 2015 el monto de las intervenciones de los distintos instrumentos financieros climáticos sumó en América Latina y el Caribe un poco más de US$ 20 mil millones, considerando los recursos gestionados por entidades públicas nacionales e internacionales, fondos climáticos y bonos, sin considerar recursos de ONGs, fundaciones y recursos privados.

De esos recursos, cerca del 87% se destina a mitigación. Esto en parte por la urgencia de frenar o disminuir las emisiones para frenar el alza de las temperatura del planeta por sobre los 2 °C, pero, además, porque invertir en adaptación involucra mucha incertidumbre.

“Son inversiones que se miran o evalúan como de más riesgo, puesto que se está apostando por consecuencias que podrían ocurrir o no, cuya dimensión no es clara y que para adaptarse a ellas implican costos adicionales”, explica Heloisa Schneider.

La banca como solución

A nivel internacional, la mayor cantidad de recursos para financiamiento de medidas contra el cambio climático se moviliza a través de los bancos de desarrollo nacionales -que en Chile no existen-; sin embargo, Heloisa Schneider explica que en los últimos años los bancos multilaterales, como el Banco Mundial, el Interamericano de Desarrollo (BID) o el de Desarrollo de América Latina (CAF) cuentan con líneas para el financiamiento de iniciativas de mitigación o de adaptación.

De acuerdo con los datos recabados por la especialista en el estudio, en 2015 Chile recibió recursos gestionados por el BID por 1,73 millones de dólares, y otros US$ 50 millones a través del Banco de Desarrollo de América Latina.

La especialista de la Cepal explica que a nivel internacional hay recursos para el tema, pero a los que no siempre es fácil acceder.

“Tienen exigencias específicas que hay que cumplir, que en ocasiones pueden ser engorrosas o sumar costos adicionales, pero hay recursos disponibles para que puedan acceder quienes quieren invertir en nuevas tecnologías”, dice Heloisa Schneider.

Agrega que en estas entidades, al igual que en un banco tradicional, el dinero solicitado tiene un interés que no necesariamente es más barato, pero que en ocasiones, por tratarse de líneas específicas para mitigar o adaptarse, puede ser menos complejo acceder.

Y contrario a lo que se piensa, a la banca internacional también pueden recurrir personas u organizaciones, ya que, dice la especialista, lo que se busca es incentivar la adaptación.

En Chile, la banca tradicional

Eso sí, la especialista de la Cepal enfatiza que en lo que a acceso a financiamiento se refiere, Chile tiene condiciones particulares, ya que un empresario que requiera recursos para modernizarse e incorporar tecnologías limpias encuentra en el mercado de la banca local una oferta que puede ser competitiva con lo que se ofrece a nivel global y que no impone la obligatoriedad de tener que ser “verde”, como sí ocurre con las líneas enfocadas en cambio climático de la banca multilateral o regional.

“La banca privada va a analizar el proyecto como cualquier otro… En Chile se da que hay una banca muy madura y no hace falta tener líneas verdes”, explica.

Ello no significa que sea fácil acceder al financiamiento para mejoras, aún cuando impliquen adaptarse y seguir siendo productivo.

“Nuestro país tiene muchos microclimas donde la agricultura se desarrolla en espacios pequeños, valles, de no grandes extensiones. El sector se ha visto fuertemente afectado y ha tenido que ir adaptándose. Pero diría que no siempre están disponibles los instrumentos para eso”, plantea Marina Hermosilla.

De hecho, de acuerdo con la especialista, si bien al agro el cambio climático le significa también importantes oportunidades, no se están aprovechando porque el financiamiento es una dificultad, sobre todo para los pequeños y medianos.

Lo que no quiere decir que no se encuentren alternativas locales.

Michael Wallace, Gerente Agroindustrial & Alimentos en Banco BICE, reconoce que en el banco no cuentan con líneas específicas para cambio climático, pero que sin embargo, el clima no es un elemento que complejice la entrega de un crédito.

“Se financia mucha inversión que va en línea con medidas de mitigación o de adaptación, ya que es un tema que viene aumentando. Por ejemplo, si vienen a solicitar sistemas de control de heladas, cobertores o techos, se evalúan de la misma forma que otro tipo de inversión”.

El especialista explica que les juega a favor el conocimiento que se tiene del rubro, para el cual el clima es un elemento crucial. Sin embargo, también reconoce que no es el cambio climático lo que motiva estas decisiones.

“Es cierto que ha aumentado la atención a estos temas desde el departamento de riesgo, que hacen comentarios respecto del aumento de incidencia de heladas en una zona, por ejemplo. Eso lleva a que enfrentado al cliente uno le consulte, si piensa invertir en torres de control y lo apoye para financiarlo”, dice Wallace.

Entonces, ¿por qué optar por acceder a una banca con recursos específicos para el cambio climático o líneas verdes? Porque la falta de especialización en el tema ambiental o de sustentabilidad, y el mayor riesgo que pueden implicar estos recursos, puede significar que un proyecto no acceda a los recursos que está buscando.

Y a ello se agrega que tradicionalmente el agro es visto como un sector de mayor riesgo, lo que complica a los productores el acceso al financiamiento a tasas atractivas.

A nivel internacional la banca multilateral, y las aseguradoras en Europa está muy avanzadas en estos temas.

El dinero del mundo

Fue en 2009, en Copenhague, cuando los países desarrollados acordaron destinar dinero para apoyar procesos de mitigación y adaptación en los países en desarrollo.

Eso se concretó en el llamado Fondo Verde para el Clima, que entró en vigencia en 2015, y donde Estados Unidos ha sido el principal contribuyente.

Este es uno de los numerosos fondos climáticos que existen a nivel global, tanto bilaterales -como lo que trabaja Chile con Japón- o multilaterales, como los Fondos de Inversión Climática (FIC), que agrupan a cuatro fondos y que en 2014 gestionaron recursos por 190 millones de dólares; o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Fund, GEF). En algunos casos estas entidades aportan los recursos, y en otras, como en el caso del Fondo Verde, también prestan un porcentaje.

En Chile el referente para el Fondo Verde, y otros fondos, es el Ministerio de Hacienda. Es decir, es a través de este que un proyecto debe postular a los recursos y ya apoyó el financiamiento de un proyecto en el país (ver recuadro). Además, a través del Fondo de Adaptación y del Fondo para las Tecnologías Limpias en 2015 Chile movilizó 36,5 millones de dólares para acciones de mitigación y adaptación.

Emitir un bono

En los últimos años se sumaron al abanico de recursos los denominados bonos verdes, que nada tienen que ver con los bonos de carbono, sino que es un instrumento financiero como los existentes, y en donde una empresa que requiere recursos, por ejemplo, para cambiar su sistema energético de calderas diésel por uno de energía solar, emite un bono al mercado, el que es adquirido por inversionistas a los que se les devuelve su aporte con un interés y en un plazo determinado.

La diferencia con los convencionales es que estos son específicos para cambio climático o para medidas de adaptación.

Recursos chilenos para mitigación y adaptación

En el país, el FIA tiene un programa orientado a financiar proyectos de adaptación y mitigación de pequeñas y medianas empresas o agricultores; organizaciones productivas, entidades académicas, tecnológicas y de transferencia. Para ello financian hasta el 70% del costo total del proyecto, con un tope para el FIA de $150 millones.

Los proyectos pueden ser de diversificación productiva, manejo, gestión de recursos hídricos, de estrés abiótico e innovación en recursos energéticos renovables.

Así, por ejemplo, en Coquimbo, apoyaron el proyecto del Centro de Estudios de Zonas Áridas de la Universidad de Chile para investigar el desarrollo de uva de mesa, paltos y olivos, en diferentes condiciones hídricas (estrés abiótico menor, medio y mayor), con el fin de identificar las estrategias de manejo agronómico que presenten una respuesta positiva ante estas condiciones.

En la provincia de Elqui apoyaron la creación del Centro Regional de Información del Agua (CRIA), para integrar la información disponible sobre los distintos usos del recurso hídrico y así poder proporcionar asesoramiento estratégico.

También cuentan entre sus proyectos con uno de generación de biogás y cogeneración de energía térmica-eléctrica a partir de purines de de vacas; un sistema de alerta en línea para mejorar la condición y calidad de manzanas a base de factores ambientales, nutricionales y productivos en el huerto, frente a la variabilidad climática; otro que busca desarrollar mallas fotoselectivas con capacidad específica para las condiciones climáticas de Chile, para mejorar la productividad, calidad y condición de huertos de manzanos.

Financiando 143 MW fotovoltaicos

El Fondo Verde para el Clima es una entidad multilateral que reporta a las Naciones Unidas en la que los países desarrollados se comprometieron a aportar US$ 10.300 millones, de los cuales ya están disponibles US$ 7.500. Actualmente, el fondo tiene 48 proyectos: 3 en Europa del Este; 8 en LatinoaméricaTAM & El Caribe; 17 en Asia Pacífico y 20 en África; los que beneficiarían a una población estimada de 128 millones de personas.

Parte de los fondos que entrega son a través de donaciones y otra parte a través de créditos.

Este fondo, que se vincula con Chile a través del Ministerio de Hacienda, aportó financiamiento a una planta fotovoltaica de 143 MW en Atacama, de propiedad de Atacama Solar S.A, que tiene un costo total de US$ 265 millones y contó también con aportes del Banco de Desarrollo de América Latina.

En su página, el organismo reconoce que las condiciones actuales de mercado restringen la posibilidad de los bancos privados de financiar grandes proyectos de energías renovables. “Sin el financiamiento del fondo y de CAF sería difícil para esta iniciativa conseguir los recursos”.

Japón apoya acciones de Chile

En el 2015, Chile firmó con Japón el Joint Crediting Mechanism (JCM), que busca facilitar la difusión de tecnologías, productos, sistemas, servicios e infraestructura de baja emisión de carbono, así como la implementación de acciones de mitigación y contribuye al desarrollo sostenible de Chile. Actualmente, están en estudio varios proyectos por parte de la Comisión Conjunta Chile-Japón, y se espera que a fines de 2017 ya haya 2 o 3 aprobados.

US$ 20 mil millones fue el aporte de distintos intrumentos en América Latina en 2015.

87% DE LA INVERSIÓN global se destina a mitigación

1,73 MILLONES de dólares gestionó el BID en Chile, en 2015

Patricia Vildosola Errazuriz

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