Ordenamiento territorial: el caso de Dominga

Las decisiones de localización de proyectos de inversión pública y privada en nuestro país, actualmente responden a criterios propios de sus titulares, como los requisitos de funcionamiento, al menor costo posible.

Esto no reviste novedad, considerando el contexto ideológico dominante y el marco regulatorio existente en el país con respecto a la libertad de acción del sector privado. Es por ello que es a la autoridad a quien le corresponde la incorporación de la dimensión de la economía local, social y ambiental.

En los últimos años el borde costero de la Región de Coquimbo ha estado fuertemente presionado por iniciativas de ocupación de carácter industrial, energético y minero. Cabe señalar que, junto con el Proyecto Minero Dominga, han existido proyectos termoeléctricos que pretendían la utilización de carbón para su funcionamiento, como Barrancones, Farellones, y Cruz Grande, que fueron desistidos por sus respectivos titulares en medio de una férrea oposición por parte de organizaciones locales de la sociedad civil y grupos ambientalistas, quienes señalaban que su construcción y puesta en marcha podría dañar irremediablemente la biodiversidad de las áreas protegidas cercanas.

En efecto, el área de influencia de estos proyectos es un territorio especialmente protegido por dos tipos de instrumentos jurídicos: aquel aplicable a la planificación del uso del borde costero de la Región de Coquimbo -la Zonificación del Borde Costero que define el sector poniente de la zona costera de la Comuna de La Higuera como una zona de interés ecológico- y otro que establece áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación -cercanos al área de estos proyectos, se encuentra el Sitio Prioritario Punta Teatinos, Sitio Prioritario Área Marina Punta de Choros, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, Reserva Marina Islas Choros-Damas-.

Aún con estos antecedentes, puede observarse una insistencia por parte del empresariado para desarrollar proyectos que claramente contravienen los objetivos establecidos, tanto en la zonificación del territorio, como en el establecimiento de áreas protegidas en el borde costero de la Región de Coquimbo. Esta situación se repite a nivel nacional, recordemos el emblemático caso de las represas de HidroAysén más su tendido eléctrico, que hubiese afectado a 4 parques nacionales, 8 reservas nacionales y más de 26 humedales del país.

Pareciera que no está suficientemente claro que el establecimiento de áreas protegidas en sí mismo constituya un tipo de ordenamiento y planificación del territorio. Estas áreas son lugares muy valiosos en biodiversidad que deben ser respetados, pues producto de la lógica de la humanidad relativa a la depredación de la naturaleza y sus bienes comunes, es necesario crear lugares para abrigarla. Es por ello que más allá del contexto político en el que el Comité de Ministros dio su veredicto respecto a “Dominga”, el rechazo a un proyecto de carácter extractivista en un territorio rico en biodiversidad y frágil, es un completo acierto.

Desde Terram consideramos que es un avance significativo que el sector empresarial comience a hablar de la necesidad de una planificación y ordenamiento efectivo del territorio. Pues, es conocida la debilidad del país en materia de ordenamiento territorial y la debilidad de los instrumentos de planificación, una de las causas fundamentales de los conflictos territoriales de carácter socio ambiental, y por consiguiente la declinación a la realización de algunas inversiones privadas.

Sin embargo, contar con una institución nacional de ordenamiento y planificación de los territorios puede seguir resultando nefasto para el país si este ordenamiento y planificación es entendido como la suma de una serie de instrumentos, donde el aprovechamiento y la apropiación económica de los territorios son cobijados bajo el discurso del “desarrollo” y el “progreso”. Esto, por una parte, invisibilizaría y dificultaría la posibilidad de validación de lógicas de desarrollo futuro que provengan directamente de perspectivas locales, y por otra continuaría en la misma lógica actual cargándole el peso del “crecimiento económico a cualquier costo” a nuestros ecosistemas.

En tal sentido, el debate abierto con el rechazo del Proyecto Minero Dominga debe ser revisado y analizado con detención, pues no necesitamos que al amparo de un supuesto ordenamiento territorial se siga validando el mismo tipo de desarrollo, la discusión debe ser más de fondo.

Fernanda Miranda – Geógrafa Fundación Terram