Dominga: ¿Llegará a la Corte Suprema?

En principio sólo las partes del juicio podrían recurrir ante la Corte Suprema por el fallo del Tribunal Ambiental en el caso Dominga, es decir el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la empresa Andes Iron. Fuente: La Región de Coquimbo. 5 mayo 2018.


La importancia de esto radica en los plazos, si el máximo tribunal del país acoge el recurso que, según han señalado diversas organizaciones ambientales lo presentarán, la votación regional podría atrasarse hasta un año más, si consideramos la resolución de Cruz Grande, en cambio si la corte declara no admisible este recurso, la votación podría hacerse mucho antes, incluso en dos meses más.

La minera tiene su posición clara y no acudirá a la Suprema porque el tribunal accedió completamente a lo que estaban pidiendo. Por su parte el SEA, representado en este caso por la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, rechazó cualquier tipo de intervención del gobierno ante la Corte Suprema mediante un recurso de casación.

«No seremos continuadores de una actuación que un tribunal calificó de ilegal e inconstitucional. El tribunal ambiental ha señalado a través de una sentencia que la actuación de la Comisión de Evaluación y del Comité de Ministros, durante el gobierno anterior, no se ajustó a la ley y se infringieron, además, garantías constitucionales como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Esas no son objeciones de forma, sino de fondo» señaló la ministra.

Para Cubillos, la casación no es una instancia más, «es un recurso extraordinario que se interpone cuando es ilegal un fallo. Aquí lo legal, de acuerdo a la sentencia, fue el actuar del Comité de Ministros durante el gobierno anterior. Lo que nos toca hoy, como gobierno, es repetir el procedimiento conforme a derecho. Y durante ese proceso se podrá rechazar, aprobar o imponer nuevas condiciones al proyecto Dominga» explicó.

El abogado Raúl Pelen, cercano al juicio de Dominga, le quitó el piso a la opción de las terceras partes, «en un proceso normal el tercer coadyuvante no tiene la capacidad para presentar un recurso, en el tema medioambiental, como es un bien protegido con otras características, el tema ha sido más discutible. Creo que lo va a zanjar ahora la Suprema».

Si llegara a subir a la Corte Suprema, el abogado comentó que el proceso se demoraría lo mismo que o incluso más que Cruz Grande, pero no tanto por la presión que hay en torno al proyecto sino que «por las cusas que ve el tribunal, pero es un buen antecedente para Dominga la sentencia positiva de Cruz Grande, los estudios son similares, incluso en Dominga son más completos».

Según Pelen, la posición de los grupos ambientales carecen de argumento jurídico «si observas la resolución del Comité de Ministros, se dirige a las faltas de información, no hay suficiente información respecto a la línea de base y ese es un recurso muy básico, es una generalidad utilizada para rechazar el proyecto» señaló.

Además, el jurista es categórico en señalar que votación regional fue ilegal, «no solamente fue ilegal la votación de los seremis sino que también del intendente, lo dice la resolución del Comité de Ministros, claramente señala que el único voto legal y fundamentando fue el del seremi de Agricultura basado en lo que le dice Conaf, todos los otros votos de rechazo los estima sin fundamento y por lo tanto ilegales» concluyó.

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