Congreso avanza con el proyecto que moderniza Sernapesca

Tras votaciones separadas, la sala respaldó por unanimidad los artículos relativos al fortalecimiento del Sernapesca, con votos de mayoría se aprobaron las normas sobre modificaciones de la Ley de Pesca y responsabilidades penales. Fuente: Revista Aqua. 3 mayo de 2018.


Con la masiva asistencia en las tribunas del hemiciclo, de funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y de representantes de pescadores artesanales, el Senado despachó a tercer trámite constitucional el proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio y que tiene por objetivo modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para combatir la pesca ilegal.

Durante el estudio en particular, el mensaje fue analizado por las comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura; de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y la de Hacienda.

Durante la sesión se realizaron dos sufragios, tras la solicitud de la senadora Ximena Rincón, de votación separada, en lo que dice relación con la modificación de la ley de pesca y las responsabilidades penales.

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Con todo, se aprobó por unanimidad lo que determinaron los legisladores como “primera parte del proyecto”, concerniente a las modificaciones del Sernapesca, para lo cual intervinieron los senadores Rabindranath Quinteros, Felipe Harboe y Jorge Pizarro, quienes detallaron los principales cambios para fortalecer al Servicio, en su facultad fiscalizadora y el aumento del 23% de cupos.

De igual manera, destacaron que se deja atrás lo que hoy sucede con la ley: “castiga la extracción ilegal, es decir al pescador, pero no se abordan las etapas posteriores como el procesamiento y comercialización, las que son muy relevantes y que lo convierten en uno de los tráficos más lucrativos que tenemos en el país (…) Con este proyecto se sanciona la poscaptura”, valoraron.

Para Sernapesca se incluye una asignación de fortalecimiento de la función pública por el desempeño de labores de monitoreo, control y vigilancia de la actividad pesquera y de acuicultura, para el personal de planta y a contrata del Servicio; y se incrementa la dotación máxima de personal en 253 cupos.

La norma, además, define la pesca ilegal como toda actividad pesquera extractiva efectuada en aguas bajo la jurisdicción nacional o en alta mar, sea utilizando o no embarcaciones nacionales o extranjeras, en contravención a la normativa pesquera nacional vigente. También se considera como pesca ilegal el uso de recursos hidrobiológicos contraviniendo la regulación nacional vigente en las actividades de transformación, elaboración, transporte, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos o productos derivados de estos.

Conjuntamente, fortalece el proceso fiscalizador del Servicio y amplía la capacidad operativa, permitiendo que en el ejercicio de sus labores de fiscalización este pueda usar toda clase de medios tecnológicos disponibles; entre otros refuerzos de la función.

Votación separada

Luego, se dio paso a la votación separada, en donde -pese a las diferencias (36 votos a favor y 2 en contra) los legisladores destacaron el avance de fiscalización y reiteraron la importancia de incluir a los distribuidores en las sanciones por la pesca ilegal.

En la misma línea, repudiaron que este ilícito sea “tan rentable” a nivel mundial, por lo que condenaron esta práctica rotundamente.

foto_0000003620180502161903A juicio de la senadora Rincón, existe falta de integralidad de la legislación de pesca. “Antes de ampliar las obligaciones, sanciones y penas, es necesario redefinir las reglas del juego entre agentes industriales y los artesanales”, subrayó y agregó que “no se incorporan en las sanciones la caducidad de la licencia de pesca, porque ese el verdadero castigo disuasivo para las grandes empresas”.

Sin embargo, los senadores Alfonso de Urresti y Felipe Harboe precisaron que en el artículo 119 bis se establece claramente “la posibilidad de caducidad a los industriales (…) La empresa ahora se sanciona por pesca ilegal, con la caducidad, que es donde duele y también hay graduación para los pescadores y sanciones corporales más altas que la legislación vigente, separando lo penal de lo administrativo”, se detalló de acuerdo con lo destacado en el sitio electrónico de la Cámara Alta.

A su turno, el senador Iván Moreira recordó que “en su minuto tuvimos aprensiones, por qué no se presentaron dos proyectos distintos, uno para el Servicio y otro para la pesca ilegal”. Además, advirtió que se estima que anualmente, de manera ilegal, hay cerca de 320.000 toneladas en las principales pesquerías en Chile, lo que les deja ganancias cercanas a los US$300 millones.

Mismas cifras fueron expuestas por la senadora Carmen Gloria Aravena, quien precisó que “la pesca ilegal es la tercera actividad ilícita en magnitud a nivel mundial (…) y puede representar a más del 15% de la pesca en el mundo”. De igual forma, aclaró que “esta no es una ley en contra de los artesanales, sino que todo lo contrario”.

Pueblos originarios

Haciendo presente su voto en contra para las normas sobre la ley de pesca y sanciones, el senador Alejandro Navarro adujo que “no parece justo que la modernización de un servicio se cargue a la pesca ilegal”, además de cuestionar que la definición de “trabajo ilícito” resulta amplia y puede ser interpretada, advirtió. Por otro lado, hizo presente que el proyecto no contemplaba la consulta a los pueblos originarios, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se sumó a esta inquietud el senador Francisco Huenchumilla, quien sostuvo que “toda norma jurídica requiere certezas” y “si un proyecto afecta los términos del Convenio 169 es obligación del Ejecutivo hacer la consulta y dicha obligación no se termina una vez presentado el proyecto”. En tanto, el senador Juan Pablo Letelier precisó que “no hay que olvidar que esta ley tiene como fin en un 99% resolver la situación de los trabajadores de Sernapesca y, adicionalmente, genera procedimientos que en nada afectan los derechos de pueblos originarios”.

Mientras que el senador José Miguel Insulza, hizo presente su apoyo a “los trabajadores y sindicatos de la pesca industrial que son perjudicados por maniobras de monopolio. Ellos también se ven afectados y he tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones de trabajadores y creo que cuando hablamos de consultar a las minorías y armonizar con el Convenio 169 tambien deberíamos considerar las opiniones de estos sindicatos”.

Pesca ilegal, artesanales y dudasfoto_0000003720180502161903

Los senadores Kenneth Pugh y José Miguel Durana abogaron por el fortalecimiento del Sernapesca, puesto que se debe reconocer la labor de un organismo que cuenta con “una dotación mínima y permite al Estado fiscalizar un recurso que nos permitirá alimentarnos mejor”. De igual forma, destacaron que se incorporan sanciones a la pesca ilegal y “hoy quienes resultan más duramente sancionados son los pescadores más pobres que viven de la pesca artesanal”.

En la misma línea, las senadoras Isabel Allende y Yasna Provoste precisaron que se estima que la pesca ilegal cuadruplica el volumen de la pesca lícita, por lo cual hace mucho al país, por lo mismo insistieron en la gradualidad, proporción y reincidencia de las infracciones. “Hoy, se imponen multas a la pesca artesanal, pero sin salida alternativa y creo que este proyecto empareja la cancha pues se endurecen las penas a los que procesan, elaboran o comercializan el producto ilegal”.

En cuanto a las sanciones, el senador Iván Moreira dejó constancia de las aprensiones que existen, “puesto que actualmente se sabe que la responsabilidad recae en los gerentes de planta, pero no tengo claro qué pasará cuando la elaboración y comercialización sea realizada por familias chilotas que cuecen en sus casas choritos y cholgas”. Además, el senador Alejandro Guillier expresó sus dudas sobre las obligaciones y costos de la modernización tecnológica que esta legislación implicará para los pequeños pescadores en cuanto a trazabilidad de sus productos.

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