Voceros de las comunidades que se oponen a la construcción del proyecto hidroeléctrico Angostura de Colbún en el río Biobío -la tercera en la zona tras Pangue y Ralco-, se reunieron ayer en La Moneda con el ministro coordinador de asuntos indígenas, José Antonio Viera-Gallo, para plantear el “incumplimiento” del acuerdo suscrito en 2003 por el Estado en orden a no permitir nuevas represas en la zona. La Nación, 15 de octubre 2009.

Voceros de las comunidades que se oponen a la construcción del proyecto hidroeléctrico Angostura de Colbún en el río Biobío -la tercera en la zona tras Pangue y Ralco-, se reunieron ayer en La Moneda con el ministro coordinador de asuntos indígenas, José Antonio Viera-Gallo, para plantear el “incumplimiento” del acuerdo suscrito en 2003 por el Estado en orden a no permitir nuevas represas en la zona.

A la reunión asistieron representantes de familias afectadas por proyectos hidroeléctricos -entre ellas Berta Quintremán-, quienes sostuvieron que el nuevo proyecto viola el acuerdo de Ralco firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La comunidad señala que en el texto Chile se compromete a “acordar mecanismos vinculantes para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Biobío”.

Consultado Viera-Gallo al respecto, sostuvo que el proyecto Angostura se encuentra emplazado en “otra comuna” distinta a Alto Biobío, argumento que no comparten quienes se oponen a la represa “técnicamente” situada en las vecinas Santa Bárbara y Quileco.

“La zona a inundar por esta represa es territorio indígena del Alto Biobío. Hoy la empresa y la Corema están aludiendo que ese sector no corresponde a la comuna de Alto Biobío, pero el acuerdo amistoso no se refiere a una división política sino una división ancestral del territorio mapuche-pehuenche”, manifestó Freddy Pérez, del movimiento Aguas Libres.

Por lo mismo, Roberto Celedón, abogado que participó en la solución amistosa, presentó una denuncia ante la CIDH el 24 de noviembre pasado, y señala que el documento “se firmó cuando se proyectaban otras seis represas en el río, por lo que involucra al río Biobío como tal, y no a una comuna como Alto Biobío que, por lo demás, entonces no existía, pues nació precisamente producto del propio acuerdo”.