Los hechos señalados involucran el gasto millonario que está efectuando la empresa estatal para estandarizar su imagen corporativa, el uso de más de US$ 350 millones destinados al Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM), además de la venta del edificio corporativo.

Precisamente respecto a este último punto, la Contraloría General de la República emitió un informe cuestionando varios aspectos de la venta de las oficinas y del contrato de arriendo de las nuevas instalaciones, que es por 15 años y es US$8,3 millones más caro.

Por otra parte, la Contraloría señala que la petrolera estatal no pudo justificar el cambio de domicilio.

ENAP

Al respecto, ENAP respondió: “No hemos sido notificados ni estamos informados del inicio de investigación alguna por parte de Fiscalía y descartamos que exista alguna irregularidad.

El oficio responde más bien a una petición de un diputado, cercano a un dirigente sindical que se ha enfrascado en un conflicto con la administración luego de agredir físicamente a un ejecutivo de ENAP, quien en hora de incidentes de la Cámara solicitó remitir dichas alegaciones, entre otras instituciones, al Ministerio Público”.

Agregó la institución que “para ENAP constituye una excelente oportunidad para demostrar que no existe ninguna infracción respecto de estas acusaciones y, como ha sido nuestra permanente línea de acción con todos los organismos fiscalizadores, entregaremos todos los antecedentes que se requieran”.

“Lamentamos que se siga intentando, por intereses personales, dañar tanto la reputación de la empresa como a los propios trabajadores, quienes han sido artífices de los buenos resultados logrados en ENAP en los últimos años”.