Abogado caso Quintero-Puchuncaví: “Vamos a pedir la aplicación de cárcel efectiva para los responsables”

El defensor Remberto Valdés patrocina tres querellas en representación de 520 vecinos del sector. En los próximos días sumaría una cuarta. Ya hay, dice, 120 inscritos. Fuente: El Mercurio. 16 octubre de 2018.

“Quintero y Puchuncaví son el patio trasero de Chile, un rincón olvidado. Un punto en el que objetivamente el Estado ha permitido una contaminación permanente por 58 años, donde lo anormal, que es vivir bajo contaminación, se ha transformado en una rutina para todas las personas que ahí viven”.

El teléfono del abogado Remberto Valdés no para de sonar. Para el penquista han sido días agitados desde que asumió la representación de 520 vecinos del sector por los episodios de contaminación ocurridos en los últimos meses. El abogado, con experiencia en causas colectivas, suma tres querellas criminales por estos hechos, y adelanta que para la cuarta ya hay más de 120 inscritos.

Representó a pacientes y médicos en el caso de isapre Masvida el año recién pasado y, antes, asesoró a “Los 33” junto con otro abogado. Hubo un problema y se enfrentó judicialmente con un grupo de ellos en 2015, pero Valdés afirma que fue “un ataque injusto”.

Ahora viaja semanalmente a Valparaíso a reuniones en distintas sedes vecinales y, mediante el grupo de whatsapp “Quintero, Puchuncaví-Ventanas de pie”, se mantiene comunicado con quienes defiende en la investigación que encabezan el fiscal Mauricio Dünner, con el apoyo de su par Ana María Aldana, que la semana pasada sumó allanamientos en oficinas de Enap, entre otras diligencias, como la entrega voluntaria de antecedentes requerida a Oxiquim.

– Considerando el escenario probable en estos casos, ¿con qué término judicial quedarían conformes?

-Es muy pronto para decirlo. Tenemos el interés de que se determinen responsabilidades penales personales de quienes sean responsables de esos ilícitos y vamos a pedir la aplicación de la pena de cárcel efectiva para ellos. Aquí hay tres delitos;, entre ellos, el tipificado en el artículo 291 del Código Penal, que sanciona la propagación indebida de agentes contaminantes, y la suma nos da, de acuerdo a nuestras cuentas técnicas, para una pena de cárcel, considerada en abstracto. Ahora si se logra acreditar además que esta conducta ha sido reiterada, estamos hablando de una comisión de delito no culposo, sino que doloso, lo que hace que la pena aplicable sea más alta, y eso es lo que vamos a perseguir. No estamos disponibles para una transacción, queremos verdad.

– ¿Cómo evalúa los allanamientos a oficinas de Enap y las otras diligencias en Oxiquim de la semana pasada?

-Eran diligencias tremendamente relevantes para fijar puntos de prueba que acreditaran que eventualmente estas firmas eran las causantes de las emergencias que se vivieron. Sin embargo, no descartamos responsabilidad de ninguna de las 19 empresas del cordón industrial, tampoco descartamos la responsabilidad del Estado.

“Existe una imputación efectiva” contra Enap

-Enap niega tener responsabilidad…

-Existe una imputación efectiva, corroborada por parte de la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI, que ya fue presentada a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Hay dos funcionarios policiales que quedaron intoxicados, justamente aquellos días en que realizaron pericias dentro de las dependencias de Enap. Además, en el mismo informe se establece que trabajadores de Gasmar y Oxiquim sufrieron intoxicaciones y tuvieron que ser retirados de su lugar de trabajo días previos a la emergencia. Hay que sumar dos más dos como para poder darse cuenta.

-¿Qué desafíos representa este caso respecto de otros?

-Representamos a gente que ha perdido, por ejemplo, la movilidad de sus piernas por corto tiempo, pero con la incertidumbre de qué va a pasar con su salud; a una agricultora que no ha podido vender una lechuga en meses; a pequeños comerciantes que están sobreendeudados porque no han podido vender; a padres que no pueden mandar con tranquilidad a sus hijos al colegio, porque no saben si van a tener que recogerlos en un hospital. Todo ese tipo de cosas produce un desgaste gigantesco.

-¿Debieran subirse las penas por este tipo de delitos?

-Las penas son efectivamente bajas, pero volvemos a otro tema doctrinario: ¿subir las penas por sí mismo es un elemento para que esta clase de delitos no se cometan? La verdad es que no necesariamente. Lo que tiene que mejorarse definitivamente es el proceso de Calificación Ambiental y el de fiscalización. Quintero y Puchuncaví están a hora y media de Santiago y hay 50 mil personas que hace una década no toman agua de la llave, a diferencia suya y mía, y resulta que a nadie dentro del sistema de fiscalización ambiental del Estado le ha hecho ruido, sino hasta agosto del 2018. Eso resulta inaceptable.

“Pero voy a insistir que aquí hay dos problemáticas: el daño a la salud entre los meses de agosto y septiembre y, dos, el gran tema de contaminación de toda esta zona. Respecto de lo primero, creo que esta responsabilidad penal y civil podría determinarse bastante pronto, pero la contaminación general que existe es una tarea de más largo aliento”.