El equipo de Fundación Terram selecciona lo que considera lo más positivo y lo más preocupante que ha acontecido en la semana que culmina.
Lo Mejor y lo Peor de la semana del 10 de noviembre de 2017
Lo Mejor
Corte Suprema confirmó sentencia del Tribunal Ambiental que anuló la aprobación del Hotel Punta Piqueros
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por la Inmobiliaria Punta Piqueros en contra del Tribunal Ambiental de Santiago, confirmado así la sentencia dictada por la judicatura en octubre de 2016 que anuló la aprobación ambiental del proyecto Hotel Punta Piqueros, ubicado en la costa de Reñaca. Concluyó que no había considerado debidamente las observaciones ciudadanas relacionadas con el impacto al valor paisajístico, las áreas protegidas, la flora y fauna, y los riesgos ante tsunamis y marejadas.
Recordemos que el recinto turístico se había comenzado a edificar con permiso municipal el año 2011 y en octubre de 2016 la Corte Suprema ordenó invalidar el permiso de edificación. En la construcción del hotel se dinamitó parte de una zona que es Santuario de la Naturaleza, compuesta por el Campo Dunar y la Roca Oceánica. Se destruyó el Peñón Orejas de Burro, de alto valor ambiental, alterando significativamente la unidad geomorfológica de esta zona. La brutal demolición contaminó con material sedimentario-rocoso la zona bentónica de la Caleta de Pescadores Montemar, afectando una zona de reproducción del loco, por la no utilización de barreras de contención sólidas que protegieran el medio ambiente marino.
Lo Peor:
Estudio advierte déficit de recursos y de dotación de la Superintendencia y los tribunales ambientales
Estudio del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica advirtió deficiencias en el funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, a casi cinco años desde que el organismo fiscalizador comenzara a cumplir funciones en nuestro país. Las principales insuficiencias se relacionan con la falta de recursos y de personal para realizar procedimientos de fiscalización, poniendo énfasis en que el personal y presupuesto utilizado en la fiscalización no pertenecen a la Superintendencia, sino que a otros servicios sectoriales, para los cuales la fiscalización ambiental no es prioridad.
Además, el estudio criticó la falta priorización de los procedimientos y sanciones de acuerdo a su relevancia ambiental, teniendo en consideración el gran contenido de instrumentos a fiscalizar por el organismo.
Por otro lado, el estudio abordo otras problemáticas asociadas a la institucionalidad ambiental como la excesiva demora que presentan los Tribunales Ambientales en la resolución de causas.