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Proyecto hidroeléctrico por US$ 500 millones levanta oposición de pehuenches en el río Biobío Imprimir E-Mail

Las movilizaciones prometen volver a los márgenes del río Biobío, luego que el pasado 2 de septiembre ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica Angostura, de Colbún S.A., en la cordillera de la VIII Región. El Mercurio, 19 de septiembre de 20008.

Las agrupaciones ambientalistas Aguas Libres, de Quilaco, y Movimiento Ciudadano Huequecura Libre, de Santa Bárbara, iniciaron una ofensiva para tratar de impedir la iniciativa, que, con una inversión de US$ 500 millones y una potencia instalada de 360 MW, aportará el 3,7% al SIC. Se ubicará 63 kilómetros al suroriente de Los Ángeles y operará en 2012.

Los detractores alertan del daño al ecosistema y la cultura pehuenche. Y dicen tener 4 mil firmas de apoyo.

Para conocer los antecedentes técnicos, solicitaron de las autoridades ambientales investigaciones independientes para contrarrestar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Colbún a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) y que fue declarado admisible el pasado día 11.

Frente a las críticas de ambientalistas, Colbún dijo que "responden a una inquietud natural de algunos miembros de la comunidad que directa e indirectamente podrían estar relacionados con el proyecto".

El embalse tendrá una extensión de 5 km en el río Huequecura, y de 16 km en el Biobío, inundando 641 hectáreas, con una capacidad de 100 millones de m{+3} (12 veces menos que el embalse Ralco). Esta menor capacidad de regulación la hará irrelevante ante cualquier crecida del río, aseguró la empresa.

Entre los impactos negativos están la relocalización de 43 familias que viven bajo la cota de inundación, la modificación del régimen de escurrimiento de los ríos Biobío y Huequecura, y la pérdida de 243 hectáreas de suelo agrícola. La empresa Colbún aseguró mitigaciones en todos estos casos, como la entrega de tierras, casas e infraestructura, mayores a las que hoy disponen quienes ocupan predios que serán inundados.



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Agosto 2010
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