Gobierno reconoce que Fundación Chile no cumplió contrato en zona industrial

En septiembre de 2016, la Contraloría General de la República emitió el informe final N° 071152 sobre la auditoría al cumplimiento del Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) aplicado a las comunas de Huasco, Coronel, Quintero y Puchuncaví y ejecutado por la Fundación Chile.

En el escrito, el ente contralor concluyó que hubo incumplimiento de contrato por parte de la fundación al no efectuar algunas tareas bases del contrato que estableció con el Ministerio del Medio Ambiente.

Registro de agenda pública de viajes con errores o incompleta, falta de publicación en las páginas web y entrega de información fuera de plazo fueron algunas de las observaciones que realizó la Contraloría, las cuales fueron recepcionadas por el Ministerio del Medio Ambiente, entidad que respondió al fiscalizador.

Asimismo, la cartera reconoció en su informe remitido a la Contraloría que la Fundación Chile había incurrido en errores en el proceso para la elaboración del PRAS, por lo que hizo efectiva la póliza de garantía de $ 117.935.000 millones.

Así, el Ministerio del Medio Ambiente hizo una nueva contratación para el Programa de Recuperación Ambiental y Social y la Fundación Chile actualmente se encuentra en un proceso de juicio de cuentas por parte de la Contraloría.

“En relación al incumplimiento del proveedor, este se encuentra acreditado por el informe y motivó el cobro de la póliza de garantía que permitió la entera restitución de los fondos transferidos previamente”, afirmaron desde el Ministerio del Medio Ambiente.

El informe final de ente fiscalizador fue recepcionado por la cartera de gobierno y la respuesta fue entregada “de acuerdo a los plazos establecidos”.

Respecto del informe final, precisaron desde el ministerio que “se respondió en diciembre de ese mismo año. A la fecha estamos a la espera del proceso de seguimiento que realiza la propia Contraloría y que se nos informe respecto al proceder frente a un potencial juicio de cuentas por la licitación de $ 35 millones adjudicada a la Fundación Chile”.

La Contraloría General de la República, señalaron desde la cartera, “invoca los artículos bases referente a la administración general del Estado y que potencialmente fueron vulnerados. No obstante, para que el eventual abandono de deberes sea calificado como tal debe sustentarse en el resultado de una investigación sumaria o sumario administrativo en sí. Este procedimiento ya se realizó respecto del programa auditado por la Contraloría, a efecto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas del caso”.

Con esto, se constató que la Fundación Chile incurrió en irregularidades y, por ende, fue cobrada la póliza por parte del contratante, que fue el Ministerio del Medio Ambiente.

El trabajo de la Fundación Chile, institución que fue contratada en el año 2014 para una consultoría y en 2015 para realizar el programa, fue suspendido. Sin embargo, la gestión del PRAS, según informó el ministerio, siguió su curso en las cuatro comunas involucradas.

“Dicha consultoría correspondía a un estudio, cuyo objetivo era el levantamiento de una evaluación ambiental y social preliminar, incluyendo la participación de un consejo y comisiones de trabajo en los territorios mencionados anteriormente. Respecto del convenio de transferencia de recursos de 2015, al existir un incumplimiento de las obligaciones contraídas se hizo efectiva la póliza de seguro entregada en garantía por el total del monto de los valores transferidos, equivalente a $ 117.935.000”, confirmaron desde el Ministerio de Medio Ambiente.

En Quintero y Puchuncaví el convenio con la Fundación Chile tenía por objeto “la elaboración del Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de la zona de Quintero-Puchuncaví, cuya realización no se vio afectada por esta situación”, puntualizaron desde la secretaría de Estado.

Tras un proceso de consulta pública realizado en mayo de 2016, confirmó el Ministerio -en el que se recogieron más de 200 observaciones- , se aprobó el programa definitivo del PRAS en diciembre de ese mismo año.

En el documento se identificaron 25 objetivos para el territorio y 123 propuestas de soluciones ambientales y sociales para mejorar la calidad vida de los habitantes de Quintero y Puchuncaví.

A menos de un año de la culminación del plan, informó la entidad gubernamental, “varias de estas acciones ya están en desarrollo, como la creación de un proyecto para levantar un Centro de Sustentabilidad en la exescuela de La Greda. Esta iniciativa ya está en fase de desarrollo del diseño de arquitectura e ingeniería, con un presupuesto de $ 53 millones aportados por el Ministerio del Medio Ambiente y $ 17 millones comprometidos por la Corporación Puerto Abierto de la empresa Puerto Ventanas S.A., el que será entregado en noviembre junto con un programa social para el funcionamiento del centro”.

Al proyecto de la Escuela La Greda se suma un convenio con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) para la elaboración de un proyecto piloto de recuperación de suelos degradados mediante técnicas de revegetación y control de emisión.

“Actualmente se están definiendo los sitios para iniciar estos pilotos y cuenta con un financiamiento de $ 17 millones del Ministerio del Medio Ambiente”, informaron.

Además, “en octubre de 2016 se inició la construcción de la primera etapa del Parque Municipal Luisa Sebiré de Cousiño, que considera la construcción de un edificio de administración, sala múltiple, anfiteatro, glorieta, pérgola, una plazoleta y un paseo mirador, así como la instalación de iluminación eficiente, puntos limpios y la reforestación con especies nativas. Este proyecto se financia con $ 515 millones provenientes del Ministerio del Medio Ambiente y $ 812 millones aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)”, detalló la cartera.

Explicaron que “desde febrero de 2017 está trabajando en la zona de Quintero-Puchuncaví la estación de monitoreo móvil de calidad del aire del Ministerio del Medio Ambiente, para evaluar la red de 10 estaciones de monitoreo de calidad del aire de la zona”.

Para está acción la cartera invirtió $ 80 millones con el fin de generar recomendaciones que permitan rediseñar y robustecer la red local de monitoreo de calidad del aire. ¿La finalidad? “Para la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví”.

Adicionalmente, destacaron, se realizan otras iniciativas, como “el control de zarzamoras en el Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero y su entorno, la conformación de una mesa técnica para la declaratoria de Santuario de la Naturaleza del Humedal de Mantagua; la creación de una mesa bicomunal de patrimonio en Quintero y Puchuncaví para que la puesta en valor de su patrimonio arquitectónico ayude a generar beneficios socioeconómicos para la zona; una actualización del catastro de sitios potencialmente contaminados y una guía de buenas prácticas para el manejo de graneles sólidos en la bahía de Quintero”.

Las fallas detectadas en el trabajo de la Fundación Chile en lo que respecta al proceso de elaboración del PRAS, aclaró el organismo, “fueron identificados a tiempo y se actúo con celeridad para sacar adelante este proceso. Esto permitió que en mayo de 2016 tuviéramos un anteproyecto del PRAS sometido a consulta pública y que en diciembre de ese mismo año se contara con el PRAS final con las 123 propuestas de solución validadas por la ciudadanía, las organizaciones y autoridades locales y los actores relevantes de la zona”.

Puntualizaron, a su vez, que “muchas de estas medidas ya están en proceso de implementación en estas comunas y este trabajo concluirá una vez que todas las medidas acordadas estén plenamente implementadas en la zona. Nuestro objetivo con este trabajo es mejorar la calidad de vida de sus habitantes y la recuperación ambiental y social del territorio, ese es el compromiso con los vecinos”.

– “En relación al incumplimiento del proveedor, este se encuentra acreditado por el informe y motivó el cobro de la póliza”.
Ministerio del Medio Ambiente

– “Estamos a la espera del proceso de seguimiento que realiza la propia Contraloría y que se nos informe respecto al proceder frente a un potencial juicio de cuentas”.
Ministerio del Medio Ambiente

Katherine Escalona M.