Legislador por Los Lagos entra a debate por regulación salmonicultora

Senador Quinteros subraya que la desconfianza hacia la industria es producto -entre otras cosas- de la disociación entre las empresas y la sociedad. Fuente: Aqua.cl, 27 de julio de 2017.


A raíz de las declaraciones del presidente de Empresas AquaChile, Víctor Hugo Puchi, en el diario La Tercera en donde señala la supuesta deuda que tendría el Gobierno actual y anterior con la industria del salmón, Iván Moreira, senador UDI por la región de Los Lagos, manifestó que “se cuestiona al Estado por falta de apoyo y toma de decisiones, pero se olvida que existe la autoregulación, actitud que la industria ha carecido desde sus inicios, se acostumbraron a ganar y ha sido su propia ambición la que los ha perjudicado productivamente y ahora le echan la culpan al Estado y a los políticos”.

Ahora bien, el otro senador por la región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros (PS), también respondió al emplazamiento del timonel de la mayor salmonicultora de capitales nacionales y, para esto, comenzó refiriéndose a cómo se determina cuánto es razonable producir en las zonas que el Estado ha definido como áreas aptas para la acuicultura (AAA). Es que para Puchi, el diagnóstico general después de la crisis del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAv) es que se otorgaron concesiones muy por sobre la capacidad biológica que hace que la industria sea sustentable. Esto implica que las regiones de Los Lagos y de Aysén han alcanzado su límite y cuando se excede se producen más enfermedades, mayores dificultades de contención e imagen, porque los salmonicultores pasan a ser un oferente en mercados mundiales con inestabilidad.

En esa línea, subrayó que “definir cuál es el nivel que soporta Chile en producción en las actuales áreas, es fundamental e imperativo”.

En contraparte, y tras consulta de AQUA, Quinteros (en la foto) aseguró que la definición de las AAA fue “producto de una muy amplia discusión, con una  gran participación, y diría privilegiada, del sector salmonicultor, con participación muy disminuida en el caso de los pescadores artesanales y con una nula participación de las comunidades de los pueblos originarios”.

Eso sí, aclaró que decir que el diagnóstico general después de la crisis del ISAv es que se otorgaron concesiones muy por sobre la capacidad biológica que hace que esta industria sea sustentable, “es absolutamente cierto y me alegra que tan importante empresario considere necesaria la intervención del Estado como regulador de algunas actividades económicas. Pero sin ser ideológico, creo que si bien es cierto que hay parte de responsabilidad de los gobiernos, todos y ninguno en particular, tampoco es menos cierto que la industria también es muy responsable; porque el papel del sector privado es central a la hora de reconocer su incapacidad de autorregularse y a su vez ponerse de acuerdo en medidas comunes que favorezcan la industria y al conjunto de la economía. El aporte del Sr. Puchi, a este respecto, es central y hay que reconocerle que no es la primera vez que señala opiniones en este mismo sentido; el problema es que aún es casi una voz en el desierto entre sus pares”.

Relación con las comunidades

Consultado por si ha habido indiferencia del mundo político hacia el sector salmonicultor y si sienten que han sufrido ataques gratuitos e injustos, Puchi comentó en la entrevista con La Tercera que la industria del salmón es “por lejos” la de mayor valor social en la regiones de Los Lagos y de Aysén, por su impacto laboral, pero no han podido capturar la “atención con calidad” de parte del mundo político.

“Siempre hemos sido el objetivo a quien dispararle, un flanco fácil de ataque del mundo político, porque aparecemos como exitosos. Pero la crisis del ISAv demostró que así como la industria fue exitosa durante muchos años, también fue tremendamente vulnerable”, puntualizó el presidente de AquaChile.

Quinteros, por su lado, considera que eso ha sido y es en buena parte producto de una distancia entre la industria y las comunidades donde se ubica. “Es que no ha habido y no se ve aún un esfuerzo serio y decidido de la industria por integrarse e integrar a la comunidad, con la idea que ambos -comunidad e industria- se sientan partícipes de un destino común y que en conjunto hay que cuidar. Y esto se debe hacer sin soberbia sino que considerando seriamente que la comunidad donde yo asiento mi industria es parte de ella y viceversa, y eso no se logra regalando televisores o juegos de camisetas a las escuelas o grupos de vecinos, sino que se logra con cambio de actitud más profunda que parte no por decir ‘damos’ cerca de 80.000 empleos, sino que ‘participamos con 80.000 empleos’”, enfatizó el senador, añadiendo que es muy diferente en el trato decir “regalar empleos” que “necesitar ese empleo”, para que las empresas funcionen.

“También en el ámbito laboral, un trato injusto, aprovechador y que no contribuye en nada, por ejemplo, a esta necesaria integración de la industria con la sociedad, es el uso indiscriminado de los contratos por ‘obra y faena’. ¿Es necesario entonces que el Gobierno tenga que modificar el Código del Trabajo para evitar el accionar de algunos aprovechadores? ¿No será mejor tanto en la rapidez de la solución como en los efectos de valoración de la industria, que sean las propias empresas las que en acuerdo con sus trabajadores eliminen esas y otras malas prácticas?”, se preguntó Quinteros.

Más adelante, el congresista dijo que hay cierta desconfianza en las propuestas que vienen del sector. Según sus palabras, se piensa comúnmente que “tienen que traer algo oculto”, y esto es producto de la disociación entre las empresas y la comunidad. “Nada más complejo hay para un funcionario público que adoptar una medida muy necesaria, imperativa, pero que a la vez favorezca a los salmonicultores, porque se arriesga a ser cuestionado en su probidad, y esto no es culpa del funcionario sino de esa fama de una industria soberbia y alejada de la gente, que solo persigue ciegamente su beneficio exclusivo”, comentó.

Clasificación de riesgo

Otro de los temas abordados por Puchi y que tuvieron respuesta en Quinteros, fue el relacionado con la baja en la clasificación de riesgo de Chile.

De acuerdo con el ejecutivo, “es una primera señal de que hay que revisar lo que se ha hecho y preguntarse: ‘¿Es este el camino, cómo corregimos?’. Yo creo que hemos ido en la dirección equivocada. Cuando se hagan correcciones se va a producir una nueva confianza pública, porque debiera robustecer la imagen que tenemos de país serio, que respeta el derecho privado, que fundamenta su crecimiento en el ejercicio de las libertades y el desarrollo individual”.

Para Quinteros, esa afirmación contradice todo lo anterior respecto a la falta de regulaciones por parte del Estado. “Las leyes, normas y reglamentos precisamente lo que hacen es limitar en lo posible y razonable el ejercicio absoluto de los derechos individuales para preferenciar o equiparar al menos los derechos colectivos, sobre todo cuando el ejercicio de esos derechos individuales implica el uso y goce de bienes comunes como el mar, la tierra y el aire”.

De igual manera, argumentó que el uso por parte de empresas de bienes comunes como la naturaleza, “requiere de limitaciones normativas objetivas por parte del Estado, que es el titular de esos bienes comunes, porque en caso contrario se cae en lo que ocurrió previo al fenómeno del ISAv o a la sobreproducción de los últimos años, donde cada uno hace y produce lo que quiere y como quiere”.

De todas formas, y pese a las diferencias, Quinteros cerró sus declaraciones destacando que “los aportes a la discusión de empresarios como este son de gran valor. El tema es cuántos con esa visión e intenciones hay en la industria”.

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