La Contraloría General de la República rechazó un oficio dictado en 2020 por el SEA, que relativizaba la obligatoriedad de la aprobación medioambiental de proyectos de construcción, pudiendo favorecer a loteos de agrado en áreas protegidas. Esto después de que la Fundación Defendamos la Ciudad impugnara la juridicidad del texto en relación con los requisitos (letras g y h) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). La entidad medioambiental dispone de 30 días, a partir del 7 de marzo, para adecuar sus instrucciones sobre la materia, instruir a las unidades regionales y también a los titulares de proyectos. Fuente: El Mostrador, 16 de marzo de 2023.