Lo mejor y lo peor de la semana del 16 de marzo de 2018

El equipo de Fundación Terram selecciona lo que considera lo más positivo y lo más preocupante que ha acontecido en la semana que culmina.


Lo mejor:

Fracaso de la conciliación en caso del proyecto minero portuario Dominga

El miércoles pasado, la Ministra del Medio Ambiente Marcela Cubillos, hizo pública la decisión del Gobierno de restarse del  proceso de conciliación propuesto por Primer Tribunal Ambiental en el caso del proyecto minero-portuario Dominga. Horas antes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había ingresado ante órgano jurisdiccional un escrito anunciando que el organismo se marginaría de este proceso. A partir de esta medida del SEA, el Primer Tribunal Ambiental deberá iniciar el proceso para dictar una sentencia, el que no debiera exceder los 30 días.

Desde Fundación Terram valoramos la señal política que ha dado el Gobierno en materia de institucionalidad ambiental, de no participar en el proceso conciliatorio, al entender que lo que se discute es la legalidad de un acto administrativo,  siendo necesario un fallo del tribunal sobre la materia sometida a su decisión y no una conciliación entre las partes.

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Lo peor:

Segundo Tribunal Ambiental rechaza demanda por daño ambiental contra ENAP

Luego de más de tres años de iniciado el proceso judicial, el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago rechazó, por dos votos contra uno, la demanda por reparación del daño ambiental interpuesta por la Municipalidad de Quintero contra ENAP, fundada por el derrame de petróleo ocurrido en la bahía en septiembre del 2014, cuando el buque Mimosa se encontraba descargando el crudo en las instalaciones de la empresa. El órgano jurisdiccional argumentó que, si bien el hecho fue contaminante, no habría sido significativo para constituir un “daño ambiental” propiamente tal.

Sin embargo, y previendo la ocurrencia de futuros incidentes de esta naturaleza, el Tribunal decretó la aplicación de una medida cautelar consistente en la realización de un completo estudio de los riesgos asociados a la actividad de descarga de combustibles desde naves en las instalaciones destinadas para ello, que deberá ser supervisado y aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente.

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