Caso Dominga podría incluir acuerdo de conciliación ante el Tribunal Ambiental

Una organizaciónde pescadores deLa Higuera busca reactivar la iniciativa. Fuente. El Mercurio, 21 de enero de 2018.


La controladora de la iniciativa, Andes Iron, y el Servicio de Evaluación Ambiental se reunirán este martes a definir el destino de una inversión de US$ 2.500 millones.

El proyecto Dominga, que contempla la construcción de una mina de hierro y cobre, así como un terminal portuario para exportar estos minerales desde la comuna de La Higuera, Coquimbo, fue rechazado en agosto de 2017 por el Consejo de Ministros.

La iniciativa desató las críticas de agrupaciones ambientalistas, pues el puerto se ubica a 30 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y, alegan, podría afectar a la fauna marina del sector.

Parte de estas demandas fueron acogidas por el consejo ministerial, que rechazó la iniciativa por “falta de medidas de mitigación”, según informó entonces el ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena.

Andes Iron, controladora de la iniciativa, buscaba producir al año 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre. Para exportar el mineral se planificó la construcción de un terminal de embarque en el sector de Totoralillo Norte. La inversión contemplada es de US$ 2.500 millones, y durante su construcción se esperaba generar 9.800 puestos de trabajo y otros 1.450 empleos directos en la operación.

Reactivación

El freno que significó la decisión de los ministros podría revertirse.

Esto, porque Andes Iron presentó una reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que tiene jurisdicción sobre la Región de Coquimbo.

A través de la acción judicial buscan revertir la resolución que rechazó el Estudio de Impacto Ambiental.

La audiencia tendrá lugar este martes, en Antofagasta, y en la ocasión se verán las caras representantes de la minera y el Servicio de Evaluación Ambiental.

La instancia se declaró admisible en diciembre, y entonces el tribunal anunció que no aceptaría presiones de ninguna de las partes.

Respecto del futuro de Dominga, Daniel Guevara, presidente de este tribunal, reconoció que no “está cerrada” la opción de un acuerdo de conciliación entre las partes.

Guevara (abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, 45 años) explicó que “cada una de las partes intervinientes tiene un máximo de media hora para exponer sus argumentos. Es una causa que podría durar unas cuatro horas continuas, eventualmente extenderse al día siguiente, aunque esperamos que no”.

Ante la actual remodelación del Tribunal Ambiental de Antofagasta, se optó por programar la audiencia en la Corte de Apelaciones local. “El espacio institucional va a ser muy confortable, ya que la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha previsto facilitarnos las instalaciones, porque todavía no se ha terminado de construir la sala de audiencias del Tribunal Ambiental”, describió el abogado.

Guevara cree que hay posibilidades de un avenimiento.

“Eventualmente, un Tribunal, dentro del principio general de derecho y las normas del Código de Procedimiento Civil, puede llamar a las partes a conciliación. Ciertamente, eso es un equivalente jurisdiccional, porque en este caso, lo que debe garantizar el juez es la preservación del Medio Ambiente. Desde ese punto de vista no hay que cerrarse a la posibilidad de un diálogo que conduzca a un equivalente jurisdiccional relevante. Pero hay que ir paso a paso, y eso se verá en la audiencia”, afirmó.

Además, el presidente del tribunal planteó que los acuerdos de conciliación resultan hoy una alternativa común de entendimiento en materias de alta complejidad penal.

“Aquello que hace 20 años era muy cuestionable en materia penal, hoy nadie lo cuestiona. Cosas como la suspensión condicional de un procedimiento, acuerdos reparatorios, la capacidad que defensores y fiscales lleguen a un entendimiento de alta complejidad penal, económica, por supuesto con límites, como en materia laboral y familiar”, sostuvo.

“En materia ambiental, por supuesto, lo que hay que resguardar es el bien público, que el Estado debe conservar; pero cerrarse a una solución de una controversia por una vía de entendimiento entre las partes en un país como el nuestro sería un error. Porque eso también exige una madurez democrática de los que son intervinientes en una litigación”, detalló el abogado.

Guevara adelantó que la resolución del caso podría conocerse pronto. “Desde la vista de la causa, son 30 días corridos, salvo que las partes, por ejemplo, pidieran un plazo para evaluar unas bases de acuerdo, que sería algo muy innovador, y en segundo término que hubiera alguna medida para mejor resolver. De lo contrario, desde la vista de la causa, son 30 días corridos a la fecha de la sentencia, con lo cual estaríamos hablando de un fallo durante el mes de marzo”, anticipó.

Apoyo

En la antesala de la audiencia de reclamación, el viernes pasado un grupo de integrantes de la Mesa Comunal de La Higuera presentó una acción judicial en el Primer Tribunal Ambiental en apoyo al proyecto portuario minero Dominga. Los dirigentes vecinales afirmaron representar al 80% de los poco más de 4 mil pobladores de la localidad y buscan defender un Acuerdo Marco con la comunidad que implica una retribución de hasta $2.683 millones al año, según el precio internacional del hierro.

“Sería un tema innovador, pues si bien las normas supletorias aplicables son las del Código Civil, que considera expresamente la conciliación, en reclamaciones administrativas no hay precedentes”, señaló el presidente del tribunal.

Claudio Cerda Santander

 

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