Desde el Gobierno, el canciller puso paños fríos a la discusión: “Que Chile no haya firmado todavía no implica que se haya tomado una decisión”, aseguró. Fuente: Emol. 3 octubre de 2018.
Acuerdo de Escazú: La polémica en torno a sus beneficios y eventuales trabas a la inversión
No fue una decisión del Ministerio del Medio ambiente, sino que de la cartera de Relaciones Exteriores. Así informó el Gobierno que iba a posponer la firma del Tratado de Escazú, un acuerdo que busca mejorar el acceso a la información, la justicia y la participación pública en materia medioambiental en Latinoamérica.
Tras la noticia, las críticas no se hicieron esperar. Revolución Democrática sostuvo que “contrario a lo que ciertos sectores políticos han manifestado, el diálogo y la diplomacia sí son un mecanismo válido para integrar a nuestros pueblos, con miras al beneficio común. Y que los tratados, como el Pacto de Bogotá, sí funcionan”.
Y añadió: “Llamamos al Gobierno a seguir en la línea del respeto por los tratados internacionales, y lo invitamos a firmar el Tratado de Escazú para que miles de familias chilenas puedan tener participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
Pero no todos fueron comentarios negativos: el ex ministro titular del Tribunal Ambiental de Santiago, Sebastián Valdés De Ferari, en una carta enviada a “El Mercurio”, expresó que “los Tribunales Ambientales han funcionado bien en garantizar el acceso a la justicia ambiental, pudiendo además recurrirse a la Corte Suprema. ¿Qué tendría de útil que cada persona o grupo opositor a proyectos que no ha visto satisfechas sus pretensiones según la normativa que los chilenos nos hemos dado, también pudiera judicializar internacionalmente el tema, en una instancia aún menos especializada que nuestra Corte Suprema? Sólo más incerteza jurídica, y más amedrentamiento aún a las inversiones en nuestro país, las que ya son escasas por razones locales”.
Tras esa publicación, la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho U. de Chile, Valentina Durán, y la negociadora de Chile para Convenio de Escazú (2012-marzo de 2018), Constance Nalegach, le respondieron que el tratado “que Chile ha impulsado reafirma compromisos suscritos por Chile en acuerdos internacionales y desarrollados en su legislación interna, para elevar los estándares con que hoy se resuelven los conflictos socioambientales en los territorios”.
“A diferencia de lo expresado el fin de semana por el señor Valdés De Ferari en esta misma sección, los 185 colegas, entre ellos asesores de empresas, ex ministros(as) de los tribunales ambientales, ambientalistas, y abogados(as) del sector público, creemos que este tratado permitirá reducir y prevenir la innecesaria judicialización que preocupa tanto al sector privado como a las comunidades y al sector público, promoviendo el diálogo, la restauración de las confianzas y el adecuado funcionamiento de las instituciones”, concluyeron.
La versión del Ejecutivo
Ayer, en medio de su visita al Congreso para participar de la Comisión de RR.EE., el canciller Roberto Ampuero explicó que los países tienen plazo para adherirse hasta el 2020, “entonces que Chile no haya firmado todavía no implica que haya tomado una decisión”.
“Esto no es una carrera por quien firma primero”, enfatizó. Además, comentó que haber aplazado la rúbrica “no tiene relación con el fallo de La Haya, tiene relación con que nosotros tenemos la obligación de mirar muy en detalle antes de firmar aquel documento que de una u otra forma somete a los intereses de Chile a determinadas condiciones. Esa es la acción y la forma en que reacciona un gobierno muy responsable”.
En esa línea, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, manifestó que “hay un tema de oportunidad: este acuerdo lo estamos mirando con mucho detenimiento desde Cancillería para poder abordar, dado que no existe, a diferencia de otros pactos y tratados, la posibilidad de que algún país pueda invocar una reserva sobre algún articulado que no le parezca que corresponda, ya sea la legislación interna y, sobre todo, el resguardo de la soberanía, poder a través de eventuales declaraciones interpretativas señalar cuál es el alcance de las normas que impliquen poder tener la solución de conflictos que puedan existir entre más países o entre personas naturales y un país”.
“Creemos que es importante abordarlo, estudiarlo, y es lo que está haciendo Cancillería”, dijo.
Emol se contactó con diferentes gremios empresariales y todos declinaron referirse al tema.