Fiscalización del MOP detecta anomalías en el uso de derechos de agua en Petorca

El subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, calificó de “exitosa” la primera “fiscalización masiva” al uso de derechos de agua en la provincia de Petorca, Valparaíso, que la Dirección General de Aguas (DGA) realizó la semana pasada.

“Hemos detectado un número importante de situaciones irregulares, 14 en el último día, en las 49 fiscalizaciones que realizamos”, señaló la autoridad tras la inspección que abarcó todos los pozos que fueron excavados sobre el acuífero de La Ligua, en virtud de derechos provisorios que en 2014 fueron revocados.

El despliegue tiene lugar luego de publicaciones de prensa en Europa, que relacionan el boom del consumo de paltas en ese continente con la crisis en el suministro de agua potable en esa provincia exportadora chilena, afectada por una larga sequía que apenas era mitigada por las lluvias que este fin de semana dejaron caer 30 mm. Solo en el primer trimestre de este año, 4.778 habitantes rurales debieron ser abastecidos allí por 16 camiones aljibe.

Palacios dijo que ahora corresponde estudiar cada una de las anomalías localizadas para establecer si se trata de transgresiones a la norma y si se confirman las sospechas de que “al parecer, hay personas que siguen usando esos derechos provisionales”, pese a ser anulados.

El operativo tuvo lugar entre miércoles y viernes pasados y participaron 20 fiscalizadores, 14 de ellos ministros de fe, que se apoyaron en Carabineros y el uso de drones y tecnología para medir caudales y distancias.

En el acuífero de La Ligua hay constituidos derechos para extraer 6.522 litros por segundo. Fue declarado en 2004 área de restricción para nuevas explotaciones subterráneas, pero tras esa fecha se otorgaron otros 704 l/s en carácter provisorio para apoyar la expansión agrícola. Hace cuatro años, tras constatarse el riesgo en que está el acuífero, esos últimos derechos fueron anulados.

Pero al cotejar esas cifras con la velocidad con la que esa napa se sigue deprimiendo, surge “la fundada suposición de que existe extracción ilegal de agua”, sentenció Palacios.

El presidente de Agropetorca, Alfonso Ríos, planteó que fue ese gremio de productores de paltas el que solicitó esa fiscalización para “transparentar de una vez por todas y acabar con las acusaciones al voleo que grupos interesados” han ventilado en la prensa de Inglaterra, Alemania y otros países de Europa y que a su juicio ponen en riesgo esos mercados. “Se han hecho muchas fiscalizaciones, pero sin esta pulcritud. Esperamos que determine si hay o no extracción ilegal de agua y si se descubrió quiénes son los responsables”, dijo.

Pero dirigentes del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), que han hecho estas denuncias el exterior, expresaron su desconfianza con que Agropetorca haya pedido esta fiscalización, señalando que la mayoría de las 10 empresas agrícolas y 4 particulares que detentaban derechos provisorios anulados son miembros de este último gremio.

El dirigente Luis Soto planteó que la autoridad debería más bien verificar si la superficie plantada por cada agricultor puede regarse con el agua que está autorizado a extraer, ya que las fiscalizaciones pueden filtrarse y los infractores sacar sus bombas.

El subsecretario Palacios descartó esa posibilidad, ya que, por su magnitud y simultaneidad, el operativo impide que entre los agricultores se “pasen la voz”.