Estudio advierte déficit de recursos y de dotación de la Superintendencia y los tribunales ambientales

Análisis del Centro de Políticas Públicas UC evaluó la institucionalidad. Fuente: El Mercurio, 6 de noviembre de 2017.


Especialistas piden una glosa presupuestaria que permita garantizar procedimientos de control. Dicen que se está volviendo a la lógica de la antigua Conama.

En diciembre se cumplen cinco años desde que Chile cuenta con una Superintendencia de Medio Ambiente. Una década antes, en 2005, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) había diagnosticado, en un estudio, un débil sistema de fiscalización medioambiental en el país y proponía un cambio radical, que pasaba por la creación de una entidad con mayores atribuciones para cumplir procesos de control y sanción eficientes, y no desperdigados en diversas entidades estatales.

Un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas de la UC advierte varios déficits que persisten, como la falta de recursos, dotación y gestión que, a juicio de los autores, han impedido “despegar” a la Superintendencia.

A la luz de lo anterior, la investigación advierte que se opera con la misma lógica de la antigua Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama).

Esta situación se origina, explica, por falta de recursos y de personal para realizar procedimientos de fiscalización. “Se utiliza personal de terceros servicios y el presupuesto de esa fiscalización no es de la Superintendencia, sino de esos servicios. Y cuando el giro de esos servicios no es solamente la fiscalización, no se le da prioridad. Por eso, una de las propuestas es generar presupuestos sectoriales, con una glosa asignada a la Superintendencia, para garantizar que los procedimientos se cumplan”, afirma uno de los autores de la investigación, el ex subsecretario Ricardo Irarrázaval.

Otro problema de fondo, advierte, es cómo se priorizan los procedimientos y se aplican las multas. Como las labores se aplican a las 15 mil resoluciones de calificación ambiental (RCA), dice que se debe priorizar en aquellas de mayor riesgo ambiental. “La Superintendencia está obligada a fiscalizar todo lo que establece una RCA, aunque no necesariamente se refiera a riesgos ambientales, y esto no permite focalizar su acción”.

El también especialista en Derecho Ambiental, dice que es necesario hacer corrección a los tribunales ambientales. Dice que hoy demoran excesivamente en resolver causas. “El tribunal de Valdivia, por ejemplo, demora 200 días y el de Santiago, 400. Luego, el Comité de Ministros toma otros 12 o 13 meses. Y para proyectos de inversión eso debiese demorar un año y medio o dos”.

El estudio realizado por los académicos comparó también el desarrollo de la institucionalidad chilena y la comparó con la colombiana y peruana, que se crearon en fechas similares.

Kay Bergamini, geógrafo del Instituto de Estudios Urbanos de la UC y uno de los autores de la investigación, explica que mientras la chilena cuenta con 250 funcionarios, la peruana ya tiene 600, y ha logrado implementar un foco de control en sectores económicos. “También en ese país las multas aplicadas sirven para financiar a la OEFA (el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú); en Chile, en cambio, los recursos se van a la Tesorería”.

En relación con los recursos, el académico dice que el presupuesto de la Superintendencia, de $10 mil millones, “es un tercio del asignado para el Ministerio del Medio Ambiente. Es la superintendencia que tiene menos presupuesto después de la de Casinos”.

“El Mercurio” intentó conocer la opinión del Ministerio de Medio Ambiente, pero ello no fue posible.

Sanciones

El estudio propone racionalizarlas en relación con la relevancia ambiental.

Manuel Valencia

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