Entre exportación de electricidad y descarbonización: ¿Hacia dónde debe apuntar el modelo chileno?
Opinión de Gary González, economista de Fundación Terram. Fuente: El Mostrador. 21 julio de 2018.
Durante el año 2016, en nuestro país, se dieron a conocer las primeras noticias de compromisos asumidos por el Gobierno de Michelle Bachelet para exportación de energía/electricidad con algunos países vecinos. De concretarse este intercambio, en el caso de la electricidad, es una incógnita saber cuáles serán las fuentes que la generarán para exportarla, pues existe la posibilidad de que sea producida en base a carbón, justo cuando se creía o se buscaba instalar la idea de su retirada.
En Chile, la matriz eléctrica es altamente dependiente de combustibles fósiles, cerca de un 60% de la capacidad instalada funciona en base a energías térmicas (gas, carbón y petróleo) y alrededor de un 40% de la generación bruta de electricidad, proviene de las 27 unidades termoeléctricas a carbón que se encuentran funcionando en el país, las que están ubicadas sólo en 8 comunas que reciben, a diario, el impacto ambiental sobre sus territorios que provoca un grave deterioro en la salud y calidad de vida de su población, constituyéndose tristemente como las ya reconocidas “Zonas de Sacrificio”.
Entre los países con los que se han establecido conversaciones sobre la exportación de electricidad, se encuentra Argentina, nación con la cual ocurren intercambios energéticos (principalmente gas) desde la década de los ‘90, pero en el ámbito de la electricidad en sí misma, sólo existe una pequeña línea eléctrica en la Región de Antofagasta que permite exportar los excedentes que generan las centrales térmicas en ciertas épocas del año.
Reflejo de las conversaciones entre ambas naciones, se firmó un acuerdo en Buenos Aires durante diciembre de 2017. Andrés Rebolledo, entonces Ministro de Energía de Bachelet, junto a su par argentino, Juan José Aranguren, llegaron a un acuerdo que busca incrementar el intercambio energético, sumando la electricidad producida bajo la modalidad de swap energético y la posibilidad de aumentar las interconexiones en otras regiones.
Otro interesado ha sido Perú, con quien se suscribió un acuerdo para evaluar las condiciones de una eventual interconexión eléctrica que se concretaría entre el 2019 y 2020. Por su parte, Ecuador también busca impulsar este tipo de iniciativa con nuestro país, pero al no ser un país limítrofe, sería posible sólo una vez que exista una conexión con Perú, presionando aún más que el acuerdo Chile-Perú se concrete lo antes posible.
Al momento de su salida, el ex ministro Rebolledo mencionó que la interconexión SIC-SING, que crea el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), fue una de las obras más destacadas durante su gestión para lograr profundizar la interconexión energética con Argentina y Perú. Por su parte, la actual ministra del ramo, Susana Jiménez, ha señalado que una de las tres prioridades durante su periodo será integrar eléctricamente el país, promoviendo el desarrollo de la infraestructura necesaria para una interconexión real, así como transitar en el mismo ámbito, a nivel regional. Además, dentro de la Ruta Energética 2018-2022 que presentó el actual gobierno, en uno de sus compromisos está justamente la integración energética a nivel regional con países vecinos.
En este sentido, ya es sabido que existen conversaciones avanzadas con nuestros países vecinos para establecer una interconexión eléctrica, y que este tema ha sido prioritario en los últimos gobiernos, sin embargo, sería bueno saber frente a estos anuncios, ¿Qué tipo de electricidad será la que exportaremos? No es menor esta pregunta, ya que de acuerdo al tipo de producción que se haga, están asociados los costos humanos y ambientales de dicho proceso. Las externalidades negativas en el caso de las termoeléctricas a carbón, son muy elevadas como para estar pensando en no eliminar estas centrales del sistema por la posibilidad de exportar la electricidad sobrante, es decir, una verdadera exportación de electricidad en base al sacrificio de comunidades y ecosistemas.
Durante este año, la empresa francesa ENGIE informó que pretende cerrar las unidades 12 y 13 de su Central Tocopilla -justamente- las unidades a carbón más antiguas y contaminantes, pero la misma empresa pondrá en funcionamiento una unidad termoeléctrica a carbón de 375 MW de potencia instalada. Al mismo tiempo, el Coordinador Eléctrico Nacional, determinó que el retiro de estas unidades no afectaría el desempeño del sistema. Por lo tanto, desde Fundación Terram nos parece pertinente preguntar: ¿Cuántas centrales a carbón más podríamos sacar del sistema, sin que esto afectase la seguridad y suministro del propio sistema?, ya que en nuestro país la oferta, o capacidad instalada, casi duplica la demanda de electricidad.
Lo anterior, nos hace reflexionar sobre la imperiosa necesidad de que exista un protocolo de desmantelamiento de centrales termoeléctricas antiguas y por ende obsoletas, para no dejar este procedimiento a merced de la “buena voluntad” de las empresas. Es por esto que el papel que debe jugar el Estado en la planificación del sector energético hoy es más crucial que nunca.
Las ERNC son parte de un camino que Chile ya comenzó a explorar y que debe servir como una forma de limpiar efectivamente la matriz eléctrica y no transitar hacia la acumulación de energía sucia. En este sentido, pareciera que la discusión en torno a las posibilidades de exportación de electricidad se está dando de forma apresurada, antes de zanjar el principal tema respecto a la electricidad en nuestro país: Limpiar la matriz para el consumo interno. Si no, serán las grandes generadoras las que reciban el beneficio económico de la exportación eléctrica, mientras las comunidades seguirán asumiendo el costo socioambiental de las actuales malas y ambiciosas decisiones.