Operación Dominga: despido de director del SEA aumenta la tensión a horas de revisarse el polémico proyecto

Juan Cristóbal Moscoso deja el servicio un día antes que Tribunal Ambiental analice futuro de la minera de Carlos Délano. Fuente: Elmostrador.cl, 13 de marzo de 2018.


En la tarde de ayer, la nueva ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, le pidió la renuncia al director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el organismo que será la contraparte de la empresa –y representante gubernamental– en la etapa de conciliación que se iniciará mañana en Antofagasta. Esto, más la incertidumbre respecto a cuáles son los límites que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad estableció como protegidos en La Higuera –la zona donde se emplazará el proyecto de Andes Iron– abren una serie de dudas sobre el futuro de la iniciativa. Si se aprueba, podría convertirse en una reedición de Barrancones, el proyecto termoeléctrico que llevó a protestar a decenas de manifestantes en la anterior administración de Piñera. Y, en ese entonces, ganó la calle. ¿Ahora? El futuro de la biodiversidad de La Higuera es incierto.

Cuando casi se terminaba la jornada laboral de ayer, cerca de las 19 horas, Juan Cristóbal Moscoso se despidió de los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante un correo electrónico.

El hasta entonces director ejecutivo (s) del organismo –que ya llevaba 8 años en el servicio– presentó su renuncia forzada después que se lo pidieran desde el Ministerio del Medio Ambiente. Ya había sido un día duro en esa cartera. Desde las primeras horas que asumió Marcela Cubillos se desvinculó a todo el equipo de comunicaciones y, aunque los despidos eran obvios, pocos pensaron que la nueva administración descabezaría durante el primer día.

Es el escenario que precede a una de las decisiones ambientales más polémicas que le tocará enfrentar al Gobierno de Sebastián Piñera. A las 15 horas de mañana, el Primer Tribunal Ambiental comenzará con la audiencia de reapertura del proceso por el caso Dominga, un proyecto integrado de mina y puerto que contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre, al norte de Coquimbo. Se trata de una de las principales apuestas actuales de Carlos Alberto Délano, controlador de Andes Iron –empresa titular del proyecto–, Penta y uno de los mejores amigos de Piñera.

En el primer día de audiencia –que se realizará en la Sala del Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta– los tres magistrados titulares explicarán la metodología de la conciliación. Después, las negociaciones del proceso –que se podrían extender dos días más– continuarán entre los abogados de Andes Iron y los representantes del SEA, que ya no cuenta con el último director del servicio de la administración Bachelet y que fue reemplazado de manera interina por Hernán Joglar Espinoza, un antiguo funcionario de la entidad.

Como finalmente este proceso contempla una negociación solo Gobierno-empresa, muchos de los detractores del proyecto se preguntaban qué pasaría cuando asumiera Piñera y si la nueva administración gubernamental tendría tiempo entre el 11 y el 14 de marzo para designar a un equipo litigante que fuera más afín a su apuesta.

Aunque Marcela Cubillos no se ha pronunciado sobre el proyecto, otros ministros de Piñera sí han hecho guiños de aprobación. De hecho, cuando en agosto del año pasado el Comité de Ministros –presidido por el entonces titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena– rechazó Dominga, el propio Sebastián Piñera fue claro en sus comentarios: “El Gobierno ha actuado de forma errática”, dijo.

Las organizaciones ambientalistas prefieren esperar el desenlace del proceso, sobre todo por la cautela que ha tenido Marcela Cubillos. Pese a la cercanía del bloque con Délano, al interés –incluso económico– que tuvo la familia Piñera en el proyecto, y a la luz verde que le darían algunos ministros de derecha, también está claro que aprobar la iniciativa significaría una tormenta para Piñera, una especie de reedición del episodio Barrancones, cuando cientos de personas salieron a la calle a protestar en contra de la construcción de dos termoeléctricas de la multinacional Suez Energy, en el sector de Punta de Choros. Esa fue la primera medición de fuerzas entre el Gobierno y la ciudadanía. Y, en ese entonces, ganó la calle.

Zonas polémicas

Pero a quienes miran con desconfianza la conciliación, no solo les preocupa de qué forma el nuevo SEA enfrentará el proceso, sino también que a este escenario se suma una decisión reciente del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que la semana pasada, y bajo reserva, aprobó la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en La Higuera, sobre todo porque las áreas no quedaron delimitadas.

El proyecto original incluía la zona sur de La Higuera, que es donde se localizaría el proyecto Cruz Grande y la mina Dominga y se esperaba que contemplara una prohibición de empresas de alto impacto ambiental y, aunque las actas no son públicas, según trascendidos esta zona se habría excluido.

“El área marina protegida no tiene límites claros y no excluye hasta el momento ninguna actividad económica en particular, por lo tanto, lo que se aprobó no es suficiente para bloquear ni Dominga ni el Puerto Cruz Grande y no es efectiva para proteger toda la biodiversidad de la zona”, señala Álex Muñoz, representante de NatGEO en Chile.

La conservación de la zona también ha despertado la preocupación de estudiosos y expertos. A comienzos de marzo, 15 científicos de las áreas de la biología marina, oceanografía y ecofisiología marina, entre otras, redactaron una carta abierta al Comité de Ministros para la Sustentabilidad, donde quedó descrita su preocupación. “La creación de esta área no solo es una deuda del Estado con las comunidades locales, sino también con la comunidad internacional que clama por la protección de este tesoro de importancia mundial, que podría ser afectado irremediablemente en el futuro con actividades no sustentables, incompatibles con la protección de la biodiversidad única y la pesca sustentable”, señalaron en la misiva.

Para Flavia Liberona, de la Fundación Terram, por la forma en que se ha constituido el escenario, previo al comienzo de la audiencia de mañana, claramente esto se trata de una decisión política, tanto de la nueva ministra de Medio Ambiente como del Presidente de la República. “La ministra no se manda sola y en Chile, como régimen presidencialista, los funcionarios de confianza obedecen las órdenes de los Mandatarios. Esto podría ser difícil para él”, dice Flavia, quien cree que además no procedería llegar a una conciliación.

Y añade: “Si ellos operan jurídicamente, no debería haber conciliación. No procede porque la Ley de Tribunales Ambientales (20.600) no tiene el espacio para hacer una conciliación, solo opera en el caso de daño ambiental, donde hay una reparación económica a un daño que se causó. La empresa tenía derecho a presentar una reclamación, pero la verdad es que el tribunal, por decirlo de una forma elegante, innova en poner una conciliación que no está contemplada en la Ley 20.600”, cierra la directora ejecutiva de Terram.

En las últimas horas la comunidad, unida en varias organizaciones, manifestó en un comunicado público que, al menos, sienten preocupación ante el hecho de que un ministro de Sebastián Piñera ya haya manifestado “un interés por un proyecto rechazado”, en relación con las palabras del nuevo titular de Economía, José Ramón Valente, quien antes de asumir manifestó que el proyecto de Andes Iron le parecía “interesante”.

Las horas previas al proceso de conciliación serán aun más tensas, porque la comunidad tiene programadas iniciativas que den cuenta de por qué el proyecto debe ser rechazado. Sin embargo, en caso de no haber acuerdo entre el Gobierno y la empresa, será finalmente el Primer Tribunal Ambiental el que decida el futuro del proyecto, que podría costarle el primer gran dolor de cabeza a Piñera en su regreso a La Moneda.

Alejandra Carmona López

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