Inversión privada ingresada a trámite ambiental retrocedió en 62% este año

La ausencia de grandes proyectos de inversión durante este año se ha dejado sentir en el volumen de iniciativas ingresadas al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Así, lo revelan las cifras contenidas en el SEIA, que evidencian que entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2018 las inversiones ingresadas a tramitación han retrocedido 62,4% frente al mismo período del año pasado, pasando de US$27.035 millones a US$10.150 millones. Esto si bien la cantidad de proyectos sometidas al sistema en los primeros seis meses subió levemente, de 360 a 364 proyectos en comparación con 2017.

De acuerdo con la información del SEA, uno de los sectores que más bajó las inversiones asociadas a sus proyectos fue el de energía, que en el período analizado en 2017 ingresó 47 iniciativas por US$16.442 millones, mientras que en lo que va de este año ha presentado 78 proyectos por US$3.018 millones, es decir, una diferencia de 81,6%, generada por dos proyectos de inversión que en conjunto suman US$11 mil millones: Fotoelectricidad El Loa y Electro solar Tamarugal, ambos de Andes Green Energy.

De igual modo, la actividad minera también ha reducido los montos de sus proyectos en tramitación ambiental. En lo que va de este año suma 59 iniciativas por US$2.296 millones, mientras que en igual período del año pasado habían 66 proyectos en el sistema por US$ 5.846 millones.

Los motivos

De acuerdo con el abogado ambiental y ex jefe de la división jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, uno de los motivos que ha paralizado el ingreso de grandes proyectos de inversión tiene que ver con la reforma al SEIA que prepara el gobierno.

“Es probable que los grandes proyectos de inversión estén esperando mayores certidumbres respecto a los anuncios que ha dado el gobierno en materia legislativa”, señaló, puntualizando que entre ellos está el boletín Nº 11747-03, que modifica distintas leyes para promover la inversión como la ley de Bases del Medio Ambiente, facultades del Sernageomin, Código de Aguas, Decreto sobre Concesiones Marítimas, Ley de Urbanismo y Construcción. “La reforma que más pareciera inquietar, es la que introduce cambios estructurales al SEIA, que se ha propuesto abordar una cantidad muy importante de temas y altamente sensibles”, añadió, apuntando que “con este nuevo Congreso, ninguna de las leyes mencionadas verá la luz”.

Por eso dijo que “lo más razonable es que se legisle separadamente todo lo referido a perfeccionamientos en materia de reclamación administrativa y judicial, por un lado, y en otro proyecto, se legisle sobre perfeccionamientos duros al SEIA. Asimismo, parece aconsejable no apurar el proyecto pro-inversión hasta no tener resuelta la reforma al SEIA”, sostuvo.

Una opinión distinta tuvo el profesor de Derecho de la Universidad Católica, Edesio Carrasco, que indicó que un mayor o menor número de proyectos ingresados al SEIA entre un año y otro “se puede explicar por un conjunto de factores, los que, en principio, no se explican por la futura reforma al SEIA”.

Según Carrasco, “es prematuro hacer comparaciones recién iniciado el gobierno actual, correspondiendo esperar al menos un año para hacer un balance y sacar conclusiones”, dijo.

El presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, Álvaro García, en tanto, hizo la salvedad de que los proyectos que se ingresan al sistema no necesariamente son los que se ejecutan.

“Lo importante es que hay en el SEIA, contando los proyectos que no se habían aprobado desde antes, alrededor de US$ 40 mil millones de proyectos en inversión minera. Una cifra extraordinariamente alta”, apuntó”.

Consejo de Ministros visa cambios

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aprobó ayer el proyecto de ley que modifica y mejora el SEIA. Con esto la iniciativa quedó en condiciones de ingresar al Congreso. La iniciativa busca fortalecer el SEIA como el principal instrumento de protección del medio ambiente. Entre las medidas propuestas está la obligatoriedad de la participación ciudadana previa para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y se elimina el Comité de Ministros y el Recurso de Reclamación Administrativo, buscando evitar una doble revisión administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).