Presidentes de Tribunales Ambientales examinan los cambios al Sistema de Evaluación Ambiental

Los presidentes de los Tribunales Ambientales de Antofagasta y de Valdivia, Daniel Guevara e Iván Hunter, respectivamente, se refirieron a los cambios que prepara el Ministerio de Medio Ambiente. Fuente: El Mercurio. 10 junio de 2018.


Daniel Guevara, del Tribunal Ambiental de Antofagasta: “Las macrozonas de evaluación administrativa irían en una línea correcta”

1.- ¿Comparten el diagnóstico de que se hacía necesaria una reforma al SEIA?

“Las actuales exigencias globales de la sociedad, en aspectos tan urgentes como el cambio climático, hacen indispensable revisar si nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es el más indicado para llevarnos a transitar de un país en vías de desarrollo a un país de desarrollo humano y de medioambiente avanzado. Siempre debe cuidarse que las reformas legales no sean simple reacción a contingencias.

“El primer tribunal ambiental inició la recepción jurisdiccional de causas el 2 de septiembre de 2017. Estimo que es un plazo breve como para realizar una evaluación compleja desde la perspectiva jurisdiccional”.

2.- De la propuesta del Ejecutivo, ¿qué aspectos destacaría y cuáles cree que debieran modificarse o someterse a un análisis más exhaustivo?

“Los presidentes de los tribunales ambientales hemos sido invitados por la ministra del Medio Ambiente a conocer alcances del anteproyecto de ley. Lo valoramos, pues nos permitirá ser un aporte, con la consideración de no exceder ámbitos propios de la Corte Suprema”.

3.- ¿Está de acuerdo con el fin del Comité de Ministros de Medio Ambiente?

“Más allá del nombre que se pueda colocar a una institución, es relevante que en sede administrativa de evaluación de proyectos exista una instancia colegiada de responsabilidad política, que dentro del Poder Ejecutivo se pronuncie sobre el mérito de una iniciativa, integrando visiones entre los sectores ambientales, económicos, políticos, de salud y sociales. La dimensión política en una sociedad, en cambio, contiene cada vez más conocimientos complejos de la técnica, y no se trata de que la técnica se superponga a la relevancia que en una democracia debe tener la decisión de autoridad, la cual debe integrar los aspectos científicos, tecnológicos y de especialidad que ayudan a la mejor decisión”.

4.- ¿Cree que la creación de tres comisiones macrozonales en consonancia jurisdiccional con los tres tribunales ambientales generará más trabajo y más reclamaciones para estos últimos?

“Si bien no conocemos detalles del anteproyecto de ley, creemos que si esta reforma propuesta colabora con mejorar el acceso a la justicia, las macrozonas de evaluación administrativa irían en una línea correcta”.

5.- ¿Concuerda con que cuando un servicio se haya pronunciado en el marco de la evaluación ambiental y luego en la RCA se entienda que el permiso sectorial ya está otorgado?

“Hay que revisar el estándar de cumplimiento exigido actualmente por los servicios públicos, pues se debe evitar que la RCA se entienda como un “cheque en blanco” al operador del proyecto. Sin embargo, todo aquello que contribuya a optimizar la evaluación, conducente a una decisión oportuna y bien fundada, está en coherencia con la orientación moderna de la administración”.

6.- ¿Comparte la propuesta de hacer participación ciudadana previa, y hacer obligatoria la participación ciudadana como tal para las EIA y las DIA?

“La complejidad actual en la evaluación de proyectos hace exigible la participación ciudadana, con independencia de si se trata de una DIA o EIA. La participación temprana es un aporte, siempre que también obedezca a una visión sistémica y estratégica del territorio donde se han de emplazar proyectos de las características de aquel presentado a consulta. Más que una evaluación temprana proyecto a proyecto, resulta más interesante avanzar en la Evaluación Ambiental Estratégica, en la que -por ejemplo- la creación de polos de desarrollo energético, como dispone la ley eléctrica, o los usos a través de PROT (Planes Regionales de Ordenamiento Territorial) son determinantes para que las vocaciones del territorio se transformen en usos potenciales turísticos, mineros, industriales o agropecuarios, en desarrollos armónicos y que garanticen bien común social y ambiental”.

Iván Hunter, del Tribubunal Ambiental de Valdivia: “El Comité de Ministros siempre fue percibido como una instancia esencialmente política y no administrativa”

1.- ¿Comparten el diagnóstico de que se hacía necesaria una reforma al SEIA?

“Existe un consenso en la necesidad de una reforma al SEIA que permita fortalecer la institucionalidad como una instancia donde los factores técnicos tengan una preponderancia mucho mayor a los políticos. Esto permitirá, por una parte, estructurar criterios de cumplimiento de la legislación ambiental que establezcan reglas claras y precisas a los titulares; y, por la otra, que se consideren en la toma de decisión todos los factores ambientales relevantes, de manera que las medidas adoptadas sean realmente eficaces para hacerse cargo de los impactos ambientales”.

2.- De la propuesta del Ejecutivo, ¿qué aspectos destacaría y cuáles cree que debieran modificarse o someterse a un análisis más exhaustivo?

“No conozco en detalle la propuesta del Ejecutivo, pues aún no tenemos acceso al proyecto de ley. Sin embargo, la ministra del Medio Ambiente nos ha invitado a conocer más profundamente la propuesta. Por la información que públicamente se maneja, parece razonable la modificación al sistema de impugnación de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) y muy elogiable la incorporación de la participación ciudadana previa. Esto permitirá legitimar de mejor manera los proyectos, y decidir tempranamente si se puede o no invertir”.

3.- ¿Está de acuerdo con el fin del Comité de Ministros de Medio Ambiente?

“El Comité de Ministros como etapa recursiva en el procedimiento de evaluación ambiental siempre fue percibido como una instancia esencialmente política y no administrativa. Eso sí, hay que tener cuidado en pensar que por la eliminación del Comité de Ministros o las comisiones de evaluación se acaba la discrecionalidad. La existencia de opciones y de márgenes de apreciación de la autoridad es inherente al ejercicio de decisor. Por ello, lo realmente importante es que esas decisiones sean razonables, motivadas y con fundamento científico-técnico”.

4.- ¿Cree que la creación de tres comisiones macrozonales en consonancia jurisdiccional con los tres tribunales ambientales generará más trabajo y más reclamaciones para estos últimos?

“Parece razonable y coherente la idea de identificar las macrozonas con la competencia territorial de los Tribunales Ambientales. No tengo claro que exista una relación entre la creación de las macrozonas y un aumento en las reclamaciones. Probablemente, con la reforma se percibirá una mayor litigiosidad, pero eso se relaciona con la posibilidad de impugnar directamente la RCA, sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa a través de la reclamación ante el director ejecutivo o el Comité de Ministros, o la invalidación. Será, sin embargo, solo una percepción, porque el efecto que se producirá es que se acortarán los tiempos para que la RCA se entienda firme. Lo que tengo absolutamente claro es que los Tribunales Ambientales estamos lo suficientemente capacitados y equipados para hacernos cargo de un eventual aumento en los litigios”.

5.- ¿Concuerda con que cuando un servicio se haya pronunciado en el marco de la evaluación ambiental y luego en la RCA se entienda que el permiso sectorial ya está otorgado?

“Esto es difícil de opinar sin conocer el texto en su detalle. Con todo, lo relevante es que los órganos que participan en la evaluación ambiental fijen estándares claros, adecuados y suficientes de actuación, y fundamenten sus decisiones”.

6.- ¿Comparte la propuesta de hacer participación ciudadana previa, y hacer obligatoria la participación ciudadana como tal para las EIA y las DIA?

“Es una gran iniciativa (…) Los procedimientos administrativos en los que su resultado puede afectar a la colectividad, y en que la administración cuenta con amplios márgenes de discrecionalidad, requieren abrir espacios dinámicos y flexibles de participación ciudadana, con el objeto de determinar y valorar todos los intereses que pueden ser alcanzados con la decisión. Se trata de internalizar en los EIA o DIA todas las variables -sociales, culturales, ancestrales, ambientales, urbanas, etc.- que se afectan con los proyectos o actividades, para lo cual la información que pueda proporcionar la ciudadanía y los grupos de interés resulta esencial. Si esta información es previa al procedimiento de evaluación ambiental, y se incorpora en los EIA o DIA, claramente se permitirá un mayor acierto y previsibilidad en la respuesta estatal”.

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