Tribunales ambientales han fallado cinco casos en favor de los vecinos

Luego de las duras protestas de los vecinos de Tiltil, en la Región Metropolitana, por la instalación de un relleno que recibirá desechos peligrosos, se abrió el debate sobre la judicialización de este tipo de conflictos. Para ello, quienes se oponen al proyecto deben, por norma, recurrir a los tribunales ambientales.

Estos fueron creados, entre otros fines, para resolver demandas por el presunto daño a los ecosistemas. Los tribunales de Valdivia y Santiago se constituyeron en 2013, mientras que los ministros de Antofagasta fueron designados recién este año, aunque la entidad aún no inicia sus operaciones formalmente. En cuatro años de funcionamiento, esta instancia ha dictado 13 resoluciones por daño ambiental. El balance indica que, a la fecha, cinco casos han tenido una sentencia en favor de los vecinos que se consideran afectados.

El resto de las presentaciones ha sido rechazada. Estas instituciones también han tramitado un total de 37 demandas en la capital y otras 30 en Los Ríos. En tanto, las reclamaciones en análisis, que sirven para impugnar las decisiones de la autoridad en materia ambiental, alcanzan las 213. De acuerdo al registro de los tribunales, las cinco causas acogidas fueron interpuestas por daños a la flora y fauna, por contaminación de metales o desechos en zonas cercanas a poblaciones.

Los dictámenes emitidos contemplan la recuperación de los ecosistemas perjudicados, la restauración de la calidad de las aguas, suelo, aire o aguas, entre otros. Los abogados que han participado en la tramitación de estas causas, junto a organizaciones ambientales, plantean que cuando han perdido las demandas se debe a lo complejo que resulta probar los daños al medioambiente en un juicio. Álvaro Toro, quien ha asesorado a comunidades que se han sentido afectadas, afirma que resulta “muy complejo o casi imposible ganar en causas como estas, pues se pide comprobar que la presentación tiene base”.

Es así como se deben entregar estudios científicos sobre las áreas afectadas, los que tienen un alto costo. En contraste, señala que las empresas aludidas poseen recursos para pagar diversos peritajes. Sin embargo, para otros sectores, la creación de estas instituciones implica un avance en cuanto al acceso a la justicia en este ámbito. El ex subsecretario de Medio Ambiente Rodrigo Benítez señala que estas instancias son especializadas, por lo que “han permitido tecnificar la resolución de los conflictos ambientales.

Si bien se ha reclamado respecto de los plazos que se toman en resolver, creo que eso poco a poco se ha ido ajustando de mejor manera, para lograr decisiones oportunas”. Sin embargo, al igual que ocurre con los otros tribunales de primera instancia, los fallos de estos juzgados pueden ser apelados ante las instancias superiores. En caso de una resolución desfavorable para una de las partes, indica la normativa vigente, lo que corresponde es presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema.

CASOS EMBLEMÁTICOS QUEBRADA INTERVENIDA

La intervención de una zona de preservación en la Quebrada de La Plata, en Maipú, motivó que el municipio presentara una demanda por daño contra una minera española, en 2015 Según el fallo, la firma realizó la corta de flora, que afectó el ecosistema, por lo que se ordenó la reforestación con especies originarias, entre otras exigencias. La organización que defiende este lugar acusó que no han cumplido las medidas.

VERTEDERO EN PUERTO NATALES

Dos vecinos demandaron a la Municipalidad de Puerto Natales por un vertedero ilegal junto a su casa, en 2014. La sentencia indica que los residentes acreditaron un daño al medioambiente y que resultaron afectados. Los jueces ordenaron que el municipio aplicara un plan de limpieza y sacara los residuos que cayeron sobre los árboles. Se deberá informar al Ministerio de Salud sobre esas labores.

GLACIARES EN PASCUA LAMA

Agricultores de Alto del Carmen, en Atacama, presentaron una demanda contra Barrick Gold, en 2013, por instalarla minera Pascua Lama en glaciares cordilleranos. El tribunal resolvió que no constató daño ambiental. En Barrick explican que la sentencia concluyó que “la cantidad y calidad del agua de la cuenca se ha comportado de manera similar a la cuenca de comparación, que está fuera del área de influencia del proyecto”.

METALES EN UN VALLE

Un grupo de vecinos del valle de Copaquilla, en Putre, XV Región, demandó al Ministerio de Medio Ambiente, en 2013, por la presunta responsabilidad del Estado al permitirla contaminación de una minera, que había dejado residuos y productos tóxicos en los 80 y que habrían afectado cauces para riego. El fallo de 2015 indica que encargaron informes técnicos, pero que no se comprobó presencia de metales pesados.

Oriana Fernández