Sobreexplotación del mar: ausencia de Observador Científico en buques vulnera Ley de Pesca desde 2013

Ley obliga a las pesquerías a subir a bordo a un experto en el 100% de las embarcaciones de pesca de fondo. Fuente: Elmostrador.cl, 11 de abril de 2018.


El incumplimiento quedó al descubierto tras una petición de Ley de Transparencia, que reveló además la inexistencia de un protocolo, un reglamento y una nómina que exige la normativa hace cinco años. La vulneración de la norma ha llevado a una subestimación sistemática de las capturas, que alteran las estimaciones de abundancia y llevan a la sobreexplotación de los peces, como el jurel y la merluza.

Esta historia es real. Ocurrió en un viaje de pesca al jurel en una embarcación cerquera industrial, que tenía una capacidad de bodega de 1.800 toneladas y desembarcaba cada tres días.

“Una noche de pesca, el capitán vio en el sonar, radar y ecosonda un gran cardumen sobre el cual lanzó la red. Al traer la captura al buque contó 100 pescados, y determinó que en su mayoría eran caballas, no jureles, así que abrió la red y descartó al mar casi 2 mil toneladas de caballas muertas, que no podía desembarcar por ley. Dicha captura nunca quedó registrada”.

Esto lo cuenta un biólogo marino que ha trabajado como observador científico a bordo de un barco pesquero. Una labor científica clave, especialmente para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (EMV), y que actualmente es realizada de forma insuficiente, según admiten datos oficiales.

Esta vulneración de la Ley de Pesca de 2013 ha quedado al descubierto tras un requerimiento de Ley de Transparencia, realizada por el abogado Alex Muñoz, director para América Latina de National Geographic Pristine Seas.

La normativa obliga a que el 100% de las embarcaciones que usan pesca de fondo tengan observadores científicos (OC) a bordo. Los investigadores son clave para la protección de ecosistemas vulnerables.

Sin embargo, en un lustro la cuota nunca se ha cumplido. No es el único incumplimiento: se suma además la inexistencia de un reglamento, de un protocolo y de una nómina de las pesquerías que impactan el fondo marino. Todas exigencias que llevan cinco años sin cumplirse, según información obtenida de la propia Subsecretaría de Pesca (Subpesca), que depende del Ministerio de Economía.

La entidad reconoce que “las materias relativas a estas áreas constituyen un asunto de la máxima relevancia”.

“Algunas de ellas se encuentran ya resueltas y otras en fase de evaluación. Debe considerarse, en todo caso, que la gestión del actual gobierno se encuentra en su etapa inicial”, señaló Subpesca tras una consulta de este medio.

Labor esencial

Muñoz advierte que “si no protegemos estos ecosistemas, no solamente perdemos los ecosistemas más valiosos, sino que también los hábitats que son más propicios para recuperar las pesquerías sobreexplotadas”.

Según el Artículo 6° C de la Ley de Pesca, “las naves o embarcaciones, cuyos armadores cuenten con autorizaciones de pesca, permisos extraordinarios de pesca, licencias transables de pesca o inscripción en el Registro Pesquero Artesanal sobre los recursos hidrobiológicos que figuren en la nómina a que se refiere el inciso primero del artículo 6° B, deberán contar con observadores científicos a bordo en todos los viajes de pesca que tengan por objeto la extracción de dichos recursos”.

El observador científico es esencial, ya que –según la ley– el observador deberá remitir a la Subsecretaría un informe emanado de la aplicación del Protocolo de Evidencia de Ecosistema Marino Vulnerable en un plazo máximo de 48 horas desde la recalada a puerto habilitado, informando si durante la pesca se toparon con EMV.

El artículo 6° B dice además que “la Subsecretaría deberá publicar en su sitio de dominio electrónico los informes de hallazgo de los observadores científicos a que se refiere el inciso anterior”. Sin embargo, según Muñoz nada de esto se ha implementado en cinco años.

“Todo esto implica que durante cinco años se siguieron usando artes de pesca de fondo como las redes de arrastre y el palangre de profundidad sobre ecosistemas marinos vulnerables, seguramente destruyendo muchos de ellos, sin haber aplicado ninguna de las medidas que contempla la ley desde el 1 de enero de 2013 para protegerlos”, critica.

Para Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, efectivamente es complejo avanzar en medidas de protección cuando hay una gran presión de la industria, como es el caso de las pesquerías que impactan el fondo marino.

“Tenemos un ejemplo concreto y reciente: el año pasado se avanzó en el congelamiento de la huella de arrastre de fondo, una medida que restringe la expansión de la pesca de arrastre de fondo, autorizándose que se siga practicando, pero solo en el 2% de la Zona Económica Exclusiva, es decir, en aquellas áreas donde se ha utilizado por 16 años. Era un gran avance, una medida efectiva para detener el daño producido por la pesca de arrastre de fondo en nuevos sectores, muchos de ellos prístinos y vulnerables. Sin embargo, hoy en día esa medida se está cuestionando y se quiere revertir, es decir, todo lo que se avanza para frenar el uso de este método de pesca, se retrocede debido a la presión de la industria”, lamenta.

“Esperamos que se terminen de implementar todas las provisiones de conservación que estableció la Ley y que no se retroceda en las medidas implementadas anteriormente”, agrega.

Un documento del IFOP reconoce la cobertura insuficiente de los observadores científicos.

Observador científico

Uno que sabe de primera mano sobre esto es el biólogo marino Pablo Reyes, que ha sido “OC” (observador científico) en aguas chilenas e internacionales. Hoy las embarcaciones tienen capacidad para trabajar con casi cualquier clima, incluso en la Antártica y el Cabo de Hornos, al lado de la costa o en las llanuras abisales. “Todo el océano es un gran caladero para las flotas pesqueras”, afirma.

Es un trabajo duro. A veces toca laborar en lanchas artesanales, que miden hasta 18 metros de largo y tienen entre 9 y 11 tripulantes, incluso carecen de baños. También hay buques factoría que miden más de 100 metros y tienen 80 tripulantes, con saunas y gimnasio incorporados.

La flota en aguas internacionales generalmente recurre a tripulantes indonesios o vietnamitas, luego peruanos, después chilenos, dependiendo del precio de la mano de obra. Casi siempre son hombres porque, según dicen los capitanes, toleran más tiempo encerrados sin pelearse.

“Un OC es un técnico científico y no un policía pesquero, a no confundirse”, subraya este especialista.
Dramáticas consecuencias

Este biólogo marino cuenta con una larga experiencia en el rubro. Durante 2004, fue OC del Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA) en la pesquería de merluza común con arrastre de fondo, y en 2006 para Subpesca, a bordo de la flota palangrera industrial del bacalao de profundidad que opera entre Faro Evangelistas y Paso Drake, al sur del Cabo de Hornos y Diego Ramírez.

Entre enero de 2007 y enero de 2008, trabajó como OC del Falkland Islands Fisheries Department, en embarcaciones coreanas, españolas y neozelandesas, y en 2008 (febrero a septiembre) fue Observador Científico Internacional Antártico para la Convención para la Conservación (CCRVMA), nuevamente monitoreando bacalao de profundidad y EMV.

Para Reyes el incumplimiento de la norma respeto a los OC, así como la inexistencia de protocolo, reglamento y nóminas de la Ley de Pesca, ha llevado a una subestimación sistemática de las capturas, que alteran las estimaciones de abundancia y llevan a la sobreexplotación de los peces, como el jurel y la merluza, “que ya no se ven a la venta”.

“La ley chilena establece un porcentaje de captura que corresponde a fauna acompañante; es decir, puedes capturar un porcentaje de una especie distinta a tu objetivo de pesca. Si la captura supera el porcentaje legal de fauna acompañante –por ejemplo 10 o 20 por ciento– esta captura no podrá ser desembarcada en puerto”, relata.

Reyes recuerda, por ejemplo, que en la pesquería de merluza común de Chile (“cuando aún había merluza”) se podía observar que la tripulación descartaba al mar todos los peces bajo la talla mínima de extracción sin que se reportase. Si en una zona determinada había mucho pez pequeño, el buque no se movía, solo aumentaba su descarte de juveniles, rescatando algunos adultos hasta llenar la bodega.

“Ahí la falta de OC generaba que la captura se subestimara en puerto y que luego los técnicos que calculaban las cuotas de merluza del próximo año sobreestimaran su abundancia real y otorgaran cuotas mayores a las sostenibles, haciendo que los recursos disminuyan dramáticamente su abundancia hasta que la extracción dejara de ser rentable, generando cesantía”.

La biomasa de merluza disminuyó de 600 mil a 200 mil ton entre 1966 y 1986, sin que los técnicos se dieran cuenta, porque el modelo de colecta de datos en Chile se basa en desembarques, no en capturas, y eso es un error grave, según Reyes.

“Por ello son importantes los OC, porque entregan datos precisos desde el lugar de operaciones de la flota, en tiempo real, permitiendo a las autoridades en tierra detectar cambios en las especies, que permitan tomar acciones correctivas. Por ejemplo, si una especie adelantó su reproducción porque hubo un (Fenómeno del) Niño, en Chile no se detendría la pesquería porque nadie lo informa, no hay OC. En cambio, en la Antártica los manejadores de la pesquería lo sabrían de inmediato y podrían retirar el o los buques desde la zona de pesca, preservando la reproducción de la especie, asegurando la sustentabilidad del recurso, en beneficio de las mismas flotas”, explica.

Respecto a los EMV, la Fundación Ictiológica –donde participa Reyes– dio a conocer el impacto de la pesquería industrial de bacalao sobre los organismos que habitan en el ecosistema de aguas profundas, en el área propuesta para el parque marino Cabo de Hornos.

“Nuestro estudio indica que cada barco factoría (de una decena operativos) puede capturar y descartar anualmente al menos tres toneladas de corales, esponjas, estrellas, centollas y otros. La flota que identificamos como responsable del impacto, opera durante parte del año en aguas chilenas, y el resto del tiempo en aguas antárticas, con licencias de pesca que pueden ser revocadas si no respetan las zonas de exclusión de pesca con EMV. Las mismas compañías hoy se oponen a que Chile implemente medidas de conservación similares para el mismo ecosistema (aguas profundas del Arco de Scotia). Las reglas se respetan en aguas antárticas, porque las empresas pueden perder una costosa cuota de pesca, si incurren en daño al ecosistema marino, lo hacen porque el manejo permite asegurar capturas rentables que ya no logran en Chile, donde la cuota es gratuita y no hay observadores”, detalla.

Para poner coto a esta situación, a Reyes no se le ocurren muchas alternativas.

“Quizás Subpesca debería migrar del Ministerio de Economía al Ministerio de Medio ambiente”, concluye.

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