Cambios a Ley de Pesca entran al congelador y gobierno no cumple con envío al Congreso

Presidenta Bachelet había comprometido, en junio, que en el tercer trimestre despacharía las modificaciones. Fuente: El Mercurio, 3 de octubre de 2017.


El ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, recibió de Subpesca propuestas con modificaciones, pero sus prioridades están en la Ley de Bancos, el proyecto que fortalece el Sernac y otro para agilizar inversiones.

Terminó el tercer trimestre y los cambios anunciados por el Gobierno a la polémica Ley de Pesca no llegaron hasta el Congreso. Y tampoco tienen fecha segura para ser despachados por el Ejecutivo al Parlamento.

“Sé que necesitamos una legislación pesquera moderna, que resguarde los intereses de todos los chilenos. Por eso, durante el tercer trimestre enviaré a este Congreso una propuesta de modificaciones sustantivas a la Ley de Pesca”, afirmó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su cuenta pública el pasado 1 de junio.

Hoy el tema está congelado y en el Congreso afirman que no han recibido noticias de la iniciativa. Ello, pese a que desde 2016 han existido gestiones con miras a adecuar esta legislación. Esta ha sido cuestionada por sectores políticos y pesqueros, entre otros, por supuestos contactos entre representantes de la pesca industrial con congresistas durante la tramitación de la norma que rige desde 2013, desde el gobierno de Sebastián Piñera.

Entre las gestiones, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), estableció el año pasado una mesa de trabajo con parlamentarios de la Nueva Mayoría para abordar modificaciones a la normativa. Esa instancia de diálogo surgió tras la intención -a inicios de 2016- del Partido Comunista de anular la ley.

Igualmente, en los pasados tres meses, Subpesca realizó cerca de 60 reuniones con organizaciones pesqueras industriales y artesanales para levantar información con miras a modificar la ley, indican fuentes del Ejecutivo. En estas citas se abordaron también las conclusiones del informe encargado por el Gobierno en 2015 a las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) -divulgado en octubre de 2016- que dio recomendaciones para perfeccionar la normativa. Entre ellas, la entidad señaló que la asignación de derechos de explotación a la pesca industrial debe tener “aceptabilidad política”.

Las conclusiones de dichas reuniones lideradas por Subpesca ya fueron terminadas y remitidas al ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, quien debería decidir darles curso al interior del Ejecutivo para que luego pasen al Congreso.

Pero para Rodríguez -quien solo lleva un mes en el cargo que ocupó hasta fines de agosto Luis Felipe Céspedes-, abordar los cambios a la norma pesquera no está en su horizonte de corto plazo. Sí es prioritario para él, según reconoce, impulsar la nueva Ley General de Bancos, el proyecto que buscar fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y otro misceláneo para agilizar inversiones.

Las propuestas de Subpesca podrían ser simplemente timbradas y despachadas al Parlamento. Pero también pueden ser intervenidas por Economía y La Moneda. Por esto, quienes las conocen evitan referirse a ellas.

Las reformas que se barajan

Uno de los eventuales cambios que preocupan a las empresas pesqueras industriales es el que afectaría a las renovaciones de licencias de extracción. Estas fueron otorgadas a 20 años plazo en el marco de la nueva normativa, renovables de forma automática por idéntico lapso. Pero esto último -renovación- se ha mencionado como uno de los puntos a revisar por parte de la autoridad, para eliminar privilegios de grandes pesqueras.

Otros cambios que se señalaron el año pasado, cuando Raúl Súnico era subsecretario de Pesca (renunció en enero de 2017 tras ser cuestionado por los vínculos laborales de su esposa con la Asociación de Industriales Pesqueros), fueron el perfeccionamiento de los mecanismos de licitación de recursos marítimos y temas relacionados a la convivencia de la pesca industrial y artesanal en una misma área oceánica.

Fin a renovación

Eventual cambio que preocupa a la industria es el fin a renovación automática de licencias de pesca.

Parlamentarios sin noticias y gremios industriales dicen que no han discutido tema con el Ejecutivo

En las comisiones de Pesca del Senado y de la Cámara de Diputados no han tenido noticias en el último tiempo sobre las reformas a la ley, mientras que en los gremios pesqueros industriales aseguran que no han abordado con el Ejecutivo este tema.

El presidente de esa instancia en el Senado, Rabindranath Quinteros (PS), sostiene que “estamos disconformes” con la demora por parte del Ejecutivo respecto de los ajustes a la normativa. Afirma que esta semana espera conversar con las autoridades de Economía y Subsecretaría de Pesca para que se agilice este tema.

El presidente de la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Juan Morano (DC), señala que octubre es la fecha cuando esperan debatir estas modificaciones.

Morano precisa, de todos modos, que ya se han realizado ajustes en temas pesqueros sin la necesidad de un proyecto emanado desde el Ejecutivo. Como ejemplo, comenta adecuaciones relacionadas al impacto de las reiteradas marejadas sobre el trabajo del rubro pesquero.

La presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda, asegura que no se ha reunido con Subpesca por las modificaciones a la Ley de Pesca. Pero admite que sí lo hizo con el subsecretario de Pesca, Pablo Berazaluce, el 15 de mayo pasado, para presentarle un proyecto de promoción del consumo de pescado y darle el saludo protocolar como nueva titular de dicho gremio. Cepeda reemplazó a Luis Felipe Moncada, quien fue acusado de realizar gestiones con parlamentarios durante la tramitación de la normativa.

En Sonapesca, principal gremio del rubro, también señalan que no han discutido con la autoridad sobre esta legislación. “Como industria, creemos que la ley actual opera bien en la mayoría de sus frentes y es una norma de vanguardia, porque asegura la extracción sustentable de biomasa y la recuperación de las pesquerías, pues hoy prima el criterio científico por sobre cualquier otro. La verdadera amenaza para la pesca nacional es la pesca ilegal”.

Cepeda sostiene que Asipes no es contraria a perfeccionar la norma, pero indica que “las reformas deben ser para mejorar, modernizar y proteger al sector pesquero chileno en general”. Añade que “esperamos que en el futuro la ley permita entregar mayores recursos económicos del Estado para la investigación, fortalecer los Comités Científicos Técnicos e igualar los beneficios sociales de los trabajadores industriales a los del sector artesanal”.

Marco Gutiérrez V.

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