Ley Lafkenche: Análisis a diez años de su entrada en vigor
A pesar de que la norma establece plazos del orden de doce meses, en la práctica el promedio alcanza los cuatro años y medio. Fuente: Aqua. 29 junio de 2018.
Matías Meza-Lopehandía, con un equipo de trabajo compuesto por Leonardo Arancibia, Mauricio Amar, Gabriel Gómez y David Manríquez, elaboraron una asesoría técnica parlamentaria para la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados titulada “La Ley Lafkenche: Análisis y perspectivas a diez años de su entrada en vigor”.
En el documento se comienza recordando que la Ley N°20.249 fue adoptada en 2008 a partir de la negociación con las comunidades mapuche-lafkenche que reclamaban el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales sobre el borde costero. Es así como esta legislación establece un mecanismo para destinar Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPOs) con el objetivo de preservar los usos y costumbres indígenas, los cuales son entregados en administración a las comunidades correspondientes, siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros en dicha área y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) verifique los usos y costumbres alegados.
A cargo del procedimiento está la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), que analiza si existen superposiciones para luego solicitar a la Conadi el informe sobre usos. Si este es favorable, la solicitud es sometida a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) respectiva, que debe resolver con fundamento.
De acuerdo con lo subrayado en la asesoría parlamentaria de Meza-Lopehandía, Arancibia, Amar, Gómez y Manríquez, uno de los problemas relevados por la crítica académica es la falta de claridad en tornos a los criterios para resolver las solicitudes, particularmente considerando que el derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales y a mantener sus usos, por lo que las razones para rechazar deberían ser restringidas.
Otro de los aspectos críticos ha sido la lentitud de los procesos. A pesar de que la norma establece plazos del orden de doce meses, en la práctica el promedio alcanza los cuatro años y medio. Esta situación, sumada a la suspensión de toda otra solicitud y a las dimensiones de algunas de las solicitudes, ha generado la preocupación del sector acuícola-pesquero.
“Cabe tener presente que hacia 2017, a nivel país, 43 solicitudes estarían paralizadas por ECMPO. Mientras que actulamente existirían 81 solicitudes en trámite, nueve de las cuales ya contarían con decreto de destinación, y dos con convenio de uso firmado. El total de hectáreas destinadas ascendería a 40.892,5”, detalla el documento publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) y el cual puede descargar aquí.