Chile: ¿Qué temas ambientales deberían ser prioridad para el próximo presidente?

Mongabay Latam consultó a un grupo de especialistas sobre los temas ambientales que deberían ser prioridad para el próximo presidente chileno. Fuente: Es.mongabay.com, 15 de noviembre de 2017.


Este 19 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Chile. Quien lidera las encuestas —y es en este momento el principal candidato a suceder a la presidenta Michelle Bachelet— es el exmandatario y actual candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera. El oficialista Alejandro Guillier, de Fuerza de Mayoría, ocupa el segundo lugar.

Si ninguno de los candidatos logra la victoria con más del 50 % de los votos, el 17 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta, en la que participarán quienes hayan ocupado los dos primeros lugares en la jornada electoral de este domingo.

A propósito de las elecciones en Chile, Mongabay Latam consultó a un grupo de especialistas sobre los temas ambientales que deberían ser prioridad para el próximo presidente chileno. Estas son sus opiniones:

1.- Ricardo Bosshard (Director de WWF Chile):

Es crítico que el país cuente con un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que pueda recoger las expectativas de diversas organizaciones ambientales, tanto nacionales como internacionales, que llevamos cerca de una década empujando por su creación y puesta en marcha. Este Servicio debe ser moderno, eficiente y robusto, rescatando lo mejor de las experiencias internacionales y contando con las competencias y atribuciones necesarias para cumplir con su objetivo: la conservación efectiva de la diversidad biológica del país con énfasis en las especies y ecosistemas amenazados o degradados. El SBAP es clave para la conservación y el manejo efectivo de las Áreas Protegidas en Chile, que esperamos que sigan creciendo hasta llegar a un 30% de la superficie del país, tanto en espacios terrestres como marinos.

Chile debe profundizar sus esfuerzos para reducir sus emisiones, descarbonizar la economía y llegar a instalar la mitigación y adaptación al cambio climático como eje transversal de las políticas públicas. El cambio climático no debe abordarse solo como un tema ambiental, sino que se trata de un problema también social, económico, sanitario y cultural, por lo tanto es una variable transversal que debe ser considerada desde las nuevas obras públicas, el transporte y la calefacción domiciliaria, hasta los planes preventivos de desastres. Chile puede convertirse en un país líder en mitigación y adaptación al cambio climático en la región, considerando nuestra alta vulnerabilidad, que se manifiesta en riesgo de desastres naturales, pero también en relación a las oportunidades de empleos verdes y nuevas alternativas de desarrollo económico sustentable. En lo concreto, esto requiere fortalecer la institucionalidad del cambio climático, con más facultades y recursos para la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático; concretar una Ley de Cambio Climático y velar por una mejor implementación de las políticas de adaptación. Asimismo, al 2050 se deben reducir en 50 % nuestras emisiones y al 2030 proponemos promover un pacto público privado que levante un millón de hectáreas de bosque nativo restaurado, y no solo 100.000 como se ha comprometido. En materia energética, al 2030 el 70 % de la energía del país debe provenir de fuentes renovables, llegando el 2050 a un 100%.

En materia de océanos, pesquerías y acuicultura, deben crearse nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP’s) en zonas que hoy no están debidamente resguardadas. Por ejemplo, WWF Chile propone una red de AMP’s en zonas costeras de la Patagonia chilena, siendo un punto de partida la declaratoria de una AMP en la zona de Isla Guafo, al sur de Chiloé. En esta materia, es imprescindible disponer de más recursos y capacidades para realizar un manejo efectivo y participativo de estas AMP’s. Asimismo, deben profundizarse los esfuerzos por recuperar las pesquerías actualmente colapsadas y sobreexplotadas, a la par que debe contarse con una Ley de Pesca que tenga legitimidad y credibilidad para todos los actores del sector, manteniendo o perfeccionando los aspectos de sustentabilidad y criterios técnico/científicos incorporados en la ley que rige desde 2013. Sobre salmones, en tanto, su producción debe ser totalmente erradicada de los lagos del sur de Chile; también debe existir mayor rigurosidad en la selección de sitios en el mar; mantener la moratoria a la expansión salmonera en Magallanes; establecerse límites a la producción en relación a la capacidad de carga de los ecosistemas, y exigirse mejoras en los sistemas de gestión y buenas prácticas sanitarias, incorporando límites al uso de químicos y antibióticos, y un manejo adecuado de mortandad. Esto, además de la incorporación de mejores estándares sociales y ambientales, equiparándose las exigencias nacionales a certificaciones internacionales como ASC.

2.- Liesbeth van der Meer (Directora Ejecutiva de Oceana Chile)

Protección de borde costero: Que se implemente una planificación del borde costero en donde se especifiquen lugares de conservación y se defina la vocación de desarrollo de las áreas mediante un proceso participativo. Por otra parte, que las empresas estatales se evalúen mediante el sistema de evaluación ambiental para minimizar su impacto sobre las zonas saturadas o también llamadas zonas de sacrificio.

Regulación industria salmonera: Tomar medidas para reducir la cantidad de antibióticos que se utilizan en la producción de salmones, junto con la prohibición de relocalizaciones a zonas libres de salmonicultura y la moratoria definitiva de relocalizaciones en la zona de Magallanes.

Recuperación de pesquerías: Junto con la implementación de planes de manejo, la recomendación científica y el enfoque ecosistémico en el establecimiento de cuotas de pesca, se debe considerar el enfoque precautorio por al menos tres años, antes de mejorar el status de las pesquerías, es decir, una pesquería debe dar signos de recuperación de manera consistente antes de mejorar su status. Además, en este aspecto, se debe combatir la pesca ilegal mediante trazabilidad e impulsar terminales de ventas regionales para la pesca artesanal.

3.- Claudia Silva (Coordinadora de Estrategias de Conservación de WCS Chile)

Construir resiliencia al cambio climático: Situar la resiliencia al cambio climático, como foco del desarrollo del país en todos sus ámbitos, destacando allí el rol crucial de la biodiversidad en la mitigación y adaptación. Consecuentemente, tornar a un cambio de paradigma en donde la conservación de la biodiversidad es un elemento crucial para el desarrollo de la nación.

Fortalecer institucionalidad ambiental: A nivel político-administrativo, urge completar la institucionalidad ambiental, creando un servicio público a cargo de la conservación de la biodiversidad en su globalidad (no solo restringido a áreas protegidas) fortaleciendo paralelamente la institucionalidad ya existente. Esta es una medida instrumental para un país que basa su desarrollo en los recursos naturales y que tiene una alta vulnerabilidad al cambio climático.

Gestión del territorio: Las medidas anteriores se deben reflejar claramente en los territorios y maritorios, mediante ordenamiento territorial, restauración de ecosistemas terrestres, y un manejo integrado de las zonas costeras y marinas. Eso permitirá un desarrollo que se construya conservando los valores culturales y naturales que lo sustentan, en un círculo virtuoso, a diferencia de uno en que el país se empobrece en base a un extractivismo más allá de la capacidad regenerativa del sistema socio-ecológico.

4.- Flavia Liberona (Directora Ejecutiva Fundación Terram)

Agua: Probablemente uno de los problemas más importantes que deberá afrontar un nuevo gobierno se relaciona con el agua, en distintos aspectos. Actualmente existen demandas ciudadanas por la recuperación de las aguas en Chile, por tanto un nuevo gobierno deberá, al menos, instalar la discusión sobre cuáles son los mecanismos para la recuperación de las aguas por parte del Estado. Actualmente en Chile la legislación separa la propiedad del agua de la propiedad de la tierra. Además permite que se entreguen derechos de aguas a privados y que estos sean tranzados entre privados sin ninguna transparencia. Esto tiene como consecuencia que el Estado no tiene información actualizada, ni instrumentos para gestionar el acceso al agua de la población. En este sentido, se debería avanzar hacia la obtención de información pública actualizada, de forma obligatoria y establecer instrumentos de gestión de aguas por parte de instituciones públicas. Además, Chile debe garantizar el acceso al agua potable para todos los habitantes del territorio nacional, situación que actualmente no ocurre. En este sentido hay que abordar aspectos que tienen que ver con el despojo y/o la usurpación de agua hacia comunidades locales, pero también dentro de la problemática del agua está la generación de regulaciones que garanticen la protección de glaciares, actualmente afectados por la actividad minera, así como normativa que establezca estándares para disminuir la contaminación de las aguas y la dictación de normas secundarias de calidad de las aguas.

Financiamiento de áreas protegidas públicas: Durante el Gobierno de Michelle Bachelet adquirió relevancia la creación de áreas protegidas como instrumento para la conservación de la biodiversidad. Incluso al interior del gobierno se ha instalado la idea de que este será el “Legado de Bachelet”. Esto se debe a que la presidenta, en conjunto con ONG’s, ha promovido la creación de áreas marinas, además de acordar con Kristine Tompkins los términos de lo que se ha denominado “La gran donación” o la “Red de parques de la Patagonia”. Sin embargo, un futuro gobierno deberá afrontar varias problemáticas que están relacionadas con el financiamiento e implementación de estas áreas protegidas públicas, pues para las áreas protegidas marinas el gobierno hasta ahora no ha destinado presupuesto para su implementación. En lo que respecta a la red de parques de la Patagonia, estos deberán sumarse al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Estado (SNASPE), sistema que cuenta con muy bajo presupuesto para cumplir las tareas de administración y gestión, que le son propias. De hecho, en el presupuesto de la nación, actualmente en discusión, hay una disminución de 10,5 % para el SNASPE. Adicionalmente, un futuro gobierno deberá definir qué hará en materia de conservación de la biodiversidad, en general, pues como lo señalan los informes de la OCDE 2005 y 2016, Chile presenta retraso en estos temas.

Contaminación y zonas de sacrificio: En Chile existen muchas ciudades con altos niveles de contaminación atmosférica. Este es un panorama que se repite cada invierno en el sur de Chile. Además, existen varias ciudades afectadas por contaminación de centrales termoeléctricas y fundiciones, las cuales se han autodenominado “Zonas de Sacrificio”. Buscar soluciones a los problemas de contaminación en Chile no es fácil y pasa por generar normativa para el uso de la leña, así como regulaciones para las termoeléctricas y fundiciones. Un futuro gobierno deberá afrontar estas problemáticas y buscar soluciones, las cuales son cada vez más necesarias y urgentes. Esto pasa por establecer más y mejores planes de descontaminación, actualizar y mejorar la norma de emisión de termoeléctricas, así como establecer regulaciones para el uso de la leña como combustible.

 

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