Arauco recurre al TC por millonaria multa debido a incumplimientos ambientales en Valdivia

A través del abogado Jorge Correa Sutil presentó un requerimiento para lograr pruebas claves y anular sanción de US$ 7,3 millones impuesta por la SMA. Fuente: Diario Financiero. 23 mayo de 2018.


Una inédita jugada realizó Celulosa Arauco en medio de la disputa judicial que mantiene con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que multó a la compañía ligada al grupo Angelini con más de US$ 7,3 millones por una serie de incumplimientos en la planta de Valdivia.

La empresa presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, el cual tiene como objetivo el que se liberen una serie de antecedentes que son parte de una investigación penal llevada a cabo por el Ministerio Público y que hasta ahora se mantienen en absoluta reserva. Estos datos serían vitales para la defensa de la empresa ante la SMA.

Para la acción ante el TC, la empresa contrató al abogado y exsubsecretario del Interior Jorge Correa Sutil, quien firmó el requerimiento en que se solicitó que se declare inaplicable por inconstitucional el artículo 182 del Código Procesal Penal, que decreta que las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y la Policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento.

A juicio de Correa Sutil, los antecedentes que están en poder de la Fiscalía de Mariquina, que llevó adelante una investigación penal tras denuncias de contaminación en el Río Cruces (con un líquido conocido en la industria de la celulosa como licor verde), serían vitales para la defensa de Arauco.

Procesos paralelos

La acción ante el TC se da luego que la empresa recurriera al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, que en marzo rechazó un recurso de reposición interpuesto por la empresa en el que buscaba la absolución de nueve de los 10 cargos presentados por la autoridad en diciembre.

Fue en esa instancia en que se impuso una sanción total de 7.777 UTA (unos US$ 7,32 millones) por infracciones en la planta de Valdivia, la misma que pagó $ 5.200 millones tras el derramar residuos en el Río Cruces, lo que derivó en la muerte de cisnes de cuello negro en 2004.

‘La investigación penal que mantiene en reserva las actuaciones lleva más de cuatro años desde su apertura; por lo que el secreto que, en otros casos puede justificarse para proteger investigaciones en curso y que progresan, simplemente está ausente en este caso’, sostiene en su requerimiento el abogado Correa Sutil, quien pidió liberar una declaración policial del director regional subrogante del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, un informe técnico solicitado por la Policía de Investigaciones, la ampliación del informe policial de la Brigada de Delitos Medioambientales de julio de 2017, así como un informe pericial mecánico del Laboratorio de Criminalística de la policía civil. También solicitó que se liberen los testimonios de seis personas

‘Inhibir su conocimiento en el proceso de reclamo de la sanción administrativa ante el Tribunal Ambiental, importa impedir a mi parte la presentación de pruebas relevantes, lo que constituye un vicio de inaplicabilidad por inconstitucional’, dijo el abogado de Arauco.

Consultada la empresa, no quiso realizar declaraciones al respecto. No obstante, fuentes ligadas al proceso explicaron que el objetivo es que toda la carpeta de investigación de la fiscalía sea entregada a las partes.

Para la defensa, los antecedentes en poder del Ministerio Público ayudarían a tener un resultado favorable en la justicia.

‘Estas piezas probatorias tienden en general a exculpar a Arauco de cualquier responsabilidad. Para acreditarlo, baste tener presente que es esta propia persona jurídica quien, en defensa de sus intereses, solicita valerse de esas pruebas en sede del Tribunal Ambiental’, dice el escrito.

Comments are closed.