ANEF sobre SEIA: “No resulta posible imaginar la evaluación ambiental desprovista de una mirada regional”

La presidenta de la Agrupación de Empleados Fiscales en Magallanes y directora nacional de la Federación de Trabajadores de Medio Ambiente, Doris Sandoval, calificó de ‘doble discurso inaceptable’ de parte del gobierno el buscar reemplazar las unidades zonales por tres comisiones macrozonales. Fuente: La Prensa Austral. 11 junio de 2018.


“Desde las regiones alzamos nuestra voz para decirle a la autoridad ambiental que no es posible retroceder en los avances que el proceso de descentralización ha traído para las regiones”, señaló la presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y directora nacional de la Federación de Trabajadores de Medio Ambiente, Doris Sandoval.

Ello, luego de que se confirmara que el proyecto de reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) considera derechamente eliminar el Comité de Ministros de Medio Ambiente, como también las unidades de regiones, para reemplazar éstas por tres comisiones macrozonales, coincidentes en jurisdicción con los tribunales ambientales hoy vigentes en el país.

La iniciativa centrará de este modo todas las gestiones de carácter administrativo en dichas instancias, a fin de resguardar –según sostiene la moción- una mejor participación ciudadana y para que permita efectuar una revisión de proyectos que otorgue finalmente mayor certeza jurídica en el proceso.

De este modo, cada comisión zonal tendrá un director macrozonal del Servicio de Evaluación Ambiental (Sea); el intendente regional y el seremi de Medio Ambiente de la región donde tenga lugar el proyecto; un profesional del área de la ciencia y otro del derecho, ambos elegidos por Alta Dirección Pública (ADP); y dos integrantes designados por el Presidente de la República.

Sin mirada regional

No obstante y aún cuando el sentido del proyecto es fortalecer el SEIA, su concentración en tres nodos derivó en una crítica abierta de Sandoval. “No resulta posible siquiera imaginar la evaluación ambiental desprovista de la mirada regional, que se expresa en la participación de los gobiernos regionales a través de su pronunciamiento en el sistema“, dijo señalando que en el caso de Magallanes, lo anterior correspondería a la Región de Los Ríos, lo que implicaría disminuir la calidad y pertinencia territorial de la evaluación ambiental.

Participación

Así también, la directora nacional de la Federación de Trabajadores de Medio Ambiente sostuvo que la decisión de formular una iniciativa legal que será presentada al Parlamento ‘sin la participación de los trabajadores y trabajadoras’, representados en su organización sindical, “es un doble discurso inaceptable. La autoridad indica que quiere tecnificar la evaluación ambiental y profundizar la participación. No obstante formula un proyecto sin considerar precisamente a quienes son los conocedores de los procedimientos y contenidos técnicos de la evaluación ambiental”.

Proyecto crea tres macrozonas y elimina direcciones regionales

A través de una declaración pública, el directorio nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea) dio a conocer su posición frente a la propuesta de modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y al servicio. El organismo agrupa a los trabajadores desde Arica a Magallanes.

En el documento, la entidad expresa que la propuesta fue presentada al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el lunes 4 del presente y comentada por la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos a los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama), la cual agrupa a las asociaciones del SEA, del Ministerio y de la Superintendencia del Medio Ambiente.

“La propuesta contiene una modificación profunda al proceso de toma de decisiones en materia de evaluación ambiental, la cual, mediante la creación de direcciones y comisiones macrozonales de evaluación, sustrae la evaluación y calificación ambiental desde las regiones, para entregarlas a órganos centralizados suprarregionales. Si bien valoramos la eliminación de instancias políticas que califican los proyectos o que en último término deciden su destino en Santiago por la vía recursiva, este proyecto legislativo va más allá de las aspiraciones territoriales y regionales, suprimiendo la evaluación de impacto ambiental a nivel regional”.

Los representantes de los trabajadores acusan que, como consecuencia de lo anterior, las actuales oficinas regionales se ven reducidas a una mínima expresión, impactando gravemente sobre el empleo público y regional, aspecto que desde ya declaraban intransable. “Consideramos que ello no es necesario y que existen alternativas. En efecto, tal como se ha dicho, la propuesta contiene la constitución de tres macrozonas, cuya localización está determinada por la existencia de los Tribunales Ambientales implementados en el país, a saber: Antofagasta, Santiago y Valdivia. La creación de éstas determinaría la eliminación como tales de las direcciones regionales del Servicio de Evaluación Ambiental, las que se transformarían eventualmente en oficinas locales, sin incidencia en los procesos de evaluación. De igual forma, se eliminan los pronunciamientos de los gobiernos regionales, dado entre otros a que la evaluación técnica de los proyectos se centralizaría en la macrozonal respectiva”.

Los trabajadores manifiestan su más estricto rechazo a la propuesta dado que consideran que constituye un severo retroceso a la calidad de la evaluación ambiental y la pertinencia regional de dicha evaluación. “La reforma propuesta en este ámbito no mejora ni tecnifica la evaluación ambiental. Todo lo contrario, la distancia de manera abismante del componente territorial y regional que está llamada a considerar, como, así también, de la ciudadanía, que de manera sostenida exige profundizar la incidencia ciudadana en la toma de decisiones ambientales en los territorios”.

Asimismo, denuncian públicamente que dicho proyecto de ley presentado al Comité de Ministros, no fue ni conocido ni discutido previamente con la Anfusea. “Esto ha impedido incorporar la experiencia adquirida por nuestros equipos y que día a día son la primera voz que se alza contra el centralismo, contra la calificación ambiental política y no técnica, y contra la falta de normativa ambiental, moderna y no discrecional”.

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