Contraloría aprueba uso de recursos FNDR en proyecto eólico de Enap y desestima denuncia de cores

Según los consejeros regionales, la iniciativa estatal favorecería principalmente al perímetro urbano y no a las áreas de interés social enfocadas a sectores rurales, como lo establece el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Fuente: La Prensa Austral, 6 de enero de 2018.

El jueves pasado la Contraloría General de la República (CGR) aprobó la utilización de US$5 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para el aporte del gobierno regional al financiamiento de la construcción del Parque Eólico de Enap en Magallanes, iniciativa que aportará en torno a los 10 MW de potencia a la generación eléctrica local, lo que equivale a un consumo anual de 6 mil hogares.

Junto con autorizar la iniciativa que desarrollará Enap, el ente contralor destacó que este proyecto a emplazar en terrenos de la empresa estatal, en el sector de Cabo Negro-Laredo, beneficiará a cerca de 130 mil habitantes, implicando esto ‘una inversión de interés social para toda la región’, dado que permitirá el desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y la consiguiente diversificación de la matriz energética en la zona, aumentando la suficiencia y seguridad del sistema eléctrico, reduciendo emisiones contaminantes, y estabilizando las tarifas para los consumidores.

El parque generador contempla la construcción de tres turbinas -de 3,3 MW en potencia eléctrica, a 80 metros de altura- una inversión de entre US$ 22 millones y US$24 millones, y ya cuenta con autorización ambiental, la que fue otorgada por la Comisión Evaluadora de Magallanes el 14 de marzo de 2017. Con esta iniciativa, sostuvo la empresa, la región aumentará de un 2% a un 18% la presencia de energía limpia en su sistema eléctrico, convirtiéndose en la zona con mayor proporción de ERNC (Energía Renovable No Convencional) en el país. En tal contexto, el proyecto Parque Eólico de Enap -cuya vida útil se estima en 20 años- sumará una generación anual estimada de 39.420 MWh. Para conectar el nuevo nodo al sistema se requerirá la construcción de una nueva línea eléctrica de 23 kV de aproximadamente 20 km de longitud.

Puntapié inicial

El gerente de Enap Magallanes, Ramiro Parra Armendaris, señaló que con esta aprobación por parte de Contraloría, será posible iniciar el trabajo de detalle para la puesta en marcha del proyecto y no se descarta mirar nuevos lineamientos en esta materia. ‘Comenzamos con estos tres aerogeneradores incorporando 9 megas y seguiremos viendo cómo de acuerdo a las disponibilidades técnicas, podríamos seguir incorporando ERNC y cumplir con el mandato de la agenda de energía. Esperamos que éste sea el puntapié inicial para que esta zona austral siga liderando por muchos años en cuanto a presencia de ERNC en su matriz’, dijo en relación a esta iniciativa que será desarrollada por la petrolera en conjunto con la empresa regional Pecket Energy.

En cuanto a una posible mirada hacia un crecimiento en este ámbito, Parra indicó que cualquier decisión futura relativa al tamaño del parque estará asociada a las condiciones de demanda eléctrica en la región, enfatizando que por ahora, el compromiso de la petrolera con el desarrollo de fuentes de generación de energía limpia y sostenible está enfocado en lograr el éxito de este proyecto, el que asegura: ‘será un aporte a la matriz energética de Magallanes y la calidad de vida de sus habitantes’.

Rechazo de cores 

Cabe recordar que la instancia aprobatoria se da luego que en mayo del año pasado los consejeros regionales, Alejandro Kusanovic y Roberto Sahr interpusieran una denuncia ante la Contraloría aduciendo que la iniciativa enapina favorecería principalmente al perímetro urbano y no a las áreas de interés social enfocadas a los sectores rurales, como lo establece la glosa 2 del numeral 4.2.1 del FNDR, utilizada para el financiamiento.

Al respecto, el órgano contralor enfatizó en lo esencial, que el proyecto contempla la inyección de la producción del Parque Eólico al sistema de Punta Arenas, por medio de la conexión a una línea de propiedad de Pecket Energy, ‘proveyendo la empresa distribuidora de la región de energía eléctrica tanto a usuarios rurales como urbanos’. En la misma línea, señaló que ‘ahora bien, es del caso prevenir que el numeral 4.2.1 en estudio no señala expresamente que los beneficiarios sean exclusivamente del ámbito rural, como lo entienden los recurrentes, por lo que no se advierte inconveniente en que el parque eólico genere los referidos efectos también en el área urbana’.

En cuanto a la respuesta de Contraloría a la consulta de los colegiados por la legalidad del financiamiento al proyecto, Kusanovic fue claro en su molesto parecer: ‘Esto me parece lamentable, porque quiere decir que las instituciones del Estado no están funcionando y cada quién hace lo que quiere. Utilizar recursos destinados para sectores rurales, en zona urbana, me parece que es un delito y debería haber sido sancionado’.

Por su parte Sahr, que en su momento cuestionó la justificación técnica y económica del proyecto, complementó lo indicado por su par colegiado, señalando que: ‘el espíritu de la ley es beneficiar con los recursos señalados, a los sectores rurales, a los que no les llega energía eléctrica convencional, a quienes incluso no tienen agua ni gas. Pero resulta que en este caso se está ocupando plata de la región para favorecer un sector urbano. Lo que hizo la Contraloría es reconocer que se le está torciendo la nariz a la ley’.