Un breve análisis realizado desde Fundación Terram evidencia que muy poco se ha avanzado en política pública para hacer frente a los impactos sociales y ambientales que pueden dejar eventos como los del terremoto y tsunami de 2010, siendo cada vez más urgente el desarrollo e implementación de acciones que den cuenta de las complejidades y condiciones del territorio nacional y que integren información, prevención y respuestas concretas a las emergencias, tanto en ámbitos sociales como ambientales.