El tránsito hacia la descarbonización: de impuestos a reducciones efectivas

El nivel de emanaciones del país presenta brechas enormes respecto de lo que la economía requiere. Fuente: Diario Financiero, 29 de marzo de 2018.


Chile se convirtió en uno de los países líderes en la lucha contra el cambio climático en el período 2005 a 2012. Sus principales empresas generaron competencias distintivas en el desarrollo de proyectos de mitigación climática, con reducciones certificadas en Europa y Japón. Las plantaciones forestales proveían de un sumidero que retenía buena parte de las emisiones y se desarrolló la primera bolsa climática del hemisferio sur. Los vinos chilenos no sólo medían su huella de carbono, sino que llegaban con productos CO2 neutral a los mercados más exigentes.

Después de China e India, nuestro país era sindicado como Pointcarbon como el destino ideal para invertir en proyectos de reducción de emisiones. En el lustro siguiente, los resultados fueron mixtos en este campo.

En el lado positivo, la acelerada transformación del sector energético permitió aprovechar el potencial de la generación solar y eólica a precios tan bajos que expulsaron al carbón de la matriz energética. Esto abrió el potencial de la producción de hidrógeno como vector energético, y hoy la minería privada evalúa cómo disponer de motores mixtos que reducirían la huella de carbono del combustible en más de un 60%.

Finalmente, se destaca el ‘impuesto al CO2’ dentro de la reforma tributaria de 2014, que abrió a posibilidad de gravar las emisiones del sector termoeléctrico. Dentro de los aspectos negativos se encuentran, por una parte, los cambios en el clima, multiplicando los impactos de los incendios agroforestales, que unidos a una baja tasa de forestación, han reducido a un mínimo la captura neta de emisiones. Por otra parte, las emisiones brutas del país no se han desacoplado del crecimiento de la economía, experimentando un fuerte crecimiento en los sectores transporte, industria y comercial-residencial. Además, el impuesto verde al CO2 ha demostrado tener sólo una finalidad de recaudación fiscal y no se han incorporado mecanismos complementarios de compensación.

Opiniones

Algunos especialistas señalan que, valiéndose de los resultados del trabajo del PMR (Program for Market Readiness) del Banco Mundial, debería avanzarse hacia un sistema de transacción de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés). Otros señalan que debiéramos migrar primero a un sistema hibrido de tax-and-trade (es decir, que combine impuestos al CO2 y offsets -certificados de reducción de emisiones), de manera de simplificar el mecanismo de participación del sector privado. Christian Patrickson, de StratCarbon señala que es imprescindible incorporar a otros sectores altamente emisores a la regulación.

Similar opinión tiene Cristian Mosella de Colbún, para quien ‘existe una tendencia de mirar al sector de generación eléctrica casi como el único responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando las cifras duras muestran que un 46% de ellas provienen de los sectores transporte, industrial y minero’.

Respecto del cómo, Christian Patrickson indica que ‘si bien desde un punto de vista microeconómico un sistema de Impuesto al Carbono (IC) es equivalente a un sistema de Permisos de Emisión Transable (ETS), el primero tiene el atractivo de representar un costo conocido para las empresas, mientras el segundo permite proyectar una trayectoria conocida de emisiones de GEI hacia el futuro’.

Desde Conaf, Angelo Sartori aboga por una transición en este campo, ya que ‘la opción actual de sólo contar con el impuesto deja sin margen la inclusión de otros mecanismos alternos como los offsets y/o ETS, donde, por ejemplo, el sector forestal podría tener un rol importante’. Sin embargo, él mismo concluye que ante un escenario de eventual alza del impuesto, ‘la incorporación de mecanismos de flexibilidad se impondrá naturalmente para minimizar el costo de cumplimiento para las empresas’.

Al respecto, especialistas como Ricardo Pareja de la Federación Internacional del Cemento (Ficem) expone que ‘si tomamos como referencia el precio social del carbono que hay en Chile de 35 US$/tCO2, es claro que el sector productivo no se restará de hacer su contribución a los compromisos internacionales del país, pero demandará la inclusión de offsets, que por una parte generen reducciones efectivas de emisiones, y por otra se generen a costos menores que los propuestos por los impuestos’.

Cristian Mosella concuerda que ‘para que Chile pueda reducir sus emisiones de manera costo-eficiente es importante tener instrumentos de mercado bien diseñados. Dado que ya tenemos un impuesto al CO2, sería importante complementarlo con otros instrumentos flexibles, como uno que permita la compensación de emisiones contra este gravamen. Ello ayudaría a pavimentar el camino hacia soluciones más integrales, como son los permisos de emisión transables o ETS, con vinculaciones internacionales (tal como ocurre con Europa, California-Canadá, y probablemente en un futuro con China, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros).’

Aldo Cerda

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